La oferta de dólares y el plan exportador del CAA

25 de agosto, 2020

soja dólar

Por Ernesto A. O’Connor UCA y exsubseretario de Planificación Económica Regional y Sectorial

La crisis macroeconómica pre y pospandemia pone a la oferta de divisas en el centro de la escena. Alta brecha cambiaria, derechos de exportación y falta de mercados de exportaciones son limitantes relevantes. La salida de la crisis requerirá más dólares, y, es sabido, las cadenas agroindustriales aportan el 70% de las exportaciones de bienes. En este contexto, el nuevo Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), conformado por más de 50 entidades, ha presentado la “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal”. El plan busca definir una política exportadora, a través de la sanción de una ley, que aumente las exportaciones en US$ 16.000 millones anuales y genere 700.000 empleos adicionales, de los cuales 210.000 serían generados en sectores propios. Se presentan algunos comentarios sobre esta iniciativa, resaltando que, sin una macro equilibrada, no hay medidas sectoriales eficientes.

¿Es posible lograr más exportaciones e inversiones? El CAA propone lograr US$ 100.000 millones anuales de exportación, frente a los US$ 65.000 millones actuales. El aumento propuesto es de US$ 16.043 millones entre 2021-25. Algunas estimaciones parecen optimistas aún para el mediano plazo. Ejemplo: el gran incremento en exportaciones de frutas frescas de US$ 3.500 millones, que incluye a todas las frutas exportables, peras, manzanas, cítricos, etcétera. Esto no parece posible sin la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con accesos preferenciales, y no se sabe si considera los tiempos inversión, crecimiento y maduración de eventuales nuevas plantas. Es tan elevado como el incremento estimado para cereales, oleaginosas y forrajeras, de US$ 4.000 millones, producciones de más potencial que el estimado.

Cabe destacar que los commodities se venden directamente a países en general de gran población, muchos de Asia-Pacífico, de alta demanda global porque no los tienen. Una mayor producción argentina de granos redunda en mayores exportaciones, de alto volumen e impacto en el balance de pagos, mejorando sustancialmente la oferta de divisas, en un país donde son habitualmente escasas. Sobre todo si hay reactivación y suben fuerte las importaciones de manufacturas industriales.

En cambio, el comercio mundial de agroalimentos funciona de otra manera. Enfrenta barreras para-arancelarias, y suele requerir la firma de TLC. Así, se generan accesos preferenciales y un horizonte de retorno de inversiones de ciclos productivos que muchas veces son quinquenales por lo menos. No es realista pensar en un shock de exportaciones en estos rubros, sin la apertura de mercados puntuales. Por ejemplo, Chile tiene 29 acuerdos comerciales con 65 mercados, logrados en décadas. El Mercosur, por su parte, apenas tiene firmados cinco tratados de libre comercio.

En cuanto al aumento de la producción y la agregación de valor, si es atraer Inversión Extranjera Directa, es bienvenido. Si es con un país puntual, como China con las posibles megainversiones para carne porcina, por tomar un ejemplo, es lógico suponer que será con los estándares productivos del SENASA (previniendo riesgos de pandemias), con inversores argentinos también, y con mano de obra local. Y con un marco jurídico previsto en caso de fiebre porcina, sobre todo para asistencia de productores y trabadores.

El problema de los DEX y los subsidios cruzados. El CAA propone que el plan sea “sin subsidios del Estado”. Si es consensuado con las 50 entidades, el proyecto debería asegurar que no haya subsidios cruzados de la producción agropecuaria a la agroindustria, como ocurrió por muchos años y en particular entre 2009 y 2015. Con estos subsidios, que fueron vía ROEs y DEX diferenciales, hay transferencia de rentas de un sector al otro. De más está decir que tampoco es lo mismo DEX diferenciales partiendo si la alícuota del poroto de soja fuera de 10%, y no de 33%. Un riesgo asociado es que ocurra como con el biodiésel, con reclamos de países ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por subsidios cruzados desde el ámbito primario hacia la industria.

Problemas similares acontecieron en el contexto del plan oficial PEAA 2010-2020, en similitudes y metas, pero coincidentes con alta presión tributaria, retenciones, controles de precios, y regulaciones para la producción agropecuaria. En granos la meta 2020 era lograr una producción de 157,5 millones de toneladas (Mtn), partiendo de 100 Mtn en 2010. Lo que se logró es que en 2014-15 se produjeran 100 Mtn.

Por su parte, el CAA propone estabilidad fiscal y financiera de 10 años. No queda claro con que presión tributaria en relación a la actual, en particular los DEX, para los cuales no se propone un cronograma de reducción explícito de corto plazo.

Una comparación con el Régimen de Promoción del Software (2005-2019). Ese régimen estableció, desde 2005, dos exenciones tributarias importantes: la desgravación del 60% en Impuesto a las Ganancias, y la conversión de hasta el 70% de las contribuciones patronales en un bono de crédito fiscal intransferible (esta actividad tiene al costo laboral como costo principal). El resultado fue un aumento de las ventas (incluyendo exportaciones), de 218% entre 2005 y 2017, pasando de US$ 1.279 millones a US$ 4.076 millones. Desde 2018, casualmente cuando se introdujeron DEX sobre las exportaciones de software, estas bajaron a US$ 3.078 millones en 2019. La producción agropecuaria y las cadenas agroindustriales, por su parte, no necesitan exenciones impositivas, sino estabilidad tributaria y el establecimiento de un cronograma de reducción de los DEX, impuestos que no existen en Brasil, Uruguay, Paraguay, y en casi ningún país del mundo.

Sin macro equilibrada no hay medidas sectoriales eficientes. La propuesta del CAA es positiva, pensando en mayores inversiones, exportaciones y agregación de valor. Pero para ello se necesita estabilidad macroeconómica, fin de la brecha cambiaria, menor presión tributaria, reaparición del crédito bancario, y firma de TLC que amplíen el horizonte de las inversiones. En una macroeconomía como la de Argentina, no alcanza con medidas sectoriales.

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