Por Pablo Mira (*)
La pandemia, el aislamiento obligatorio y la inevitable respuesta de política económica dio una excelente oportunidad para explotar un experimento natural. Ante la caída brutal en el PIB, la mayoría de los gobiernos del mundo respondieron con una política fiscal expansiva, tratando de estimular el gasto de las familias para sostener la actividad. Dado que la crisis representó una contracción tanto de la oferta como de la demanda agregadas, como discutimos en columnas anteriores, esta respuesta es atinada.
La política expansiva tiene por objeto inicial “cebar la bomba”, como decía Keynes, para recomponer expectativas, estimular el gasto privado, y poner en funcionamiento el multiplicador para recuperar los niveles de empleo. Por supuesto, si el dinero fiscal se ahorra inmediatamente, nada de esto sucede. Más aún, si la transferencia reduce los incentivos a trabajar, el impacto neto podría incluso ser negativo.
Una de las respuestas de política más pura para identificar estos impactos de la política fiscal son las transferencias realizadas por el Gobierno de Donald Trump a las familias estadounidenses. Un componente importante de la Ley CARES 7 fue un pago único a todos los adultos de hasta US$ 1.200, más US$ 500 adicionales por cada niño. Aprovechando una encuesta a gran escala de los consumidores, los economistas Coibion, Gorodnichenko y Weber tuvieron la oportunidad de estudiar cómo afectaron estas grandes transferencias el consumo, el ahorro y las decisiones de trabajo de estas familias.
La gran mayoría de los encuestados informaron que usaron sus transferencias principalmente ahorraron o pagaron deudas, con sólo alrededor del 15% informando que lo gastaron. En términos de dinero gastado, en promedio los individuos reportan haber gastado o planeado gastar sólo alrededor del 40% del total de la transferencia. Este resultado tiene consistencia con la teoría tradicional del consumo, que afirma que los shocks de ingreso transitorios se ahorran.
Pero esta conclusión es apresurada. Hay que tener en cuenta varias cuestiones. Primero, si los shocks transitorios no afectan al consumo, ¿por qué bajó el consumo durante la pandemia en primera instancia? En lugar de usar su riqueza para mantener su consumo en un evento por definición transitorio, los agentes decidieron reducir su gasto. La razón es, por supuesto, que la crisis incrementó el ahorro precautorio, lo que hizo que muchas familias guardaran recursos debido a la mayor incertidumbre futura. Si las transferencias, como es probable, contribuyen a consolidar esta decisión, entonces no importa demasiado si son transitorias o permanentes. De hecho, los investigadores encuentran que la mayoría de los receptores destinan esos fondos a reducir deudas, algo que sugiere una mayor cobertura frente al riesgo.
El trabajo muestra una distinción interesante entre aquellos que (i) recibieron la transferencia, (ii) no la recibieron pero la recibirán y (iii) no la recibirán pero se les pregunta qué harían si lo hicieran. Lo que se observa es que la cantidad de gente que decide ahorrar es diferente en cada grupo. Los (i) gastan más que los (ii), que a su vez gastan más que los (iii). Esto parece consistente con la idea de que tener plata en el bolsillo produce una mayor tentación a gastar que no tenerla, o no esperarla.
Finalmente, los autores hallan que las transferencias no tuvieron efecto alguno sobre la oferta de trabajo, algo que contradice a la teoría habitual. No solo que estos cheques no promovieron el ocio, sino que además la poca evidencia que encuentran parece ir en la otra dirección: los ingresos de emergencia permitieron a los desempleados salir a buscar trabajo más activamente.
En Argentina, el impacto puede ser diferente. Los fondos se destinan principalmente a quienes están restringidos en sus necesidades básicas, lo que implica que con alta probabilidad se gastarán, aunque como estos pesos circulan, una vez en manos de los no restringidos podrían acabar en acumulación de dólares. Por otra parte, la política fiscal local tiene otro objetivo prioritario que es contrarrestar los serios impactos distributivos negativos de la pandemia, lo que necesitaba una respuesta urgente. Dado que los países menos desarrollados podrían experimentar efectos diferentes de la política fiscal que los desarrollados, es conveniente evaluar evidencia propia.
(*) Docente e investigador de la UBA
