Por Gerardo Díaz Beltrán Presidente de CAME
El uso de la tarjeta de crédito y débito para compras comerciales siempre fue un eje de conflicto en Argentina. Es que mientras el gobierno desde hace décadas promueve este tipo de operaciones para bancarizar la economía, reducir el uso de efectivo, evitar la venta informal y aumentar el consumo, las condiciones en que se producen esas transacciones terminan desfavoreciendo a empresarios y consumidores.
A empresarios, por las demoras entre la compra y la acreditación de los fondos, además de las elevadas comisiones. Y a consumidores porque de alguna manera todas esas ineficiencias o abusos de las entidades financieras terminan incrementando los costos de producción y con ello, los costos de los bienes y servicios.
La situación es más insólita en el caso de las tarjetas de débito, donde no hay ningún financiamiento de la entidad financiera. Los fondos salen de la cuenta del cliente y no hay motivo por el cual no puedan acreditarse inmediatamente en la cuenta de la empresa. Sin embargo, la acreditación puede tardar 48 horas o más, y en el medio, alguien se queda con el dinero, ya que al comprador los fondos se les restan automáticamente.
Los costos de comisiones tampoco tienen demasiado sentido, siendo que el comercio ya paga por el servicio de mantenimiento de cuentas. Lo mismo ocurre con las tarjetas de crédito.
Para cuantificar el problema: en base a datos del último informe sobre Inclusión Financiera del BCRA, estimamos desde CAME que en 2019 el 13,1% de las ventas en la economía se realizaron con tarjeta de crédito y 7,2% con tarjetas de débito. Otro 18,6% corresponde a pagos electrónicos y el resto efectivo. Las compras con tarjetas de débito, por ejemplo, alcanzaron los $72.488 millones mensuales en 2019, lo que significó que los empresarios pagaran unos $652 millones en comisiones por mes y tardarán unas 48 horas o más en recibir ese dinero en sus cuentas. En el caso de las tarjetas de crédito, los consumidores gastaron en 2019 unos $131.308 millones mensuales promedio, transfiriéndose $2.652 millones a los bancos por mes en comisiones, sumado nuevamente a las demoras en su acreditación de tantos fondos.
Estas cifras vienen creciendo sostenidamente. En 2019, según el BCRA, la cantidad de transacciones promedio por adulto con tarjetas aumentó 12% anual, consolidando varios años de crecimiento. Y este año, con la pandemia por detrás, se espera una mayor inserción de estos medios en la economía.
En una economía que debe tender a su bancarización total, está ocurriendo lo contrario. Los empresarios no pueden sostener las comisiones a pagar por aceptar tarjetas y necesitan liquidez inmediata.
Resultado: priorizan el uso del efectivo, algunos ya no aceptan tarjetas y otros lanzan promociones especiales solo para compras efectivo.
La única forma de revertir esto, es decir, reducir el costo para las pymes y evitar la desbancarización de la economía en medio de esta crisis cuyas consecuencias durarán varios años, es aprobando la Ley que por estos días se discute en el Congreso de la Nación para la acreditación inmediata de los pagos con tarjetas y una reducción de comisiones mayor a la que está prevista para 2021.
