El debate sobre el poder de mercado de las tecnológicas

9 de octubre, 2020

El debate sobre el poder de mercado de las tecnológicas

Por Ricardo Porto

En un informe de 449 páginas, el Subcomité de Competencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos consideró que las empresas tecnológicas Google, Amazon, Facebook y Apple -GAFA- abusaron de su poder de mercado para imponer prácticas anticompetitivas. Entre otras cosas, se propone dividir ciertos negocios de esas compañías, lo que recuerda la célebre determinación del juez Harold Green, de 1982, cuando ordenó dividir AT&T en pequeñas empresas telefónicas denominadas Baby Bell, para asegurar la competencia en las telecomunicaciones. Los precandidatos presidenciales por el Partido Demócrata, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, habían sugerido separar a estas empresas e incluso el actual candidato, Joe Biden, también ha deslizado esa posibilidad.

Los republicanos, por su parte, han presentado su propio informe, denominado “Una tercera vía para enfrentarse a las grandes tecnologías”, en donde proponen una aplicación selectiva de las leyes antimonopolio.

Sin embargo, como señaló Pablo Maas en El Economista del martes, la ofensiva involucra tanto a demócratas como a republicanos, destacando que el procurador general William Barr, que está llevando adelante el denominado “Juicio del Siglo”, que enfrentará a EE.UU. con Google, es un republicano que ocupó el mismo cargo con George H. W. Bush entre 1991 y 1993 y regresó a ese puesto convocado por Donald Trump.

En el Viejo Continente la ofensiva contra las GAFA no ha sido menor. En 2019, la Comisión Europea multó a Google con 1.490 millones de euros por prácticas contrarias a la libre competencia. Anteriormente, en julio de 2018, la comisión le había aplicado a esa empresa una multa de 4.343 millones de euros, , también por ciertas prácticas anticompetitivas.

La pregunta es qué lecciones podría aprender la dirigencia argentina de estas cuestiones. En primer lugar, debería dejar de crucificar a todo aquel que proponga regular Internet. Por lo pronto, porque ya está regulado. Decenas de leyes, decretos y resoluciones de toda índole, que cubren la casi totalidad de las ramas del derecho así lo atestiguan. Pero, además, en el propio terreno de las comunicaciones, la apuesta a la no regulación es un mal camino para asegurar la libertad de expresión, el pluralismo, la diversidad de voces y el derecho a la información. Desde luego, no se trata de suscribir cualquier legislación. No obstante, cabe destacar que las leyes argentinas sobre la materia, en términos generales, han garantizado la libertad de expresión en Internet.

Sería buena idea tener presente la declaración conjunta denominada “Desafíos para la Libertad de Expresión en la Próxima Década” elaborada por los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU, OEA, Europa y Africa, el 10 de julio de 2019, en donde se advierte que las amenazas a la libertad de expresión y al acceso a la información pueden provenir tanto de regulaciones públicas restrictivas, como también por el abuso de poder de parte de los gigantes de la comunicación. Por ello propone fijar reglas para remediar la concentración en el sector TIC. Aquí, debería ponerse en marcha a los organismos de defensa de la competencia, que han tenido, históricamente, un deslucido papel.

Nuestros tribunales están lejos de los conflictos que aquejan a Europa y Estados Unidos con las empresas TIC. La jurisprudencia argentina, básicamente, se dedicó a dilucidar la responsabilidad de los buscadores de Internet, que asociaban el nombre de un heterogéneo conjunto de actrices y modelos con sitios de oferta sexual.

Pero las cosas están empezando a cambiar. Junto al famoso per saltum que involucra a los denominados BBC -los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli- se presentó otra medida similar. Google impugnó la medida adoptada por el
juez Javier Pico Terrero, ratificada por la Cámara, que admitió la solicitud de Cristina Kirchner de efectuar una pericia sobre los algoritmos de la empresa por los agravios sufridos. La compañía alegó la gravedad institucional de la medida que, afirmó, ponía en riesgo la privacidad de las personas, la propiedad privada y los secretos comerciales de la empresa. Finalmente, la Corte no hizo lugar al per saltum pedido por Google

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