Por Oscar Muiño
El banderazo de “la gente de bien” es una frase muy desafortunada. Alberto Fernández desmiente su reiterado deseo de sepultar la grieta cavada por el kirchnerismo y agrandada por el macrismo. La renovación del aire enrarecido es tarea sobre todo de quien dirige el Estado.
Alguna vez, la culpa de la grieta no fue de quien gobernaba sino de la oposición. Hace exactos noventa años, Argentina interrumpía su sostenido respeto por las instituciones. Desde 1862, pasaron siete décadas que ?con sus defectos- lograron alumbrar una sociedad pujante. Capitales y trabajadores de toda Europa elegían la Argentina como el futuro para sus bienes y sus vidas. El segundo mejor destino del nuevo mundo después de Estados Unidos. El 6 de septiembre de 1930 ese sueño empezó a destruirse. Los opositores impulsaron el falso relato de una Argentina que se hundía. Un golpe militar coronó tamaña desestabilización. Imperdonable. Basta leerlo.
El fin del sueño
La segunda presidencia Hipólito Yrigoyen cumple doce meses. Este es el balance del Partido Socialista Independiente: “Termina el primer año de gobierno con un rotundo fracaso: la desnaturalización de la forma representativa y republicana, el unicato más crudo que haya conocido el país después de Caseros, la absorción del Poder Legislativo por el Poder Ejecutivo, la corrupción y la anarquía administrativas, la violación intencionada de la Constitución y de las leyes más importantes, la restricción de las libertades ciudadanas, el despilfarro del dinero público, una enorme crisis económica agravada por el servilismo e incapacidad de los que se dicen gobernantes y legisladores del partido oficialista. No hay gobierno representativo, republicano y federal. No hay ministros responsables y aptos. No hay autonomías provinciales. No hay Congreso libre. El dinero público se despilfarra. No se envía al Congreso el presupuesto para el año próximo y se crean empleos nuevos que el vigente no autoriza. El Congreso no es libre. No tiene libertad de hacer ni de pensar.
Las facultades extraordinarios no se conceden solamente por ley. Cerrar los ojos a todo lo que el Ejecutivo haga, aceptar mansamente todo lo que él resuelva o mande, negar a los otros el derecho de hablar sobre la gestión y los procedimientos del gobierno, es una forma de conceder las facultades extraordinarias.
El Congreso sólo vive para que la mayoría oficialista dé viso de aparente legalidad a la conducta del primer magistrado, tergiverse toda sana tradición constitucional argentina y mantenga en una parte del pueblo la mentira convencional sobre nuestra deplorable situación política y administrativa. ¡Abajo la dictadura! Los hombres que vencieron en Caseros estamparon con palabras de fuego en el artículo 29 de la Constitución Nacional, el horror argentino de la tiranía. El partido Socialista Independiente lo recuerda hoy, 12 de octubre de 1929, a la meditación grave y honda de todos los argentinos. ¡Abajo el unicato! ¡Viva la Constitución!”.
El 10 de agosto de 1930, Manifiesto de las Derechas y de los Socialistas Independientes: “Considerando que el sistema de gobierno republicano, representativo federal de nuestra Constitución ha sido anulado en los hechos por el Poder Ejecutivo cuya voluntad arbitraria y despótica es hoy la única forma que rige el manejo de los asuntos públicos. Que el Poder Ejecutivo ha subvertido y desnaturalizado el régimen de las autonomías provinciales y ha violado la ley de instrucción primaria, la ley de instrucción secundaria, las leyes orgánicas del Ejército y la Armada, la ley de contabilidad, la ley electoral, la ley orgánica del Banco de la Nación, la ley que gobierna la Caja de Conversión, la ley reglamentaria de los ferrocarriles, la ley que estatuye la jornada de ocho horas, la ley de presupuesto, las leyes orgánicas de la justicia y las convenciones internacionales aceptadas por el país. Que los dineros públicos se despilfarran sin más criterio que el capricho del presidente y las conveniencias electorales del partido oficialista, precisamente en el momento en que merman los recursos fiscales y el contribuyente sufre las tribulaciones propias de un malestar económico en vías de acentuación. Que mientras el país tropieza con dificultades cada vez mayores para la colocación de sus productos en el exterior, el Poder Ejecutivo abandona con negligencia inexplicable la gestión pública relacionada con los intereses agrarios. Que a la crisis institucional se ha agregado una grave crisis económica producida por la desvalorización de nuestro signo monetario, la falta de una obra positiva de gobierno y la desorbitación manifiesta de los actos del Poder Ejecutivo. Que es urgente denunciar y cambiar este estado de cosas por una acción parlamentaria y popular concordante, enérgica y patriótica, de todos los hombres que quieran salvar las instituciones democráticas argentinas y evitar la ruina del país”.
