¿Por qué es el momento de un pacto social?

18 de agosto, 2020

Por Fabio Rodríguez  Director M&R Asociados

Luego de alcanzado un acuerdo por la deuda, nuestro país puede ingresar en una tercera fase respecto al diagnóstico y orientación de la política económica. La fase uno se inició con la emergencia pública en diciembre de 2019 para lidiar con la complicada herencia de arranque. Apenas se habían desplegado un par de capítulos sobrevino una obligada fase dos impuesta por la pandemia mundial. Aquí todo lo dominaba el día a día, la asistencia rápida y masiva y la contención social como prioridad número uno.

Ahora estamos en una suerte de transición (porque el virus sigue circulando y con ello el riesgo de recaídas siempre está latente), pero con muchas actividades normalizadas que gradualmente van buscando el nivel de febrero o marzo antes del colapso. Un conjunto de indicadores productivos y sectoriales alientan una recuperación en forma de V mejor de lo esperado. Con la desaparición del fantasma del default podemos pensar en una nueva fase donde la agenda sea darle más vigor a la reactivación económica priorizando a la vez la estabilización macro. Entendemos este último punto como un abordaje gradual para normalizar la necesaria sobreexpansión fiscal y monetaria a la que se echó mano para la emergencia. Si nos ocupamos de ambos frentes en simultáneo (reactivar y estabilizar) vamos a minimizar el riesgo de un salto brusco en el tipo de cambio y aceleración inflacionaria que le quite posibilidad a un despegue más sólido de cara a 2021.

La hora de un pacto social

El Gobierno parece perseguir el objetivo de reactivar y estabilizar (o “tranquilizar la economía) apelando a cuatro elementos: el reciente acuerdo por la deuda, la promesa de explicitar números fiscales, financieros y monetarios en el proyecto de Presupuesto 2021, el inicio de conversaciones para alcanzar un acuerdo con el FMI y por último un conjunto de medidas microeconómicas para fortalecer el despegue productivo y sectorial de la economía.

La complejidad de los desequilibrios para el caso argentino amerita preguntarse sobre la oportunidad de abarcar los puntos mencionados, pero bajo el paraguas de un pacto social tripartito -entre el Estado en sus tres niveles de gobierno, los empresarios y el mundo laboralque cuente con fuerte respaldo político. Un arreglo de este tipo debería ser temporario y con el propósito inicial de ayudar la coordinación de la política fiscal, monetaria y de ingresos en un sendero que asegure una nominalidad descendente en el mediano plazo. Esto último quiere decir buscar una baja de la inflación gradual pero persistente, sin sobresaltos y sin quimeras de pasar al dígito en forma veloz gracias a la fantasía de las “metas de inflación”, o cualquier otro arreglo monetario inadecuado para la situación actual de nuestra economía.

A partir de este marco inicial que balice el sendero nominal en los próximos 18 a 24 meses, se pueden establecer tanto prioridades de corto plazo como demarcar objetivos más estratégicos para el mediano y largo plazo. Las prioridades inmediatas de esta tercera fase deberían pasar por reactivación, inclusión y estabilidad. En tanto los objetivos estratégicos por alentar inversiones, promover un salto en la productividad, ensanchar las oportunidades en el mercado de trabajo formal y generar dólares mediante un salto exportador de magnitud.

Hay suficiente evidencia de la utilización de los pactos sociales en diversos países para situaciones límites que refieren a contextos de desintegración política, social y económica, (como el de Argentina en 1989 o 2001) . Bien lejos, afortunadamente, estamos de ello. Pero sin ir a situaciones extremas también se puede apelar a esta herramienta para contextos de desequilibrios muy profundos donde el desafío de la coordinación es central, más aún en un país como el nuestro donde las pujas distributivas están mucho más aceitadas que en otras economías. Esta será la situación de Argentina pospandemia.

Inflación, FMI y escenario 2021

A la salida de esta crisis originada por la pandemia, pero sumada a la hecatombe macro del último bienio, nuestro país habrá destruido 18 puntos del PIB, la pobreza afectará a cerca del 45% de la población, el desempleo estará en alza, el salario estará pulverizado, el déficit primario será cercano a ocho puntos del PIB, el BCRA tendrá un balance horrible y no habrá moneda confiable junto a un mercado cambiario dual con reservas líquidas exhaustas.

En lo coyuntural muchas variables causantes de la inflación están en “modo pandemia” y eso adormece la suba de precios: tipo de cambio con microdevaluaciones, tarifas y combustibles congelados, paritarias anestesiadas y una demanda de dinero que sube por precaución y pesos que circulan poco por las diferentes variantes de cuarentena. Por supuesto, de telón de fondo opera una megarrecesión en el sector real, ya que se desplomó la economía 20% anual durante el segundo trimestre y se destruyen 410.000 puestos de trabajo registrados en un año.

La mayoría de las variables “contenedoras” de la inflación con pandemia se van a ir soltando, provocando tendencias a la suba de precios desde agosto hasta fin de año. En este punto reside el desafío mayor, para que el reacomodamiento de algunos precios relativos no se desmadre y de lugar a la conocida carrera dólar, precios y salarios, donde este último siempre corre de atrás.

¿Cómo se organiza y coordina una salida desde el quinto subsuelo, en un ambiente donde cada sector quiera mejorar lo más rápido posible para achicar en algo su maltrecho balance? ¿Cómo se hace para que un sector no quiera pasar sin escalas del quinto subsuelo a cierto confort de la planta baja mientras otros pueden aún caer dos pisos más?

Por supuesto que el Estado tiene mecanismos reguladores y compensatorios hacia los eslabones más débiles y los está usando. Pero lo que viene será un escenario de estrechez de recursos (hasta tanto la reactivación tome fuerza), donde habrá que armonizar los incentivos, transferencias y distribución de ajustes en un contexto donde argentina se prepara para negociar con el FMI. Podemos dudar de la magnitud y de la velocidad, pero no caben dudas que luego de la sobreexpansión de emergencia vendrán tiempos de contracción tanto de los estímulos fiscales (gasto) como monetarios (emisión y tasas bajas). Ello va a coincidir de lleno con el año electoral, donde tradicionalmente crecen los reclamos y el “incentivo” político a relajar la caja. En esta oportunidad, en cambio, coincidirá con un año donde habrá que replegar el motor del sector público (respecto a la asistencia en emergencia) para que tomé protagonismo el del sector privado y se estará negociando cerrar un acuerdo con el FMI. Todos estos desafíos serían más fáciles de abordar a partir de institucionalizar el debate y la negociación para mediar con los intereses siempre en pugna que activan los típicos tironeos por las rentas: empresarios versus asalariados, Nación versus provincias, mercado interno versus externo, precios de los bienes (alimentos) versus servicios, entre otros.

El reciente gran primer paso para arreglar el frente externo de la deuda y la magnífica noticia sobre muy probable vacuna en el arranque de 2021 despeja muchísima incertidumbre, para que vuelvan a funcionar normalmente los motores del consumo, inversión y exportaciones.

Pero también en esta etapa alumbrarán las clásicas pujas distributivas que cobrarán fuerza a medida que más se normalice la economía. En un pacto social aparece la herramienta adecuada para conciliar la estabilidad con el crecimiento y desarrollo, generando incentivos y mecanismos institucionales para que el objetivo de cooperar sea superior al de confrontar.

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