La macroeconomía de las moratorias previsionales

16 de septiembre, 2020

Por Jorge Colina (*)

Las moratorias previsionales fueron creadas en 2005 no como una política previsional sino como un vericueto legal. Las personas que llegan a la edad de jubilarse pueden simular haber sido trabajadores autónomos que no hicieron aportes, hacer un plan de pagos a 5 años cuya particularidad es que con el pago de la primera cuota se accede a la jubilación. Luego, de la jubilación se debitan las cuotas de la moratoria.

Entre el 2005 y el 2014, se distribuyeron 2,7 millones de jubilaciones sin aportes. Aquí nace una falacia que se extiende hasta el presente. Se señala que esto fue la inclusión social de 2,7 millones de adultos mayores vulnerables sin cobertura. No es así. En el año 2006, con la EPH del Indec se calculaba –a raíz de la masificación que se estaba observando en las moratorias– que sobre un total de 4,6 millones de personas en edades jubilatorias, 2 millones declaraban no tener jubilación o pensión; de éstas, sólo 500.000 eran pobres. Las restantes 1,5 millones habitaban en hogares con otros ingresos laborales, previsionales del cónyuge o proveniente de activos.

Tanto es así que en el 2015 se extiende la moratoria y se estipula que se hará control de ingresos del solicitante. En el 2016 se extendió por 3 años más hasta el 2019 y en ese año la cantidad de jubilaciones sin aportes con las moratorias ascienden a 3,6 millones. O sea, aumentó en casi 1 millón de jubilaciones sin aportes más.

A mediados del 2019, cuando correspondía que las moratorias se cerraran, se volvió a extender por 3 años hasta el 2022. Ahora, las autoridades de Anses señalaron que están analizando la posibilidad de seguir extendiendo la moratoria.

El problema de las moratorias

El problema es que, de los 3,6 millones de jubilaciones con moratorias, 800.000 están duplicadas con una pensión por sobrevivencia. Esto ocurre porque una persona que accedió a una jubilación con moratoria –generalmente, las mujeres–, cuando se muere el cónyuge hereda la pensión de sobrevivencia, la cual se duplica con la jubilación de moratoria. Esta doble cobertura es creciente porque la gran mayoría de los que todavía no acumularon, acumularán cuando el cónyuge muera. En otras palabras, las moratorias actuales ya son un problema fiscal serio porque hacen crecer el principal gasto público (el previsional) de forma automática por duplicación de beneficios.

¿Cuánto le cuesta al Estado Nacional las moratorias?

Al 2019, el gasto previsional nacional llegaba a 9% del PIB, de los cuales las moratorias representaban 2,6% del PIB. Esto significa que el gasto previsional sin moratoria era de 6,4% del PIB. Por el lado de los recursos, tomando los aportes salariales más los impuestos asignados al sistema previsional (IVA, Impuesto al Cheque, combustible, etcétera), alcanzaban al 7,4% del PIB. Es decir, había un “superávit” de 1% del PIB por encima del gasto sin moratorias. Esto significa que son las moratorias las que están generando el déficit previsional nacional.

Si la gran mayoría de las jubilaciones con moratorias no llegó a hogares pobres, si además ya hay 800.000 duplicadas y dicha multiplicación es creciente, cabe concluir que la parte de las moratorias que genera el déficit previsional es un derroche de recursos. Desde el punto de vista de responsabilidad previsional y macroeconómica, lo que hay que hacer no es extender las moratorias previsionales sino cerrarlas.

¿Se pueden cerrar las moratorias sin costo social? Sí. Pero hay que modificar las reglas de jubilaciones. Un problema en las reglas jubilatorias es que la exigencia de aportes para jubilarse es muy alta y muy rígida. Se exigen 30 años de aportes, sin posibilidad de acceder a algún tipo de beneficio parcial con menos años de aportes. Es la paradoja de que una persona sin aportes es igual a otra con 29 años de aportes: ninguna de las dos se jubila.

De aquí que las moratorias hoy están cumpliendo un rol. Las personas que tienen algunos aportes, supóngase 15 o 20 años de aportes, usan la moratoria para completar los años faltantes. El tema es que la gran mayoría de la gente en edad de jubilarse tiene menos de 5 años de aportes o ninguno. Por eso es que las moratorias son un mecanismo de distribución masiva de jubilaciones sin aportes.

La solución pasa por tener una pensión universal para la gente que llega a la edad de jubilarse sin aportes. De hecho, este beneficio hoy está, que es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto es el 80% de la jubilación mínima. Lo que sí, es hay que mejorar su diseño porque, por ejemplo, prohíbe a una persona que la recibe a seguir trabajando para complementar este ingreso. Esto debería ser revisado. Caso contrario se obliga a la gente a trabajar en la informalidad.

Para las personas que tengan más de un cierto umbral de aportes, supóngase 15 años, empezar a computarles como jubilación, por encima de la PUAM, porcentajes del salario por año aportado. De esta forma, quienes tengan entre 15 y 30 años de aportes tendrían una jubilación mayor a la PUAM y menor a quién hizo 30 años de aportes.

Esta nueva regla es fiscalmente más sustentable que la moratoria. Porque se da una pensión universal equivalente al 80% de la jubilación mínima (la moratoria hoy otorga la mínima) y se reconocen los esfuerzos de aportes entre los 15 y 20 años (ingresos genuinos) otorgando un beneficio proporcional a los aportes realizados. Esto último hace que, además de fiscalmente más sustentable, sea previsionalmente más justa.

(*) Economista de Idesa

Dejá un comentario