Por Jorge Colina Economista de Idesa
El acuerdo con los acreedores es una buena noticia y un nuevo desafío. Una buena noticia porque evita que Argentina caiga en default, lo cual ayudará a que las provincias puedan también renegociar sus deudas en dólares en un clima de menores tensiones y evita inconvenientes a las empresas privadas que tienen acceso al mercado internacional. Un nuevo desafío porque ahora más que nunca hay que trabajar para ordenar las cuentas públicas a fin de generar los superávits primarios que financiarán los repagos de la nueva deuda.
Esto lo confirma el hecho de que el último punto que falta por definir es el de las cláusulas de mayorías necesarias para neutralizar a tenedores de bonos minoritarios que rechacen un eventual nuevo canje. Es decir, los tenedores de bonos lo que quieren es colocarle a Argentina mayores costos a la posibilidad de un nuevo canje en el futuro. No quieren más plata. Quieren un poco más de certezas.
El ordenamiento del Estado va a ser un proceso mucho más duro que la renegociación de la deuda porque va a exigir desandar promesas electorales.
Un pequeño recuento de la situación de las cuentas públicas en el 2020 ayuda a ver la dimensión del desafío.
En los primeros 3 meses del año, antes del confinamiento, el gasto público corriente creció un 63% cuando la inflación era del 50% y los ingresos públicos crecieron apenas al 36%. Es decir, era una situación muy frágil.
Se entra al confinamiento con esta precariedad y la economía se desploma, con ello, los ingresos públicos que prácticamente no crecieron en términos nominales, pero el gasto público corriente se duplicó. Esto hizo que en los primeros 6 meses del 2020 el déficit primario (antes del pago de intereses de deuda) se ubique en el orden del 8% del PIB (anualizado). De este desequilibrio, la mitad se financió con emisión monetaria lo que puso una fuerte presión en el mercado cambiario llevando el dólar paralelo a casi el doble del oficial.
La recuperación de esta situación no va a ser automática. Lo más probable es que el déficit primario en el 2020 termine en 8% del PIB. La recuperación de los ingresos públicos en el 2021 seguramente que vendrá, si el confinamiento pasó definitivamente. Lo que está en duda es si la recuperación será total. Muchas empresas quebraron con la cuarentena con lo cual se destruyó parte de la base imponible de los impuestos. Para que se vuelvan a crear nuevas empresas hace falta que la economía crezca.
Por el lado del gasto corriente, si bien hubieron partidas extraordinarias demandadas por el Covid-19 (como el IFE, los ATP, las ayudas a provincias y los refuerzos el sistema de salud), representan apenas la mitad del exceso de crecimiento de gasto por encima de los ingresos. La otra mitad se explica por aumentos de gastos no-Covid.
Aquí se destacan los subsidios a la energía y el transporte que vienen creciendo en lo que va del 2020 en 120%, las jubilaciones en 50% y los salarios públicos que crecieron sólo 35% pero porque las paritarias están pospuesta y es inminente que haya demandas por aumentos salariales. Estos aumentos no se van frenar automáticamente con el fin de la cuarentena. Exigen, por ejemplo, actualización tarifaria (concretamente, aumentos de la luz, el gas y el transporte) y negociaciones salariales moderadas. Aquí es donde empiezan a aparecer las tensiones entre el ordenamiento fiscal y las promesas electorales.
La alternativa que algunos pueden tener en mente es no tocar el gasto y confiar en que la recuperación económica traiga un aumento de ingresos públicos mayor a la que había antes de la pandemia para hacer frente a estos excesos de gasto corrientes. El punto es que la inversión pública está derrumbada. En lo que va del 2020 creció apenas 13% en términos nominales, donde la inversión en energía y transporte, que es la inversión en infraestructura que se espera del Estado para hacer crecer la economía, cayó en términos nominales.
Hubo anuncios de las autoridades nacionales señalando que la obra pública será el motor de la recuperación. El punto es cómo financiarla. La inversión pública estará muy disminuida en el gasto público a la salida de la pandemia. Apelar a financiarlas con emisión monetaria sería seguir agregando presiones inflacionarias sobre el mercado cambiario. No parece consistente que se puedan aumentar sustantivamente la inversión pública sin un mínimo ordenamiento de los gastos corrientes del Estado.
En el fondo, la estrategia de querer ordenar el Estado por la vía de no tocar el gasto y hacer aumentar el ingreso es la misma estrategia del “gradualismo” del gobierno anterior. La cual terminó en el desastre de deuda pública en dólares que ahora se está por renegociar.
En otras palabras, hay que cambiar la estrategia de ordenamiento del Estado si es que se quiere tener un resultado distinto al “gradualismo” del anterior Gobierno.
