Chile modera el fervor del debate constitucional  

31 de agosto, 2020

Por Atilio Molteni  Embajador

Las dificultades económicas, los efectos de la pandemia  atribuida al Covid-19  y los aún inciertos objetivos del proyecto de reforma constitucional apaciguaron, en los últimos meses, el ritmo y los vectores de las tensiones chilenas producidas en 2019.

Si bien ciertos analistas sostienen que decreció el interés popular por el plebiscito, o la disposición a votar, resulta imprudente hablar de tendencias definitivas o de dar por resuelto los problemas en danza. Ello no es realista ante una sociedad amenazada por la desocupación y otros visibles problemas  de subsistencia.

El otro asunto específico es que, si triunfa el voto por “apruebo”, la elección de los convencionales y el desarrollo de la Convención Constituyente pueden coincidir con las elecciones locales y estaduales, las que culminarán el 21 de noviembre de 2021 junto a las presidenciales, lo que produciría un escenario muy raro. Habría dos órganos políticos elegidos por los mismos partidos políticos actuando en forma paralela, un tinglado que ahondaría la confusión y la falta de claridad de todos los debates.

Además, desde que comenzó la campaña en favor o en contra del plebiscito de reforma, el Gobierno Nacional se inspiró en Pilatos y declaró su prescindencia. Anunció que sólo se ocupará de garantizar el voto. Según parece, la fuerza de cuatro partidos de la coalición de derecha “Chile Vamos” del Presidente Sebastián Piñera, tiende a votar en contra de la reforma sin desconocer que sus propios miembros tienen diferentes puntos de vista.

Por ejemplo, está a favor del “apruebo” Joaquín Lavín, eventual candidato presidencial de gran trayectoria y militante del Partido Unión Demócrata Independiente (UDI).  Se trata de quien en la actualidad es alcalde del municipio Las Condes y tiene en su mochila el haber sido, en dos oportunidades, candidato presidencial (1999 y 2006).

La centroizquierda está en otra página. Integrada por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical, (los que integraron la Coalición “Nueva Mayoría” que fue oficialismo bajo la presidencia de Michelle Bachelet y luego se disolvió) organizaron un espacio de coordinación denominado “Convergencia Progresista” con miras al plebiscito, al que favorecen, y las elecciones de 2020 y 2021. También la extrema izquierda, compuesta por el Frente Amplio, el Partido Comunista y otros de menor significación, apoyan el plebiscito constitucional, al que juzgan como un termómetro del Gobierno que ejerce Piñera.

Tal escenario indica que la polarización chilena sigue en pie y que el camino para alcanzar y aplicar una nueva Constitución habrá de ser muy largo. También, que descartar la reiteración de actos de violencia social es un  juicio aventurado.

Lo que también resulta visible es que la diseminación del Covid-19 disminuyó la realización de las movilizaciones populares que emergieron en octubre del año pasado. La atención pública está pendiente de las medidas concebidas oficiales destinadas a enfrentar la pandemia y evitar los contagios de la enfermedad. La inestabilidad e ineficiencia oficial sacó a Chile de la nómina de modelos a seguir, aunque la visible disminución de la pobreza que registró el país en los últimos 30 años (del 40% al 16%) fue, sin duda, la más exitosa de América Latina.

Como se recordará, las causas de la crisis prepandemia se reflejan en nuevas y mayores demandas sociales. Entre ellas la reducción del desempleo, un mejor acceso a la a los servicios de educación, salud y transporte, cuyo costo es percibido como excesivamente alto por ciertos grupos de consumidores, algo que supone inmovilidad social y  crecientes expectativas pesimistas en la población. Tal imagen vino acompañada de insatisfacción hacia la clase política y a su modo de gobernar.

Los manifestantes se aglutinan en torno a la idea de crear una sociedad distinta, más cooperativa y solidaria. El Covid-19 solo agravó las cosas.

La cuarentena chilena empezó en marzo y se manifestó en el cierre de fronteras y en un plan de protección sanitaria que recién tuvo efecto visible a mediados de mayo. La ciudad de Santiago y su vasta región colindante -donde vive un tercio de la población del país-, fueron particularmente azotadas por un rebrote. A mediados de agosto tanto la declinación de los casos, y el esfuerzo de testeo, permitieron poner en marcha un gradual des-confinamiento.

Sin embargo, en la cuarta semana de agosto el país había acumulado 395.708 contagios y 10.792 muertos, cifra proporcionalmente muy elevada respecto de la población del país, un dato que provocó fuertes críticas a la gestión gubernamental.

En el segundo trimestre del corriente año, el PIB chileno  cayó marcadamente debido a las restricciones económicas que provocaron las medidas sanitarias. Salvo la actividad minera, la recesión afectó a todos los sectores. Esa actividad minera suele originar entre 10 % y el 15% del PIB y la mitad de las exportaciones nacionales.

El anticipado retiro de hasta 10% de los aportes de los fondos de pensiones de las AFP que impulsó  la oposición  permitió que 8 millones de personas tengan mayor liquidez a través de la absorción de unos US$ 20.000 millones. Algunos especialistas dictaminaron que esa movida fue el principio del fin del sistema de ahorro privado de origen previsional.

