Por Fernando Navajas Economista de Fiel
A fin del año pasado decidí aceptar una invitación para asistir en septiembre próximo a una conferencia europea y en donde presentaba un trabajo sobre infraestructura y crecimiento. El lugar de la conferencia era la Universidad de Bérgamo en Italia. Por supuesto que la conferencia se pasó a marzo de 2021 y en otro lugar. Pero no solo eso. Mi trabajo también cambió hacia un tema que en diciembre yo ni siquiera sabía que existía (ver https://ssrn.com/ abstract=3633500).
No hubiera tenido forma de anticipar que Bérgamo iba a ser la Hiroshima de una nueva pandemia mundial, ni mucho menos que yo me iba a dedicar a estudiar un modelo epidemiológico que iba a sustituir mi trabajo en esa conferencia.
Esta introducción es una simple muestra de que lo que significa la incertidumbre sistémica y “lo que no sabemos que no sabemos”. En diciembre pasado tampoco hubiéramos tenido forma de anticipar las disyuntivas de política económica que se presentaron a partir de marzo. Pero sí existían algunos puntos críticos que hoy están vigentes a pesar de la irrupción de la pandemia.
Uno de ellos era la importancia de cerrar un acuerdo de la deuda externa en Nueva York tal que permitiera favorecer un contexto de reflujo voluntario de capitales al país (por parte de argentinos). Esto todavía está pendiente, y si bien pueden quedar secuelas costosas, se avanzó y luce algo más cercano.
El otro gran tema de diciembre era que se necesitaba un programa macroeconómico que -en coordinación con un plan de desarrollo general y sectorial- brinde un horizonte concreto para anclar expectativas y favorecer la inversión y el crecimiento. En esto último no sólo no se avanzó, sino que ahora luce como algo cada vez más lejano.
Antes de terminar el artículo acá sería mejor explicar porque hoy se necesita un esquema macroeconómico explícito, más que antes. La hipótesis más probable y objetiva de la evolución de la pandemia y de la reacción por parte del Gobierno presagia varias etapas de aparición, duración e intensidad inciertas a lo largo de ese período. Como va a ser difícil encontrar una política sanitaria que controle el desarrollo de la enfermedad -en ausencia de vacunación masiva- sin apelar a restricciones que afecten el desenvolvimiento de la actividad económica, en especial en el sector de servicios, la incertidumbre del “no-control” se va a trasladar a la economía. Y lo va a hacer no sólo por los efectos directos de las restricciones, sino por aquellos causados por las políticas compensatorias, principalmente fiscales y monetarias y por los efectos que la incertidumbre va a tener en las decisiones de consumo, ahorro, producción, empleo y, sobretodo, inversión.
En este contexto se necesita organizar una respuesta de política económica que esté bien coordinada desde lo macroeconómico e involucre muchas decisiones y acciones con efectos de corto plazo y que actúen sobre expectativas. Y que sostenga la demanda de pesos y de activos domésticos, dada la necesidad de financiarse con emisión e impuesto inflacionario.
La fórmula ideal para enfrentar estos problemas, en aceptación de que se está frente a una situación cambiante o incierta y con shocks que van a ir y venir, es plantearse algún régimen deseado que funcione como un blueprint indicativo de hacia dónde se quiere o espera converger cuando se salga de este cono de incertidumbre que nos va a acompañar. Esto es esencial para el anclaje de expectativas.
Todos los temas relevantes para la economía deben ponerse bajo este formato prospectivo. Frente a la naturaleza y magnitud de la crisis es necesario que existan acciones que sean consistentes con retornar a la estabilidad fiscal y monetaria y defender a sectores vulnerables, pero sobretodo introducir reformas destinadas a hacer frente a las consecuencias de la destrucción de empresas y empleos en el sector de servicios y para promover la inversión y el desarrollo tecnológico. Son estas reformas, y un programa de infraestructura, los que van a actuar sobre expectativas allí donde ello debe ocurrir.
Dos de estas reformas son para mí hoy fundamentales. Una es pensar en una agresiva política de desregulación económica (dado que los costos de regulaciones por el distanciamiento y los nuevos protocolos van a aumentar) y de cargas tributarias y regulaciones laborales en el sector de servicios. La otra es promover un shock de productividad en el sector industrial a partir de un mayor equipamiento y robotización. Esto es importante para la industria porque el shock del Covid-19 y los protocolos de distanciamiento frente al mismo equivalen a forzar una subutilización de la capacidad instalada y conducen a un desequilibrio entre trabajo, maquinaria y espacio de planta preexistentes, que solo puede ser resuelto con un shock compensatorio de productividad. Los sectores transables (agro y energía) que tienen elevada productividad merced a recursos naturales no sufren este problema y tienen que ser la proa de la expansión para obtener dólares. La industria es el lugar en donde la productividad tiene que elevarse para que los sectores sean competitivos en una economía que debe permanecer abierta al comercio. Y el sector de servicios es el que debe contar con regulaciones y cargas laborales tributarias, muy bajas o nulas, que eviten la mortandad de empresas, hagan aparecer muchas otras y que sean pro-empleo a más no poder. El sector de servicios es la fuente de ingresos de una amplia clase media (que ahora sufre una redistribución en su contra) y es la única puerta grande de entrada a la modernidad de sectores aislados del sistema económico.
Dicho todo esto, ahora viene la parte más dura de esta nota. Y es la parte en donde después de decir porqué hoy es, más que antes, necesario tener un programa macroeconómico y un plan de desarrollo, uno sospecha que nada de esto va a ocurrir por una razón que tiene mucho más que ver con la evaluación político-electoral que va a seguir el Gobierno. Hacer un programa amplio es una apuesta compleja por varias razones. En cambio, jugar a extender el actual statu quo, evitando que la economía se desestabilice, va a llevarnos a un inevitable rebote en 2021 que el electorado va a evaluar como el tercer logro del Gobierno, después de haber hecho un arreglo de la deuda y haber protegido vidas (en comparación con otros países vecinos) frente a la pandemia.
Esto es jugar a la estrategia del rebote del gato muerto. En la jerga económica esta expresión (que una vez usó Anne Krueger para referirse a Argentina en 2003 y se equivocó) se refiere apostar a la recuperación de algo que se va a caer pero que puede rebotar por un rato antes de volver a su tendencia subyacente. Esto es lo que indican los incentivos cortoplacistas, que necesariamente mandan en la política electoralista cuando hay que construir el poder que no se tiene o que se quiere conservar.
