Cada funcionario judicial genera un gasto de $270 millones

17 de agosto, 2020

Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el Gobierno “cometió un grosero error” con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ya que estipuló que se otorgaría un beneficio por familia, cuando en realidad no fue así. 

Alrededor de 1,6 millones de jóvenes menores de 25 años declararon vivir solos para cobrar el IFE, pero la Encuesta de Hogares del Indec indica que no más de 125.000 jóvenes urbanos de esa edad lo hacen. “Gracias a una sana actitud de escuchar y corregir, el Ministerio de Trabajo tomó las medidas correctivas”, consideró el informe. 

Pero las fallas de gestión en el sector público son mucho más generalizadas. Un área donde prevalecen prácticas administrativas extremadamente burocráticas y obsoletas es la Justicia. Una organización refractaria al uso de nuevas tecnologías y con procedimientos antiguos demanda crecientes fondos públicos para dar respuestas lentas y poco satisfactorias”, remarcó IDESA.

Y agregó: “A esto se suma la fuerte politización y las dudas sobre la probidad de muchos magistrados. Para cambiar esta realidad, el oficialismo propone ampliar la estructura judicial nombrando aproximadamente 300 nuevos magistrados y funcionarios judiciales”.

En ese contexto, el Instituto resaltó que la decisión de contratar un nuevo magistrado o funcionario judicial,  tomando como referencia un salario inicial de $300.000, la medida implica que durante la vida laboral del contratado (estimada en unos 25 años) el costo es de $145 millones en salarios. 

A eso se le agrega que, considerando el régimen jubilatorio especial del sector, cuando el funcionario judicial se retira se suman de costo otros $85 millones y, cuando fallezca, el Estado tendrá que abonarle al cónyuge una pensión por $40 millones. 

Por eso, según los datos aportados por Idesa, contratar a un nuevo magistrado o trabajador judicial es una decisión que le implica al Gobierno un compromiso de pago (sumando salarios, jubilaciones y pensiones) de aproximadamente $270 millones. 

“Por ser un empleado del Estado con estabilidad en el cargo se trata de un compromiso mucho más férreo y rígido que la deuda pública. La deuda se puede “defaultear” o reprogramar, pero el salario, la jubilación y la pensión del magistrado o funcionario judicial y su cónyuge no se pueden dejar de pagar y difícilmente se dejen de actualizar. Si se proyectan crear unos 300 nuevos cargos judiciales de alto rango, se está hablando de un compromiso fiscal de unos $81.000 millones”, aseveró el informe. 

En ese sentido, IDESA remarcó que antes de incorporar un nuevo empleado público el análisis previo debería ser “muy riguroso y transparente” y señaló que existen la tendencia a considerar como costo solo la remuneración mensual, pasándose por alto que debido a la estabilidad y otras regulaciones, la decisión tiene implicancias financieras “que perduran por varias décadas”.  

“Mientras que para las contrataciones de bienes, obras y servicios los procedimientos suelen ser muy estrictos, para la contratación de empleados públicos escasean las evaluaciones y los procedimientos son muy poco rigurosos. En el caso de magistrados y funcionarios judiciales, el costo sobre el presupuesto público es más gravoso aún, por sus elevados salarios y su régimen jubilatorio especial. Aumentando 300 nuevos cargos se agregan $600 millones anuales de déficit previsional a la ANSES en el futuro”, sentenció.

Asimismo, el informe añadió: “Para responder al legítimo reclamo de una justicia más ágil y transparente no se necesitan más jueces sino un profundo cambio de gestión. El presupuesto del Poder Judicial nacional es de $68.000 millones de los cuales el 95% son salarios. Esto explica la poca predisposición y capacidad financiera para invertir en tecnología y el fuerte apego a métodos de trabajo muy arcaicos”.

Por eso los expedientes se acumulan, las causas se eternizan y los empleados viven aquejados porque no tienen espacio físico y herramientas de trabajo. Bajo estas condiciones, y más allá de las intencionalidades políticas de la reforma propuesta, contratar más jueces implicará multiplicar los problemas”, subrayó. 

Por último, IDESA volvió a resaltar la importancia de “la actitud que mostró el Gobierno al enmendar el error en el IFE”, por lo que el Ejecutivo también debería tomar el mismo camino para reorientar la reforma sobre el Poder Judicial. 

“Para mejorar los servicios de justicia no se necesita más jueces. Lo que se necesita es replantear los procedimientos de trabajo, usar tecnologías modernas y obligar a apegarse a estrictos mecanismos de monitoreo y control de resultados. Así habrá Justicia para toda la población”, concluyó el informe semanal del Instituto.

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