Bajo esta perspectiva, el Banco Central de Chile estimó que durante 2020 se registrará una caída anual del PIB cercana al 7,5%, la peor de los últimos 35 años.

La batalla contra el coronavirus indujo al lanzamiento de varios programas oficiales de ayuda social a los sectores más necesitados y a las empresas (incluyendo un plan de subsidios para protección del empleo de 800.000 trabajadores, lo que insumió un gasto de US$ 2.000 millones) y un gran plan de inversiones públicas que demandará US$ 34.000 millones entre 2020 y 2022. El objetivo de tales medidas es recuperar parte de los 1,8 millones de puestos de trabajo perdidos en este ciclo. Se calcula que tales medidas ocasionarán el déficit fiscal superior al 10%, el mayor de los últimos 50 años

Este segundo mandato de la derecha que preside el actual Presidente estuvo signado por su significativa debilidad parlamentaria. La votación que llevó a Piñera al poder, dejó en manos de los partidos opositores el control de ambas cámaras del Congreso, un equilibrio que incidió desde el vamos sobre su capacidad de llevar adelante un consistente programa de cambios estructurales. Esas reformas incluían un amplio replanteo del contexto fiscal y laboral, un nuevo sistema de pensiones y la noción de desandar lo hecho por su antecesora, Bachelet.

Cuando empezaron las caóticas movilizaciones contra su gobierno, el descontento social se caracterizó por la falta de líderes y la indefinición política. El lema más visible fue “Chile despertó”. En ese momento Piñera fue sorprendido por la realidad e hizo importantes errores. Tal conducta explica porque su popularidad bajó del 55% (de los votos) a una tasa de consentimiento situada en sólo el 20% y un margen de desaprobación del 72%. No obstante esos datos, el 39% de la opinión pública respalda el manejo oficial de las medidas contra la pandemia.

La historia política chilena no está exenta de casos similares, como el plebiscito que bloqueó la permanencia de del dictador Augusto Pinochet. Piñera es un hombre de derecha, pero está lejos de ser autoritario. El problema es que las élites sociopolíticas no percibieron a tiempo las mayores demandas sociales que fueron consecuencia del mismo éxito del sistema,  creando una crisis de expectativas y una aguda percepción de arbitrariedad política.

Aunque las movilizaciones masivas del año pasado incluyeron la presencia de grupos muy violentos (reprimidos duramente por el ejército y los carabineros), la gran mayoría de la sociedad no desea el cambio del modelo capitalista. Sólo reclama una mejor distribución de la riqueza, igualdad de oportunidades y un Estado más eficiente. En particular, mayor acción en las áreas donde los mercados crearon situaciones monopólicas y abusos de poder. Las urgencias sociales sólo buscan la modernización política, el mayor acceso a la educación, el mejoramiento del sistema de pensiones y el acceso a los servicios de infraestructura económica y social.

Sólo un sector de la extrema izquierda insurreccional demandó la renuncia anticipada del Presidente.

Para la centroizquierda superar la crisis política supone lograr un “acuerdo (multipartidario) por la paz social y la nueva Constitución”, buscando fórmulas legales más inclusivas y representativas de la voluntad de las grandes mayorías. Tal visión incluye  un nuevo contrato social.  En 2015, Bachelet ya había intentado, sin éxito, su propia gesta constituyente.

Todavía la agenda política de Chile prevé un plebiscito en el que los votantes deberán manifestar si quieren o no una nueva Constitución y sobre el tipo de órgano que debería redactarla. Para que el texto pueda considerarse como el resultado de un gran acuerdo, sus conclusiones tendrán que ser aprobadas por dos terceras partes de sus miembros y por un plebiscito complementario.

Esa hoja de ruta implica que, en un momento dramático y conflictivo de su historia, Chile busca construir un consenso para resolver las desigualdades sociales, sin dar prioridad a los intereses de sus gobernantes o de agendas partidarias.

Si la votación favorece el “rechazo”, continuará en vigor la Constitución de 1980. Para la izquierda, el proceso descripto tiene un problema de legitimidad de origen, pues si bien tal Carta Magna fue modificada en 1989, data del periodo militar y en otras ocasiones durante la existencia de gobiernos democráticos. En ese plano se inscribe la gran reforma en 2005 que dio mayores facultades al Congreso suscripta por el expresidente Ricardo Lagos, quien la consideró una Constitución democrática y consistente con el espíritu chileno.

El problema es que la pandemia obligó a postergar hasta octubre el referéndum inicial previsto para el mes de abril. Y si bien esa fecha depende de la evolución del Covid-19,  el hecho llevó a analizar la  conveniencia de seguir adelante. Hoy se habla de cómo elegir directamente a los miembros de la Convención Constituyente o de dar el mandato a los legisladores que serán electos en noviembre de 2021 (incluyendo a los nuevos partidos políticos creados desde la crisis de octubre). La moneda está en el aire.

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