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Argentina se empeña en autodestruir su futuro

No es solo el DNU sino un conjunto de medidas que desalientan la inversión y el emprendedurismo: Vicentin, la Ley de Teletrabajo, la suspensión de la Ley de Economía del Conocimiento, las críticas de la vicepresidente a Google y la embestida contra las SAS.

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26 agosto de 2020

Por Augusto Salvatto Politólogo (UCA) y consultor en Economía del Conocimiento

Vivimos en un momento de revolución tecnológica sin precedentes. El mundo del trabajo y la economía están cambiando como nunca antes, y Argentina cuenta con las mejores cartas, pero nuestra tendencia autodestructiva nos puede jugar una mala pasada.

Como suele suceder en la era digital que atravesamos, el tweet del Presidente precedió al DNU del sábado en el que se anunciaba el congelamiento de las tarifas de Internet. En un contexto en el que una parte considerable de la población pasa todo el día en sus hogares entre videoconferencias y trabajo remoto, ir en contra de las compañías proveedoras de Internet puede leerse como un intento del Gobierno de recuperar popularidad en un contexto político complicado. Pero las consecuencias de la medida pueden ser gravísimas para el sector.

El anticiclo de las políticas Paso más, paso menos, cualquier política pública debería seguir el siguiente ciclo: diagnóstico y definición del problema, formulación de alternativas con su impacto y elección de una, implementación, evaluación y rediseño en función de los resultados obtenidos. Sin embargo, en Argentina este ciclo parecería ser un poco distinto. A la definición del problema, le suele seguir la toma de una medida arbitraria un consenso ni análisis de su impacto, la construcción de un relato para justificarla, la ausencia de evaluaciones de impacto y, por supuesto, el agravamiento del problema preexistente.

Esto último es exactamente lo que sucedió con la declaración de Internet como un servicio público esencial y el congelamiento de tarifas. Sin consenso ni consultas con especialistas sobre su posible impacto, la medida probablemente tenga consecuencias contrarias a las que se buscan: un encarecimiento en el largo plazo del servicio, y la merma en la (ya de por sí bastante baja) calidad debido a la falta de inversión.

El relato oficial para justificar la medida es que, en países como Noruega y Finlandia, el Internet es un servicio público esencial, y que oponerse a ella es defender a las corporaciones y estar en contra de que los que menos tienen accedan al servicio de internet. Pero la realidad parecería ser algo distinta: el problema de Argentina no es el alcance de Internet (supera el 82% de los hogares), sino más bien la calidad del servicio y su precio. Argentina tiene un servicio de internet más caro y de menor calidad que varios de sus vecinos, y la forma de solucionar eso es abriendo el juego a mayores proveedores, y fomentando la inversión privada para mejorar la calidad. La medida tomada, por el contrario, tendrá un efecto contrario al deseado.

El futuro amenazado

La economía del conocimiento se ha posicionado, sin hacer mucho ruido, como el tercer complejo exportador argentino, empleando a más de 450.000 personas con altos salarios, y construyendo más de 30 polos tecnológicos en todo lo largo y lo ancho del país. Este sector tiene capacidad para multiplicar sus exportaciones y crear 200.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos diez años. Sin embargo, nuestro país sufre de una especie de tendencia autodestructiva, que la lleva a boicotearse a sí misma con una frecuencia llamativa.

No es solamente el DNU sobre el congelamiento de las tarifas de Internet, sino todo un conjunto de medidas que desalientan la inversión privada y el emprendedurismo, especialmente en el rubro tecnológico: La Ley de Teletrabajo, la -en principio- fallida estatización de Vicentin, la suspensión de la Ley de Economía del Conocimiento, hoy cajoneada en el Senado, las críticas de la vicepresidente a Google y la embestida de la IGJ contra las SAS, entre otras.

Por su parte, esta semana Chile lanzó la primera licitación de espectro para la tecnología 5G de América Latina, y países como Uruguay y Paraguay están buscando atraer a los emprendedores y empresas tecnológicas argentinas para instalarse allí mediante ventajas y beneficios impositivos.

Mientras tanto, el 80% de los niños que hoy están entrando al colegio primario (y que conformarán la fuerza laboral argentina hasta 2080) trabajarán en actividades que aún no se han inventado, y no existe un plan para formarlos en habilidades digitales.

Al mismo tiempo, tampoco hay una idea clara sobre cómo reconvertir el 60% de los empleos argentinos que según un estudio del BID corren riesgo de ser automatizados. Regular lo innecesario y no planificar el futuro parecerían sellos distintivos de una Argentina que se autoboicotea una y otra vez.

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