La competencia por infraestructura convierte en caros e injustos a los servicios de celulares e Internet

21 de septiembre, 2020

Por Gonzalo Berra Economista

Una rápida observación del cuadro que presentan los servicios de telecomunicaciones e Internet confirma que pudo haberse llegado a una solución que garantizara una oferta homogénea para toda la población, incluyendo los sectores que merecen subsidios, sin necesidad del DNU 690/20 que los declaró “servicios públicos en competencia”.

El retraso en la calidad de servicio, la injusticia que evidencia la oferta y la ausencia de una lógica competitiva podían corregirse sin necesidad de ese instrumento que, por ahora, aún convertido en ley, es apenas una declaración de principios razonables.

Garantizar la oferta de un servicio público muchas veces requiere inversiones que tienen un repago muy largo en el tiempo, e incluso pueden no tenerlo nunca. Sin embargo, los beneficios sociales de esas inversiones exceden la rentabilidad del proyecto. Así ocurrió con las redes de agua corriente, cloacas y desagües construidas en Buenos Aires después de la fiebre amarilla que azotó en el Siglo XIX. Mejoraron las condiciones de vida de la población en términos de salud y productividad, lo cual se reflejó en un un aumento de la población y una mayor esperanza de vida. ¿En cuántos años se repagó aquella inversión millonaria? ¿Importa?

La pandemia de Covid-19 puso fuera de discusión que el acceso a las comunicaciones e Internet en condiciones óptimas es una necesidad imperiosa para toda la sociedad.  Hoy, en gran medida, la educación y el trabajo -el presente y el futuro del país- dependen de Internet. Basta ver que los estudiantes que tienen conexión a la red, acceden a la educación disponible mientras que los demás, pierden la posibilidad de hacerlo. También, quienes disponen de 300 megas de fibra en su casa tiene muchas más oportunidades de empleo que los que tienen un ADSL de 20 megas.

Esto indica que una política virtuosa de comunicaciones debería fijarse dos objetivos simples: cubrir todo el territorio nacional con 4G para celulares y llegar a la mayor cantidad posible de hogares con fibra óptica. Podría agregarse un tercero: cubrir los agujeros que queden sin fibra con satélites de alto rendimiento (HTS por su abreviatura en inglés) que reducen considerablemente el costo por bit y darle back up (redundancia) a todo el sistema, también con satélites. Así, la oferta de comunicaciones sería igual para todos los ciudadanos del país.

Actualmente, en el territorio argentino no existe una oferta homogénea de Internet. No es cuestión de precio, porque la dispersión en ese sentido no es mayor, sino de calidad, de velocidades disímiles, de tecnologías distintas entre centros urbanos e interior, pero también en el interior de las ciudades, incluyendo a Buenos Aires.

La empresa ARSAT, una inversión pública millonaria realizada con la lógica de los servicios de alcantarillado público de fines del Siglo XIX, igualó con su fibra y sus satélites al interior con los centros urbanos y, aunque todavía hay bastante por hacer, va por buen camino. Lo pendiente es la oferta de Internet de fibra, hoy escasa. Son apenas manchas aisladas en el territorio, incluidas las ciudades.

A diferencia de países que administran recursos escasos con prudencia, como Uruguay o algunos nórdicos, desde la desregulación de los años ‘90, Argentina ha incentivado la competencia en clave de infraestructura, no por complementación.

Llegar con fibra a una propiedad horizontal en una manzana de un barrio porteño con muchos edificios cuesta lo mismo que llegar a una casa en las Lomas de San Isidro, situada en una manzana con solo ocho casas. Así, en Caballito, por ejemplo, habrá cientos de clientes y facturas por manzana, y en San Isidro sólo ocho, con lo cual alguien de clase media, media alta o media baja de Caballito tiene más chance de acceder a 300 megas de fibra que alguien rico de San Isidro, quien probablemente nunca podrá salir de un ADSL.

Los lugares con mayor concentración de habitantes –con muchos edificios de muchas unidades- repagan más rápido la inversión en una fibra que un barrio con cuatro casas en una manzana o zona de quintas. Aunque parezca inverosímil, hay más chances de enunciar un proyecto económico viable de fibra en un barrio popular que en un country, donde las casas quizá tengan solo el cobre del teléfono de ENTel sobre el que todavía se monta un vetusto ADSL. No hay, así, una lógica de injusticia económica en el acceso a la fibra. Hay un tremendo desorden.

Tener fibras de cuatro empresas distintas en un edificio es una muestra de pésima administración de los recursos. Es como si las empresas de transporte de pasajeros compitieran pavimentando una ruta cada una en lugar de poner énfasis en la comodidad de los asientos, los espacios, la calidad de los servicios de a bordo, la seguridad y la puntualidad. Eso es lo que se llama competencia por infraestructura.

¿Qué hizo Uruguay, caso emblemático de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo? Allí hay una sola empresa, estatal, bien administrada, y, por ende, un solo cable de fibra en cada hogar. Así, más de 80% de los hogares del país están fibrados.  En los países nórdicos sólo una empresa se dedica a las autopistas en una zona, no duplica infraestructura ni les vende a los clientes finales sino a los proveedores de Internet por igual, sin discriminación.

En Argentina esto podría hacerse fácil, coordinando y cooperando entre privados, ofreciéndoles premios desde el regulador para conectar lugares no rentables y sancionando la superposición de inversiones.

Lo ideal sería tener claros los objetivos de inversión en infraestructura modular de distintos tamaños y capacidades según las zonas, que deben estar abiertas a todo el sector privado y no solo a las celcos. Para eso se pensó el servicio universal, que sigue siendo el instrumento para llegar lo más lejos posible con la fibra. Y también con cobertura de celular 4G.

Sin embargo, en el caso de los celulares, la discriminación económica de los consumidores en contra de los sectores menos favorecidos es evidente. Este sí que es un caso de injusticia social: los más pobres utilizan tarjetas prepagas y los más pudientes, abonos mensuales cuando el minuto y los datos prepagos siempre han sido mucho más caros que los del abono. Como se ve, sólo es cuestión de ordenarse baja pautas regidas por la lógica. Nada difícil.

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