Por Jorge Colina (*)
La vicepresidenta de la Nación señaló que la economía bimonetaria es un problema estructural de Argentina, el cual es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales. Es una frase acertada porque el comienzo de la solución está en el diálogo y los consensos.
Ahora, ¿en qué tendría que ponerse de acuerdo este arco amplio de actores?
Seguramente que no en la trillada y fracasada idea de que todos los argentinos se pongan de acuerdo en no demandar dólares y que todos se manejen con pesos. Esto no va a funcionar porque la inflación está tan instalada y alta que todo el mundo tiende instintivamente a desprenderse de los pesos y refugiarse en el dólar. El acuerdo tiene que servir para consensuar las medidas esenciales tendientes a bajar la inflación.
Los consensos para bajar la inflación tampoco pasan por la trillada y fracasada idea de acuerdos de precios. No van a funcionar, como lo demuestra el pasado, porque no atacan la raíz de la presión al alza de los precios. El acuerdo debería servir para tomar las medidas necesarias a fin de reducir el déficit fiscal, de la manera socialmente menos costosa y menos distorsiva para la actividad económica.
Para reducir el déficit fiscal, minimizando los costos sociales y productivos, hay que abordar un ordenamiento integral de Estado. Aquí, sí hace falta un acuerdo amplio entre todos los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales. Dentro de este abanico, el principal actor son los políticos, tanto los que hoy están en el oficialismo, como en la oposición, o los que ocupan bancas en diputados y senadores, y los que aspiran el año que viene a obtener una. Los actores políticos tienen que acordar las leyes para el ordenamiento del Estado, donde se destacan las leyes previsionales, tributarias, de coparticipación y especiales de distribución automática, y las leyes de ministerios que definen la estructura funcional del Estado Nacional.
Concretamente, en el ordenamiento previsional hay que revisar muchas reglas, pero entre las principales se destacan los regímenes especiales que jubilan gente con menos edad y/o beneficios más generosos, ya que esto es lo que hace a estos regímenes deficitarios y la regla de la pensión por sobrevivencia que duplica las jubilaciones con las pensiones.
El ordenamiento tributario debería tender a unificar los impuestos nacionales, provinciales y municipales para simplificar la vida del contribuyente y aumentar la recaudación con menor presión impositiva. Se trata de expandir la base contributiva para reducir las alícuotas de los impuestos.
En el ordenamiento de la coparticipación hay que dejar de redistribuir recursos para pasar a distribuir potestades tributarias entre la Nación y las provincias, a fin de que cada jurisdicción recaude sus propios impuestos. Esto hará que las provincias se preocupen por promover el desarrollo productivo local.
En el ordenamiento funcional del Estado Nacional hay que eliminar los organismos nacionales que se superponen con funciones provinciales, en salud, educación, desarrollo social, vivienda y urbanismo, seguridad interior, etcétera. Las provincias y municipios ya asignan gasto público a estas funciones. Ciertamente que dejan mucho que desear en la gestión. Pero entonces lo que hay que mejorar es la gestión provincial y municipal, y no hacer que la Estado nacional duplique gasto público.
Los diseños para estos ordenamientos son técnicamente complejos y políticamente desafiantes, porque no son populares. Implican desterrar la cultura del reparto y las promesas, para pasar a pensar profesionalmente como asignar el gasto público de la manera más eficiente posible procurando obtener el mayor beneficio social por cada peso gastado por el Estado.
El resto de los actores (los económicos, los mediáticos y los sociales) deberían colaborar tomando decisiones que guarden cierta coherencia con las que tomen los actores políticos para el ordenamiento del Estado. Esto está lejos de ser un alineamiento. Se trata simplemente de tender a pensar y proponer, con pluralidad y divergencias, en la dirección de tener un sector público ordenado, profesional y financieramente equilibrado.
La crisis por la que atraviesa Argentina es muy severa porque tiene condimentos de la crisis hiperinflacionaria de los '80, con déficit fiscal no controlado e inflación creciente, más condimentos de la crisis de los '90, con déficit fiscal producido por endeudamiento externo y fuerte contracción de la actividad económica. Es muy difícil salir de una crisis de esta magnitud y complejidad si los actores políticos, económicos, mediáticos y sociales no se ponen a la altura de la circunstancia.
(*) Economista de Idesa
