Por Jorge Colina (*)
El presidente de la Nación señaló algo nada nuevo, que es la opulencia de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) respecto al resto del país. Ciertamente que es así. Pero lo que resulta más desafiante es determinar por qué CABA tiene una posición económica privilegiada. Aunque parezca desatinado, el problema está en la coparticipación federal de impuestos.
La coparticipación federal supone que la mayor parte de los impuestos los cobra el Estado Nacional. Por caso, del 29% del PIB de presión impositiva de la Argentina, el Estado Nacional cobra 24% del PIB. Es decir, cobra el 83% de los impuestos. De este 24% del PIB, el 8% del PIB se reparte automáticamente a las provincias y el 16% se lo queda el Estado Nacional, por efecto precisamente de la coparticipación.
Al 16% del PIB, hay que sumar que el Estado Nacional cuenta además con el monopolio de la emisión de dinero. Al no estar federalizado el Banco Central, el Estado Nacional puede financiar sus excesos de gasto con emisión monetaria. Esto es lo que le permite al Estado Nacional manejar 22% del PIB. Estos recursos son lo que se reportan en el Presupuesto Nacional. Cuando se observa en el presupuesto cómo es la distribución geográfica del gasto del Estado Nacional aparece que en CABA se gasta el 20% del presupuesto, cuando allí vive sólo el 7% de la población.
El gasto desproporcionado del Estado Nacional en CABA se explica porque la mayor parte de la burocracia nacional está ubicada en la Capital. Pero, además, el Estado Nacional subsidia a los servicios públicos de CABA (luz, gas, agua y transporte público) y se hace cargo de gastos de seguridad y justicia que en el interior son soportados por las provincias. Asimismo, CABA recibe fondos del Estado Nacional a través de los programas nacionales de los ministerios nacionales de salud, educación, desarrollo social, trabajo, etcétera.
El hecho de que el Estado Nacional esté situado en CABA más la enorme concentración de recursos fiscales en esta jurisdicción hace que las empresas privadas más competitivas del país migren su inteligencia a donde está el poder político y la mayor cantidad de recursos público por habitante. Esto es, fijan sus sedes centrales con sus recursos humanos más calificados en CABA lo que refuerza la concentración de riqueza. Así es como las empresas energéticas que explotan riqueza en la Patagonia, las alimenticias que explotan la riqueza de la Pampa Húmeda y Cuyo, y las mineras que explotan la riqueza del norte, tiene sólo al personal operativo en el interior del país. Los ejecutivos, los profesionales de mayor nivel, los ingenieros, los financistas, los expertos en marketing y recursos humanos, están en la sede central en CABA.
Para hacer un paralelismo, si Estados Unidos tuviera la organización fiscal de Argentina, las empresas petroleras no tendrían sus “headquarters” en Texas, las digitales en Sillicon Valley, las alimenticias en el Mid-West americano y los financistas en Nueva York. Estarían todos concentrados en Washigton D.C. y Nueva York, San Francisco y Chicago sería pequeñas ciudades del interior.
Este paralelismo sirve para mostrar que la solución a la concentración económica de CABA no pasa por convertir al Estado Nacional en un “padre” más ecuánime y generoso con el interior. Este camino ya mostró su fracaso con los programas nacionales. Con estos programas, el Estado Nacional concentra los recursos y luego reparte migajas en el interior a través de pequeñas obras, equipamiento para escuelas, remedios para centros de salud, tarjetas alimentarias, que no sólo que no compensan las asimetrías regionales sino que generan una incentivo muy perverso. Los programas nacionales inducen a gobernadores y funcionarios provinciales a peregrinar a Buenos Aires por estas limosnas en lugar de gestionar como corresponden sus funciones sociales, que son la educación básica, la salud pública, los servicios de vivienda y urbanismos, la seguridad y la política asistencial.
El cambio estructural viene por eliminar la coparticipación federal de impuestos y rediseñar el federalismo argentino redistribuyendo las potestades tributarias entre el Estado Nacional y las provincias. Las provincias deberían recaudar una mayor proporción de sus ingresos en base a los niveles de actividad económica, ingresos y riqueza que se genere en su geografía. De esta forma, las provincias estarán inducidas a generar inversiones y competitividad en su territorio para recibir mayores recursos fiscales. Este es el incentivo virtuoso a favor de la generación de competitividad en contraposición al incentivo perverso de la coparticipación que induce a los gobernadores a esperar que lluevan los recursos fiscales de la coparticipación y al peregrinaje a Buenos Aires a buscar algunas migajas más de los programas nacionales.
Obviamente que queda la pregunta abierta de qué hacer con las provincias del norte que hoy sufren muy bajos ingresos y muchas desventajas para generar competitividad. Para el norte habría que conformar un fondo de convergencia regional con un plazo definido (30 años) para que estas provincias aceleren su desarrollo y tiendan a igualarse con el promedio nacional. Pero tienen que saber que el fondo tiene vencimiento. Este fondo de convergencia debería ser financiado fundamentalmente por CABA como una forma de transformar su histórica concentración económica en el impulso al desarrollo social de las regiones más atrasadas, que son las del norte del país.
(*) Economista de IDESA
