Por Ignacio Labaqui Politólogo
El viernes por la noche, el Presidente anunció de manera sorpresiva a través de su cuenta de Twitter la publicación de un decreto de necesidad y urgencia declarando servicios esenciales y estratégicos a la telefonía fija y celular, y a los servicios de televisión por cable y provisión de Internet. Asimismo, el Gobierno congeló hasta el 31 de diciembre la tarifa de estos servicios.
El anuncio de esta medida tiene lugar mientras el Gobierno atraviesa una situación compleja. Varias encuestas muestran que Alberto Fernández prácticamente se ha consumido el bono de popularidad que le supuso la rápida reacción frente a la pandemia del Covid-19 en marzo de. El Presidente mantiene aún elevados niveles de aprobación, pero desde mayo -de acuerdo con diversos sondeos de opinión pública- registra una gradual y persistente caída. En tanto la foto no es mala, la película es motivo de preocupación.
Las razones detrás del deterioro en la aprobación presidencial son probablemente múltiples. Por un lado, la lógica fatiga de la población hacia las medidas de aislamiento (“la cuarentena”) y la difícil situación económica, agravada por la pandemia y por el ASPO. Pero, por otro lado, a ello se le suma el impulso desde el Gobierno de una agenda que no parece sintonizar con las preocupaciones de la sociedad, que giran en torno a la economía, la inseguridad y la pandemia. La fallida estatización de Vicentin, primero y, luego, la reforma judicial, dan la imagen de un Gobierno más preocupado por atender las urgencias de su núcleo duro y de la vicepresidenta, que las principales demandas de la sociedad.
El banderazo de la semana pasada, cuya magnitud sorprendió tanto al Gobierno como a una parte de la dirigencia opositora, es un reflejo de los motivos detrás de la reciente caída en los niveles de popularidad de Fernández y a la vez muestra que una parte del electorado (compuesto mayormente por el 41% que no votó al Frente de Todos en 2019) está dispuesto a tomar las calles las veces que haga falta para tratar de frenar algunas iniciativas del Gobierno.
En ese contexto se produjo el sorpresivo anuncio presidencial del viernes pasado. Se trata de una carambola a varias bandas. Aunque la primera interpretación es que se trató fundamentalmente de un reinicio de las hostilidades entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín -sin dudas estamos ante un nuevo episodio en el conflicto iniciado hace más de una década-, la medida responde a varios objetivos.
Hay claramente un intento de recuperar popularidad con una medida que en el corto plazo beneficia a los usuarios de los servicios declarados esenciales, cuyos proveedores no gozan precisamente de popularidad. Adicionalmente, la decisión gubernamental suma otra ancla más (a las tarifas energéticas y al tipo de cambio) para evitar una aceleración en el ritmo de aumento de los precios, en un momento en que varios economistas prevén una aceleración de la inflación. La eficacia del congelamiento como herramienta de política antiinflacionaria es dudosa. A su vez, los efectos de mediano y largo plazo difícilmente sean positivos. Pero está claro que para la política la coyuntura manda.
La medida presidencial tiene tintes “nestoristas”, asimismo. El Gobierno se enfrenta con un sector que no goza de buena imagen y a la vez pone a la oposición en una posición incomoda: debe criticar una medida que en el corto plazo alivia el bolsillo. Si esta decisión lleva a un deterioro de los servicios de telefonía celular, Internet y televisión por cable, está claro que desde la óptica del Gobierno se trata de un problema para más adelante. Hay obviamente un sello claramente “cristinista” en esta reanudación de hostilidades con el Grupo Clarín. Probablemente todas las facciones del Frente de Todos estarán contentas con esta decisión.
El anuncio presidencial deja, sin embargo, algunos interrogantes. ¿Conseguirá esta decisión revertir la caída gradual en la imagen presidencial? ¿Qué tal que la decisión no mueva el amperímetro en las encuestas, pero a la vez venga acompañada de los inciertos costos asociados al relanzamiento de la guerra con Clarín? ¿Cómo conciliar esta medida con el discurso de normalización económica del ministro de Economía, Martín Guzmán? El reciente decreto de necesidad y urgencia se suma a varias decisiones gubernamentales que inspiran poca confianza en el sector privado: la Ley de Alquileres, la Ley de Teletrabajo, el fallido intento de estatizar Vicentin, la suspensión de la Ley de Economía del Conocimiento y la embestida de la Inspección General de Justicia contra las SAS, solo por mencionar algunas.
