Violencia de género: una perspectiva desde el papel de los auditores internos

2 de julio, 2020

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Por Ana Claudia Amorosi Socia del Instituto de Auditores Internos de Argentina (IAIA)

Según fuentes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, durante la pandemia ocasionada por el Covid-19 se han incrementado 39% los ya previamente alarmantes pedidos de ayuda por violencia de género en Argentina.

Adicionalmente, Florence Raes, Representante de ONU Mujeres para Argentina y Paraguay, afirma: “En América Latina, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha padecido violencia física y/o sexual en una relación íntima a lo largo de su vida y una de las principales estrategias de control de los perpetradores de violencia doméstica es la de aislar a la víctima. La cuarentena y las medidas de aislamiento para prevenir el Coronavirus pueden generar mayores riesgos para las mujeres que viven en situaciones de violencia doméstica. Si bien en la región se han potenciado las líneas de atención de casos de violencia, estos han incrementado y los femicidios no cesan. Se trata efectivamente de otra pandemia a atacar. Es fundamental tener datos disponibles, más refugios y protocolos específicos, apoyar a las organizaciones y redes de mujeres, y la capacitación de la policía”.

En este artículo, me centraré en el rol de la policía, una de las principales barreras de contención y apoyo para este flagelo, y en cómo un proceso de auditoría interna multidisciplinario puede mejorar dramáticamente la efectividad del servicio que brinda.

En varias provincias de Argentina existen centros de orientación a la víctima de violencia familiar y sexual, también llamadas Comisarías de la Mujer, que dependen de los Ministerios de Seguridad y, aunque sus responsables suelen ser comisarios de alto rango formados/as en seguridad, encontramos gran cantidad de los mismos especializados en el área administrativa con cursos adicionales en temáticas de género o sólo en el manejo de comisarías. Esto es así en Argentina y en varios países como Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Costa Rica, Venezuela, Nicaragua, por nombrar algunos. Estos centros de orientación son la primera esperanza de la mujer, los niños y la familia (aunque también hay hombres sujetos de violencia, estadísticamente y por una cuestión de fuerza, los integrantes más vulnerables suelen ser las mujeres y los niños). Una auditoría de los mismos, revela gran cantidad de oportunidades de mejora que se traducen, lisa y llanamente, no sólo en vidas salvadas sino en esperanzas recuperadas. Pero, ¿cómo sería una auditoría de este tipo? En cualquier auditoría, a grandes rasgos, los auditores analizamos la normativa interna y externa del área a auditar, nos enfocamos en los procesos para evitar superposición de roles, fraudes, ineficiencias de tareas o actividades innecesarias, gestión de los recursos, humanos y materiales, evaluamos los circuitos para resguardar la información o la confidencialidad de la misma, evaluamos también factores socio-ambientales, tiempos de respuesta y claramente también estamos preparados, con un equipo de auditoría especializado, para trasladar esta visión al mundo social porque una gran cantidad de estas tareas puede ser evaluada en cualquier ámbito. La diferencia es que, al auditar estas áreas, necesitamos un equipo que incluya psicólogos especializados en violencia de género, abogados, y asistentes sociales, entre otros, siempre liderados por un auditor especialista, para aportar una visión de 360° a la problemática.

La cuestión de género nos atañe a todos, la responsabilidad que conlleva una auditoría en esta área sin duda requiere una visión especial porque en ésta, así como en cualquier área en la cual van destinados recursos del estado, el uso de esos recursos es una cuestión fundamental que trasciende las cuestiones de fraude o ineficiencias, y llega al corazón de los valores que tenemos como sociedad. En este proceso, lo que estamos auditando es la posibilidad de vida o de dignidad de los miles de personas que acuden a estos centros como primer indicio de algún malestar, por lo que si usted no tiene pasión por lo que hace y es sólo un auditor “mecanicista” (que sólo compara “documentos con hechos”), este tipo de auditorías no es para usted.

Una vez efectuada la auditoría, y partiendo de la base que las acciones correctivas planteadas son objetivas (el único estandarte del auditor interno debe ser, en este caso, el de los derechos humanos universales), llegamos al punto de implementar las sugerencias planteadas. Las respuestas que las autoridades competentes den a las acciones correctivas emanadas de una auditoría de este tipo descubren si realmente están comprometidas con la causa, o si lo suyo es sólo una cuestión de palabras vacías.

