Por Jorge Riaboi Diplomático y periodista
El doctor Alfredo Palacios, primer diputado socialista de América Latina (1904) y uno de mis sabios profesores de derecho constitucional (FCE-UBA), solía decir que “?ciertas cosas no se contestan, se pasan por alto”. O “la tolerancia no es debilidad”. Tal perspectiva ayuda a recapacitar objetivamente acerca del despiste e ineptitud del Gobierno de Mauricio Macri, cuyos protagonistas se limitaron a esperar durante cuatro años el milagroso segundo semestre que nunca llegó, como si fueran personajes de la célebre pieza teatral “Esperando a Godot” (estrenada en 1953). También sirve para catalogar el mayúsculo desatino del presidente Alberto Fernández, quien dijo no creer en la utilidad de los planes económicos.
De ello se deduce que las sesenta medidas que el actual gobierno espera lanzar en las próximas horas podrían no exhibir la senda de responsable consistencia, precisión y viabilidad que necesita cualquier decisión política para ser creíble y referencial entre los actores nacionales y extranjeros que tienen intereses contractuales, políticos, estratégicos, sociales o culturales con Argentina. Un plan económico es, por definición, una de las indispensables boyas del cálculo económico y social, lo que convierte en mala noticia saber que el tema le resbala al primer mandatario.
Pero cualquier democracia está obligada a respetar la fe y el nivel de conocimientos de los gobernantes que elige, bajo el precepto filosófico de que el calavera no chilla. Este es el Gobierno que seleccionó por cuatro años la mayoría transitoria de poco más de 50% de los votantes argentinos. La fe o descreimiento presidencial es un elemento dogmático, ya que pone sobre la mesa lo que uno cree o descree, con plena conciencia de que no es habitual ir a la iglesia para renegociar los términos de nuestra fe o la falta de ella. Por eso esta columna se limitará a reflexionar sobre las ideas que en estos días mascullan otros líderes mundiales y cómo nuestra disonante boutade nos aleja del temario prevaleciente.
Lo que sí debo poner de relieve, es que tanto la post-pandemia como las nuevas políticas de recuperación van a incidir muy negativamente sobre el verdadero acceso a terceros mercados y sobre el nivel de intercambio global que se avecina (ver mi columna anterior).
Una segunda observación nos coloca en el sustantivo diálogo de la Revista American Quaterly con el exembajador de Brasil en Washington, Sérgio Amaral, quien con la singular brillantez de los colegas de Itamaraty, explicó que su país sigue con mucho retraso la historia, por cuanto ahora que el resto del mundo se encamina a la planificación y a otra clase de injerencia del Estado en las decisiones, la cúpula de Planalto y su equipo económico decidieron jugar la carta del aperturismo unilateral. Y aunque mis lectores saben que esto no me sorprende, tranquiliza el ver que nuestro análisis sigue conectado al planeta tierra.
Como destaqué la pasada semana, el candidato presidencial Joe Biden está pensando en definir planes económicos con nuevas líneas rojas y la introducción de una estrategia muy parecida a una política industrial para los Estados Unidos, un ejercicio que incluye el determinar las ventajas o inconvenientes de establecer la supervisión oficial de los niveles de abastecimiento de los insumos críticos para el desarrollo de su industria y redefinir el papel de las cadenas de valor, lo que lleva a repensar los vínculos con China, México, India y el resto del Asia. Esa inquietud es una forma de darle mayor entidad a la economía real, algo que las autoridades económicas del Mercosur suelen entender a medias y con el chip equivocado. Según el Financial Times de ayer, Alberto Fernández pensaba lo mismo antes de asumir.
Hasta ahora Trump venía manejando la política comercial estadounidense con visión mercantilista y con el concepto de comercio administrado como el que trasuntan las leyes de comercio aprobadas en 1962 y 1974. Donald se volcó con armas y bagaje a oxigenar el salvaje unilateralismo que hoy transpira el flujo del comercio de los Estados Unidos, desparramando subsidios agrícolas y atrocidades reglamentarias a lo bobo.
