El Presidente Alberto Fernández anunció la semana pasada que se le quitará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) un punto de su coparticipación para dársela a la provincia. En ese escenario, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) manifestó que el “conflicto generado por el Gobierno nacional testimonia el alarmante nivel de degradación que afecta al federalismo en Argentina”.
“La medida fue planteada como una corrección de un decreto del año 2016 a través del cual se aumentó el índice de coparticipación de CABA en compensación por la transferencia de la policía de la Ciudad. Lo que se dispuso es que la mitad de esa asignación ahora la deje de percibir CABA y la pase a recibir la Provincia de Buenos Aires. Es decir, desde el punto de vista del interior del país sigue siendo una reasignación de recursos nacionales a favor de la región metropolitana. Nada les cambia a las provincias del interior”, sentenció el informe semanal.
Al tiempo en que se preguntó: “El Gobierno nacional afirma que es un acto de justicia redistributiva desde una jurisdicción rica hacia otra pobre. La pregunta es: ¿cuánta justicia distributiva aplica el Estado nacional con CABA?”.
En esa misma línea, el reporte citó datos del Ministerio de Economía del 2019, en donde se revela que el Estado le quitó a la Ciudad porteña el equivalente al 0,1% del PIB, en tanto CABA quedará recibiendo vía coparticipación el equivalente al 0,3% del PIB. Sin embargo, los datos oficiales indican que el Estado nacional gasta en la Ciudad de Buenos Aires el equivalente al 4,4% del Producto Bruto Interno.
“Estos datos muestran que más que un acto de justicia redistributiva es una hipocresía. Se le quita a CABA una parte de lo que recibe por coparticipación, pero se mantiene todo el gasto público que se financian con recursos nacionales (o sea, de todos los habitantes del país) en beneficio de CABA”, aseveró IDESA.
En ese sentido remarcó que los gastos incluyen los de “la burocracia nacional asentada en Capital”; los subsidios a los servicios públicos, como luz, agua, gas y transporte; y el servicio de la justicia. “Estas erogaciones, que benefician a quienes viven en CABA, equivale a 40 veces lo que le sacan de coparticipación”, afirmó el Instituto.
“El origen del problema es que las funciones estatales más importantes están a cargo de las provincias (educación, salud pública, seguridad, justicia) pero ellas reciben de manera automática solo el 40% del total de la recaudación (excluyendo la seguridad social). Esto genera un exceso de financiamiento a nivel nacional que permite, no solo sostener los privilegios a favor de CABA, sino también doblegar voluntades políticas”, resaltó la entidad.
Respecto a la carta abierta firmada por 19 gobernadores, titulada “Reducir desigualdades de una Argentina Federal”, IDESA indicó que se trató de “una evidencia groseramente explícita” ya que el decreto presidencial “no fortalece el federalismo” y que la “única explicación para haber firmado esa solicitada es el sometimiento que genera el Estado nacional con la distribución discrecional de fondos nacionales”.
“La desproporcionada concentración de recursos a nivel nacional permite la discrecionalidad que induce la sumisión y la mediocridad de los líderes locales. Se resignan a firmar una solicitada incoherente en lugar de reclamar que la Nación deje de subsidiar la luz, gas, agua, cloacas, seguridad y justicia en CABA y el Conurbano bonaerense. Por migajas se silencia el planteo de que eliminando estas erogaciones sería posible mejorar la coparticipación de todas las provincias, no sólo las del área metropolitana”, expresó IDESA.
Para concluir, el reporte señaló que el federalismo “no se construye con acciones a lo Robin Hood sacando a las jurisdicciones ricas para darles a las pobres” ni tampoco “usando el exceso de financiamiento nacional para crear capitales alternas, financiar obras que son responsabilidad provincial o engrosando los problemas nacionales de educación, salud o vivienda”.
“La solución pasa por eliminar la coparticipación y que cada provincia recupere potestades de recaudación para autofinanciarse. En paralelo, contemplar un fondo de convergencia transitorio para acelerar el desarrollo de las provincias del Norte. Esta es la manera de pasar de la sumisión y la mediocridad a la responsabilidad, la autonomía y la innovación en políticas públicas”, concluyó el Instituto para el Desarrollo Social Argentino.
