Fuerte repercusión tras el DNU que obliga a las telcos a ofrecer planes sociales y congelar tarifas

23 de agosto, 2020

Fuerte repercusión tras el DNU que obliga a las telcos a ofrecer planes sociales y congelar tarifas

Tras la sorpresiva medida anunciada por el Gobierno el viernes por la noche que declaró como servicio público esencial a la telefonía celular y fija, internet y a la TV paga, y congeló las tarifas hasta fin de año, referentes de la oposición salieron a criticarla al mismo tiempo que funcionarios y aliados del Gobierno la respaldaron.

El primero en salir a defenderla fue el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, que será el organismo encargado de aplicar la nueva norma.

López comparó la medida con la regulación a las prepagas, ya que las empresas estarán obligadas a ofrecer “planes sociales” más baratos.

“Separaría la medida en dos partes. El congelamiento responde exclusivamente a la situación de pandemia. Después sí, hay una decisión más profunda y que tiene que ver con el lugar que ocupan las TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones), Internet, telefonía, y la televisión paga en la sociedad, no en nuestro país sino en el mundo. La ONU las considera un derecho humano básico. El Gobierno decidió retomar algo que estaba escrito en 2014: Internet como servicio público esencial y que fue derogado por (Mauricio) Macri en 2015. No es solo una declaración, sino que habilita a que los aumentos de precios no puedan ser unilaterales sino que tengan que tener autorización del Gobierno”, sostuvo ayer en diálogo con el programa “Digamos todo” de CNN Radio.

​”Esto no significa que fijamos tarifa, no hay un valor del Giga, del Mega. Cada empresa en lugar de aumentar sin que nadie le diga nada, para aumentar tiene que justificar los aumentos de costos y el gobierno le va a decir: ‘Bueno, es el 10%, el 5% o el 8%’. Pero allí trabaja en competencia, después entre ellos pueden ofrecer planes más baratos, distintos planes. El ejemplo más claro es la medicina prepaga, tiene variedad de empresas prestadoras, compiten entre ellas pero no pueden aumentar, por el objeto del que se trata. que es la salud pública, por su propia voluntad sino que tienen que pedir autorización a un ente que analiza”, comparó López.

“Es una actividad que pasa a tener un precio regulado, sí se introduce algo muy importante que son los planes sociales, una prestación social, universal y obligatoria. Cada empresa va a tener que ofrecer un servicio más reducido y más económico para aquellos que no puedan pagar un servicio más alto y más completo”, detalló el ex subsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

López también brindó detalles sobre el por qué del anuncio sorpresivo. “Veníamos dialogando con las empresas, el último diálogo fue el miércoles a la tarde. Hasta hace un tiempo veníamos trabajando muy bien, en agosto sin consultar ellos deciden notificar un nuevo aumento desde el 1° de septiembre. Nos volvimos a sentar y les dijimos que seguíamos en la pandemia, en el pico, ‘nos parece que no corresponde’. Legalmente lo podían hacer porque no había ningún instrumento que lo impidiera y se empezó a evaluar si es una actividad esencial, si es un derecho humano básico y si los chicos y las personas que están haciendo homeoffice necesitan de este servicio, no puede quedar librado a que la empresa vuelva a aumentar. Vamos a poner reglas que no impidan que ellos aumenten pero que no pueden aumentar sin el acuerdo del Estado. Deja de ser oferta y demanda para analizar costos”, remarcó.

Y agregó: “La regla ahora es: no podés aumentar lo que quieras, tenes que pedir autorización y vamos a hacer un análisis de costos en conjunto para aumentar, que garantice que puedas hacer las inversiones que el país requiere, pero el Estado también va a hacer obras de infraestructura. El Gobierno acaba de firmar a través del ENACOM una inversión de $ 4.000 millones”.

En tanto otra voces, como la del dirigente radical Ricardo Alfonsín, embajador argentino en España, consideró hoy que el DNU firmado por Fernández, es “una medida correcta” porque se trata de prestaciones “esenciales”.

Desde el arco gremial también apoyaron la decisión. Las conducciones de la CTA y CTA Autónoma celebraron la sanción del decreto al coincidir que se trata de “una medida justa que viene a reparar los efectos antisociales de las políticas depredadoras del macrismo”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof se sumó a la ola de apoyos y consideró que “es muy difícil de discutir” la decisión del presidente “a menos que se esté del lado de las corporaciones”.

Críticas opositoras

La respuesta de la oposición no se hizo esperar. En una serie de tuits, Patricia Bullrich, presidenta de PRO, manifestó que esta no es una medida aislada sino que responde a una política del gobierno con la voluntad de controlar todo “respaldada en el modelo venezolano” y citó como ejemplos el intento de expropiación de Vicentín y la Reforma Judicial.

Bullrich acusó al gobierno de “proselitista” y dijo que todo se enmarca en “el discurso nacional y popular” y el “vamos por todo”

En la misma linea se expresó el diputado nacional de JxC, Luciano Laspina, quien recalcó que el gobierno busca el control de los medios y de la justicia y que es “muy duro lo que se viene en Argentina”.

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, aseguró a Clarín que “con el DNU que califica de servicios esenciales a la telefonía celular y fija, internet y la televisión, el kirchnerismo se convirtió en campeón de iniciar juicios ante el CIADI”.

El extitular del Senado, Federico Pinedo (PRO), también fue muy duro con el DNU y planteó que el “servicio público en derecho significa servicios de titularidad estatal. Es un grave error de concepto pretender que eso puede ser el acceso a Internet y las tecnologías de la comunicación, que se prestan privadamente y en competencia”.

Ricardo López Murphy, dirigente de Encuentro Republicano, sostuvo: “es una medida que atrasa. Ningún país del mundo va en esta dirección. Siempre nosotros vamos a contramano de lo que hacen los países desarrollados que apuntalan la inversión en los sectores competitivos. Estamos afectando el corazón de la modernización. Hacemos cosas que nos hacen daño”.​

Todos al Congreso

El titular de la comisión bicameral parlamentaria que controla los Decretos de Necesidad y Urgencia, Marcos Cleri (Frente de Todos), confirmó a Télam que mañana desde las 13 se buscará emitir dictamen sobre el decreto publicado el sábado en el Boletín Oficial.

 

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