Dos viernes atrás, el Presidente Alberto Fernández emitió un decreto de necesidad y urgencia (DNU) estableciendo a la telefonía móvil y fija, la televisión paga y al internet, como “servicios esenciales” y, por ende, declaró el congelamiento de sus tarifas hasta el 31 de diciembre de este año. En ese contexto, hoy el Instituto para el Desarrollo Social Argentino advirtió que tal medida “deteriora la calidad del servicio”.
“Dada la importancia cada vez más estratégica de la conectividad digital es pertinente categorizarla como un servicio esencial para aumentar la calidad y la accesibilidad. Para lograr este objetivo es fundamental tener mucho cuidado en el diseño de las regulaciones y el profesionalismo y transparencia en su aplicación. Distinto es el caso cuando las intervenciones buscan usar las tarifas con fines antiinflacionarios. Un caso paradigmático es la manipulación de las tarifas eléctricas para contener la inflación y aparentar benevolencia con los presupuestos familiares”, aseveró su informe semanal.
Según la entidad, las intervenciones del Estado sobre el servicio de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el período 2003-2015 son “muy aleccionadoras”. De acuerdo con los datos que se desprenden del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), las tarifas residenciales se ajustaron en ese período 36%, lo que implicó una licuación del 86% en términos reales por efecto de la inflación.
A su vez, los subsidios del Estado nacional a las empresas eléctricas para compensar por ese atraso pasaron de cero a $511.000 millones por año a precios actuales, mientras que los reclamos de los usuarios se transformaron de 56 a 1.889 por día.
“Estos datos muestran que el atraso tarifario conlleva al deterioro en la calidad de los servicios y a la utilización de fondos públicos para subsidiarlos. La razón es que cuando el Estado impone una tarifa artificialmente baja, las empresas naturalmente tienden a compensar recortando el plan de inversiones lo que deteriora la calidad del servicio aumentando los reclamos y las presiones por subsidios”, indicó IDESA.
Al tiempo que agregó: “Los subsidios no resuelven el problema porque las empresas prestatarias pasan a poner más energía en congraciarse con el burócrata que los reparte que en darle buenos servicios a sus clientes”.
El informe remarcó que la política de subsidios a los servicios de electricidad “ofrece varias enseñanzas”, siendo la primera de ellas que “manipular tarifas es un pésimo instrumento para controlar la inflación” ya que puede resultar en un principio pero “en algún momento llega el sinceramiento”.
“Esto resulta traumático porque trae aumentos atrasados acumulados y porque los usuarios se acostumbran y se organizan en función de las tarifas artificialmente bajas. Pero, además, como la falta de inversiones pone en riesgo la continuidad de los servicios, el Estado termina otorgando subsidios que se financian con más emisión monetaria lo que, tarde o temprano, se traduce en más inflación”, subrayó.
En segundo lugar, para IDESA la manipulación de las tarifas deteriora la calidad de los servicios: “El explosivo aumento en los reclamos de los usuarios con los controles sobre las tarifas de electricidad en el período 2003 - 2015 es muy contundente. La experiencia también señala que el sinceramiento tarifario resulta políticamente muy costoso y no restituye de manera inmediata la calidad del servicio. En el 2018 hubo menos reclamos por cortes de electricidad, pero seguían siendo altos en el orden de los 1.503 diarios”.
Como conclusión, el informe resaltó que “resulta muy pertinente” plantear una Argentina Digital, tal como se denomina el DNU, pero que la experiencia demuestra que en el sector eléctrico, manipular las tarifas generará “los resultados contrarios”.
En ese sentido, señaló que “en lugar de desalentar las inversiones es fundamental promoverlas para que, por ejemplo, la mitad de los hogares pobres que no tiene conexión a internet lo tengan” o que las empresas que exportan servicios digitales “amplíen su capacidad de generar divisas”.
“Esto se logra con regulaciones que aumenten la competencia, la transparencia en el mercado y la protección al consumidor. Si hay subsidios, usarlos para dar conectividad a las familias pobres en lugar de congelar tarifas para que los porteños tengan internet y servicio de celular más baratos, como ocurre con la luz, el gas y el transporte urbano”, concluyó.