¿Qué auditamos?

1. La cantidad de denuncias y el tiempo de recepción de estas o tiempo de espera. Las víctimas en general “escapan” de su victimario, muchas veces con sus hijos a cuestas y tienen poco tiempo para volver antes que su victimario note su ausencia, por lo que una demora de horas disuade a cualquiera.

2. Relevamos si el personal tiene la capacitación necesaria para atender a la víctima, o si simplemente la tratan como a cualquier denunciante de un hecho delictivo común.

3. Tomamos nota de los centros a los cuales hay que trasladar a determinadas víctimas, y la capacidad de traslado del centro de atención.

4. En los casos que amerita, evaluamos si fueron tomadas las medidas cautelares solicitadas a la justicia.

5. Evaluamos los horarios de atención y la cantidad de recursos asignados a las guardias pasivas y fines de semana.

6. Entrevistamos al equipo interdisciplinario (en estas comisarías trabajan en ocasiones psicólogos, abogados y asistentes sociales) para evaluar si hay un seguimiento cercano de los casos de violencia, o si sólo figuran en la nómina sin asistir.

7. Solicitamos información de las casas de albergue (si las hubiera) o de la relación entre estos centros de denuncia y las intendencias. Si tienen casas de albergue, visitamos las mismas para evaluar las condiciones medioambientales.

8. Evaluamos la disposición de los recursos humanos, por ejemplo si hay personal asignado a cuidar a los niños mientras la víctima efectúa la denuncia.

9. Auditamos si existe confidencialidad de la información, lugar donde se toman las denuncias y si están apartadas las mesas donde se toman las mismas.

10. Evaluamos la distribución edilicia, atendiendo a que las salas de niños deben estar alejadas de las calles y los profesionales (psicólogos, asistentes sociales u otros, estén cercanos y atentos por si hay víctimas graves).

11. Evaluamos los kits de seguridad médica con que cuentan y sus fechas de vencimiento.

12. Evaluamos los recursos para trasladar a las víctimas, constatamos que del área judicial atiendan en tiempo y forma a las solicitudes según la disposición provincial.

13. Revisamos que las denuncias judiciales, que deben ser realizadas cuando se toman denuncias anónimas, sean llevadas a cabo de oficio.

14. Evaluamos la proporción de hombres trabajando en estos centros, ya que si deseamos no discriminación, la conformación de estos centros de atención debe estar proporcionalmente conformada.

15. También tomamos casos aislados y evaluamos si los procedimientos fueron correctos.

16. Recomendamos. No es raro encontrar edificios en malas condiciones, personal poco capacitado y desmotivado, falta de recursos, así como desidia en la justicia para actuar con rapidez. Es usual que muchos días nos encontremos que la toma de denuncias se retrasa por horas.

Pero tampoco es raro encontrar personal que le pone pasión y profesionalismo a su trabajo, y que lucha día a día con la falta de incentivos y recursos, que no se han perdido sensibilidad ante la angustia y desesperanza y ponen todo de sí mismos para ayudar a la víctima.

La iniciativa Spotlight (alianza global de la Unión Europea y las Naciones Unidas orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas) es un dato alentador de cara al futuro, pero no es suficiente.

En un artículo del pasado febrero publicado en el Observatorio de Violencia de Género, se menciona que ninguna de las 10 mujeres asesinadas hasta esa fecha en el año 2020 había denunciado a su agresor. Para el 13% de las víctimas uno de los motivos principales para no denunciar es el miedo a no ser creídas en el sistema de justicia, y para otro 28% el motivo es la inseguridad tras presentarla. La denuncia es la mejor forma de proteger a las mujeres de la violencia machista, por ello, es importante que el lugar donde se realice (las comisarías de la mujer o de género) brinde un servicio impecable.

Los especialistas en auditoría interna podemos aportar, y mucho, para pasar a políticas de acción en lugar de políticas de discurso. Luchamos contra siglos de machismo y de subordinación de la mujer al hombre, pero esta es una batalla que se puede ganar si se usa la estrategia adecuada. ¿Qué esperamos para lucharla?

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