Los firmantes resuelven “crear un espíritu cívico de resistencia a esos abusos y desmanes. Proyectar un plan de acción encaminada al logro de los propósitos enunciados y en caso necesario, solicitar y admitir la adhesión de todos los ciudadanos que quieran para la República un gobierno constitucional y democrático”. No son personas enajenadas, sino talentosas: los conservadores Rodolfo Moreno, Antonio
Santamarina, Manuel Fresco y los socialistas Federico Pinedo, Héctor González Iramain, Antonio De Tomaso y Augusto Bunge.
El 21 de agosto, el Manifiesto de los Radicales Antipersonalistas: “Los ciudadanos resueltos a defender las instituciones de la República tienen señalado el camino a seguir. La esperanza de una mayor cultura cívica que permitieron alentar los últimos cuarenta años se quiebra hoy ante el espectáculo que presenta el país bajo un gobierno sin otra conciencia que la exclusiva de un presidente que todo lo supedita al logro de sus insaciables ambiciones electorales, pretendiendo acaso prolongar el error colectivo del plebiscito con la formación de mayorías ficticias, siempre obsecuentes, que nacen del atropello y del fraude. Acrecentada la deuda pública hasta cifras fantásticas; aislado prácticamente el país por incomprensión de los dictados de la diplomacia contemporánea: resentidas en su desenvolvimiento normal las fuerzas vivas; abatidas las fuentes de trabajo y las posibilidades de salarios remunerativos; descuidada la instrucción y la justicia; perturbados el ejército y la armada en su disciplina por decretos inauditos y resoluciones irregulares; avasalladas las provincias en su autonomía y mermados muchos gobernadores en sus investiduras; distribuidas las rentas con favoritismo pródigo y condenable; trabadas y supeditadas la entidades autárquicas; sin tutela gubernativa nuestra economía en plena crisis; desoídas las clases agrarias y sus angustiosas demandas y las productoras en su anhelo de mejoras; rotos los vínculos jerárquicos y perdida la noción de autoridad, del orden social y la paz de la convivencia común, es impostergable el mandato moral que pesa sobre cada uno de los argentinos de oponerse con un ¡basta! Enérgico y patriótico a la obra de solución de la que son y serán responsables todos los que con su adhesión, su tolerancia o su indiferencia la estimulen, favorezcan o consientan”.
El domingo 31 de agosto el ministro Juan Fleitas es abucheado en la Exposición de la Sociedad Rural, que no puede inaugurarse. El 6 de septiembre, es el golpe. El dictador José Félix Uriburu clausura diarios, encarcela ciudadanos sin juicio, persigue, prohíbe, fusila. Los usurpadores están convencidos que el pueblo los acompaña y llaman a elecciones. El 5 de abril de 1931, ocho meses después del cuartelazo, se vota gobernador de Buenos Aires. La Unión Cívica Radical vuelve a ganar, con 48%. Los golpistas anulan la elección, proscriben al partido mayoritario e instalan el fraude. Argentina se acostumbra a vivir en un país cuyos líderes no cumplen la ley. La desestabilización para voltear gobiernos siguió. Con el argumento de defender las instituciones, negó muchas veces la capacidad del pueblo para elegir. ¿Aprenderemos?
