Por Héctor Rubini (*)
El conocido informe “Doing Business” del Banco Mundial vuelve a estar en el foco de atención y no se trata de buenas noticias. Dicho informe presenta anualmente un ranking internacional según dificultades y costos para desarrollar actividades empresariales resultantes de regulaciones estatales. Los indicadores son leídos anualmente como un elemento de juicio a tener en cuenta por parte de inversores potenciales en cada país, de ahí la relevancia que tiene tanto la posición en la que aparece cada país como la confiabilidad de los indicadores utilizados.
Una denuncia reciente complicaría seriamente la continuidad de dicho reporte. Hace una semana el Banco Mundial difundió un comunicado según el cual se detectaron “irregularidades respecto de en los cambios a los datos el Doing Business 2018 y en los informes para el Doing Business 2020, publicados en octubre de 2017 y octubre de 2019. Los cambios en los datos fuero inconsistentes con la metodología del informe Doing Business”. El organismo dio a conocer el inicio de una investigación y una auditoría interna de los procedimientos de captación y revisión de datos y del control de la integridad de la información. Hasta que no se concluyan dichas investigaciones, la publicación del informe ha quedado momentáneamente suspendida.
Si bien no se mencionaron nombres ni países, desde principios de esta semana The Wall Street Journal y la agencia South Morning China Post dejaron trascender rumores (hasta ahora no desmentidos por el organismo multilateral) de que en dicha manipulación de la información publicada se habría mejorado la posición de algunos países en el ranking, en particular la República Popular China, Emiratos Arabes Unidos, Azerbaiyán y Arabia Saudita. También llamaba bastante la atención en el reporte publicado el año pasado que Nigeria y Togo fueran particularmente destacados por estar entre los 10 países que habían llevado a cabo “un quinto de reformas registradas en el mundo”. Por otro lado, dos países africanos como Mauricio y Ruanda aparecían en el pelotón de los 50 países con un entorno más favorable para las actividades empresariales, y mientras que entre los 100 primeros aparecieron Kenia, Sudáfrica, Zambia, Togo y Botswana.
La detección muestra una vez más que el nombramiento de un economista jefe con experiencia en el manejo de datos y ajeno al staff de la institución lleva a este tipo de “descubrimientos” que parece mostrar serios problemas de control interno. Carmen Reinhart asumió en junio como economista jefe de este organismo y ya encontró irregularidades que no ha dejado pasar. Habrá que ver cómo continuará el organismo con las recomendaciones para reformular la elaboración de este informe y eventualmente reconsiderar su continuidad.
Ya en 2018, cuando el economista jefe era Paul Romer estalló una situación escandalosa sobre irregularidades detectadas en varios números del Doing Business que perjudicaban a Chile de manera aparentemente deliberada mientras dicho país estaba bajo el Gobierno de Michelle Bachelet. Las sugerencias y recomendaciones de Romer y su equipo no fueron tenidas fundamentalmente en cuenta por la conducción del organismo. El informe siguió publicándose, pero Romer debió irse de la institución. Duró menos de dos años en su cargo.
La situación actual es un segundo episodio y no parece dejar bien parados a quienes elaboraron este informe bajo el antecesor de Reinhart, la economista Pinelopi Koujianou Goldberg. Pero, en definitiva, todo dependerá de la evidencia que resulte de las auditorías en curso. En principio ya se habría identificado al menos a un responsable de la adulteración de datos mencionada por el organismo, pero no ha trascendido su nombre. De todas formas, la situación se encaminará hacia el mismo punto al que llegó Romer: elevación de la evidencia y recomendaciones de curso a seguir a la conducción máxima del organismo y a partir de allí resolución sobre si apoyar y seguir lo que recomiende Reinhard o no. El resultado quedará en evidencia probablemente recién cuando se publique con visible retraso el Doing Business 2021. Es de esperar que en todo caso se ponga un corte final a ciertas prácticas y equipos que aparentemente manipulan información en dicho organismo sin control y no desde ahora. Caso contrario, la disyuntiva conduciría al peor dilema posible, que es el que debió enfrentar Romer: el reporte no se publica más, o se lo agota psicológicamente al economista jefe para que se vaya solo.
Esperemos que no sea este el prematuro final para Reinhart. Pero que a menos de 60 días de iniciada su gestión ya haya observado semejante irregularidad obliga a la conducción de la entidad a no tomar estas cuestiones a la ligera como aparentemente lo habría hecho dos años atrás. Además, desde febrero pasado la conducción del organismo ha tenido que pasar algunos sofocones para tratar de contener las consecuencias de un documento de tres economistas de su staff (Jorgen Anderssen, Niels Johannesen y Bob Rijkers). Los autores encontraron una asociación directa entre fondos prestados por el propio Banco Mundial para proyectos en 22 países en desarrollo y el desvío de parte de esos fondos a cuentas offshore de titulares de los países receptores (“Elite Capture of Foreign Aid: Evidence from Offshore Bank Accounts”. Policy Research Working Paper 9150).
Hasta ahora esta evidencia viene siendo acallada ante la pandemia del Covid-19, pero tarde o temprano forzará a más investigaciones y auditorías sobre el control (si es que existe) del real uso de los recursos de dicho organismo. Si algo va quedando claro es que los problemas internos en ese organismo no son pocos, y no parecen estar circunscriptos sólo a la publicación de estadísticas e indicadores de acceso público en todo el mundo.
(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)
