El demócrata Joe Biden y sus propuestas económicas

10 de septiembre, 2020

Por Héctor Rubini (*)

Las políticas económicas de los gobiernos demócratas del último cuarto de siglo muestran una tónica de permanente pragmatismo, sin demasiado remordimiento a la hora de programar y aplicar programas de activa intervención en la economía. La realidad por ahora parece sostener un piso no despreciable de votos para Donald Trump, quien ve amenazada su reelección, entre otras cosas, por los abusos policiales y enfrentamientos de los últimos meses entre fuerzas de seguridad y manifestantes en contra de los abusos policiales.

Si algo ha diferenciado a demócratas y republicanos no ha sido el sesgo proteccionista de su política comercial, fuertemente magnificado por Donald Trump, sino la política interna. Bajo los mandatos de Bill Clinton y Barack Obama hubo un interés en una acción directa para cubrir al menos algunas demandas de los sectores más necesitados. El sistema de salud heredado en 2016 (fortalecido por presidente Obama después de la crisis subprime) ha sido el foco de críticas por parte de los republicanos quienes desde la campaña electoral de 2016 han tratado de eliminar. La política fiscal, a su vez, también los ha encontrado en las antípodas, especialmente en materia de recaudación tributaria.

Del relativamente impreciso menú de propuestas de Biden en caso de imponerse en las elecciones, es claro que el perfil se orienta a revertir al menos parcialmente las rebajas de impuestos de la actual administración y focalizarse en una fuerte expansión del gasto público.

El eje fundamental de su propuesta para la recuperación económica pasa ahora por una agenda en la que se destacan los siguientes puntos para contrarrestar el impacto recesivo de la pandemia del Covid-19: a) ampliar la cobertura del seguro de salud estatal, b) otorgar un subsidio de US$ 8.000 anuales a padres de familia de clase media y personas a cargo de familiares, cuyo costo fiscal sería de US$ 775.000 millones en 10 años, c) aumentar en US$ 700.000 millones los subsidios al sector privado para la innovación y la producción de diversos bienes y equipos para el sector salud, d) incrementar en US$ 2 billones el gasto público para la producción de energía limpia en 4 años, e) imponer la meta de dejar de producir electricidad emitiendo gases de invernadero hacia 2035, f) aumentar la compras del Gobierno por US$ 400.000 millones, además de las compras para fomentar la producción de energía limpia, g) subsidios (bajo la palabra “inversiones”) para investigación y desarrollo en vehículos eléctricos, nuevos materiales para la tecnología 5G e inteligencia artificial por US$ 300.000 millones, y f) flexibilizar los requerimientos para la constitución de sindicatos.

La producción de energía limpia es el programa más ambicioso y de mayor costo fiscal. Téngase presente que el gasto público en el “Obamacare” insume (antes de impuestos y cargos) unos US$ 940.000 millones en 10 años. En cuanto a la estrategia para enfrentar la pandemia del Covid-19, prevé la contratación de al menos 100.000 nuevos empleados públicos para dar inicio a un plan masivo de testeo y trazabilidad de contagiados y sus contactos directos hasta que se implemente la vacunación de toda la población.

Con respecto a la recaudación tributaria, las iniciativas demócratas forman parte de una estrategia que, en caso de mantenerse en una década, aumentarían la presión impositiva y la recaudación fiscal en torno de US$ 3,5 billones adicionales a los niveles actuales. Sus equipos están a favor de una fuere suba de alícuotas impositivas en varios impuestos: a) la tasa del impuesto a las sociedades aumentaría se 21% a 28%, incrementando la recaudación entre US$ 1,1 y US$ 1,3 billones en una década, b) extendería el universo de sujetos tributarios para las contribuciones a la seguridad social a toda empresa con ingresos superiores a US$ 400.000 anuales, e incrementaría la tasa marginal en 12,4 puntos porcentuales, más una sobretasa de 0,9% sobre los perceptores de mayores salarios, y c) las ganancias de capital de las mayores fortunas personales pasarían a estar gravadas por la alícuota general del impuesto a los ingresos.

En síntesis, una agenda de fuerte inspiración keynesiana, pero que cuya factibilidad no depende sólo de un eventual triunfo electoral de Biden, sino de que los demócratas se impongan en varios estados de forma tal que cuenten con mayorías propias en el Congreso. En caso de no ocurrir, es más que probable que sean rechazadas por los republicanos y no se puedan aplicar. Sería interesante saber si el candidato demócrata cuenta con un “Plan B”. Caso contrario, se le va a complicar desde el giro de la política actual focalizada en reducir la carga tributaria a las empresas y personas de altos ingresos, y proteger la industria local del ingreso de bienes de origen chino.

Sobre este punto, tampoco es claro qué hará en el corto plazo Biden. Pero si algo queda en claro es que cualquier sea el ganador, es de esperar una política con énfasis en sostener la actividad interna, sin cambios aparentes en el proteccionismo selectivo de la actual administración.

(*) Economista de la Universidad del Salvador (USAL)

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