Por el lado del Viejo Continente, el menú se está poniendo espeso. Una de las patas económicas del futuro socio potencial del Mercosur (sigo pensando que Europa va a matar el borrador de Acuerdo birregional, tema que reservo para una próxima columna), es la Política Agrícola Común (PAC en castellano o CAP en inglés) de la Unión Europea, un sofisticado mecanismo proteccionista que nació en 1962, cuatro años después de la firma del Tratado de Roma (1958). Esa Política tiene la explícita finalidad de poner a los productores rurales fuera de los avatares de la competencia internacional, el motivo más relevante del inaceptable nivel de concesiones que la UE concedió al Mercosur en las negociaciones que pararon en junio de 2019. En estos momentos, y con algunas demoras, Europa discute las metas y los mecanismos que serán aplicados en el marco de la PAC del período 2021/27.
La novedad de los planes comunitarios no se limita a las cuestiones ambientales, climáticas y agropecuarias, sino a la erección de una política industrial muy activa. Según la opinión del Comité de Ocupación (o Empleo) y Asuntos Sociales sobre el proyecto que circula en el Euro Parlamento (24/7/2020), sería necesario computar los siguientes elementos (la enunciación es sólo ilustrativa).
Al igual que se hizo con la agricultura, ahora la dirigencia política de la UE tiende a reivindicar la necesidad de priorizar el papel de la industria, con clara conciencia de que el 65% de los niños que hoy llegan la escuela primaria tendrán salidas laborales en actividades que aún no existen. La industria de la UE ocupa a 35 millones de personas y genera el 80% de las exportaciones totales de la región. El 50% del PIB es producido por pymes.
Los nuevos planes se encaminan a preparar a las actuales y nuevas generaciones para trabajar con inteligencia artificial, a reconocer que la actual pandemia va a dejar sin trabajo a 5 millones de personas y que el 7% de la actividad industrial no espera reabrir sus puertas. En todos los casos, las opiniones de los Comités recogen el mantra de que las nuevas políticas deberán absorber, escalón por escalón, su aporte al Pacto Verde (Green Deal) que impulsan las autoridades de los tres órganos máximos de la UE: la Comisión, el Consejo Europeo y el Euro Parlamento.
En esos peldaños empieza a repetirse la noción de que la nueva Europa tendrá que reducir su dependencia extranjera en materia alimentaria (producir con elevado costo a nivel local sustancias proteicas y fomento a ultranza de la agricultura orgánica, lo que para el Euro Parlamento incluye importar menos soja de Estados Unidos, Brasil y Argentina). Asimismo, la maquinaria reguladora se propone subordinar el comercio a las reglas comunitarias (lo que de movida puede ser ilegal en la OMC si en las áreas relevantes aún no existen normas multilaterales de naturaleza contractual sobre el tema, cosa que nuestros entusiastas negociadores no parecen entender debido a las simpatías por la corrección política, no por la realidad); respetar la nueva noción de Autonomía Estratégica, sobre la que se debería pedir oficialmente explicaciones en el marco de la OMC y otras cositas que dejo para más adelante.
Otro de los objetivos es eliminar no más allá del 2030, la producción de carbón en el territorio de la UE, lo que implica dejar sin trabajo a unos 160.000 mineros. Ello entraña dos problemas: conseguir la aquiescencia de las naciones con alta oferta de ese producto, entre ellas Polonia, y crear ocupación alternativa en industrias limpias o actividades circulares consistentes con la onda verde. En este aspecto sería de gran interés saber con qué energía se alimentará una de las plantas más recientes que construyó Alemania tras su drástica decisión de abandonar la energía nuclear, medida que fue inspirada por la catástrofe japonesa de marzo de 2011 que arrasó la planta de Fukushima Daiichi. Obviamente, habría que saber cuál es el futuro de la explotación y comercio de carbón en exportadores tradicionales como Australia, por lo que la limpieza de los sistemas ecológicos del Viejo Continente dependería del cambio de combustibles o de la continuidad de actividades tóxicas de producción carbonífera en otras regiones del planeta.
La UE dice tener gran interés político en ser un partícipe más activo en las cadenas de valor, así como en preservar la apertura comercial de estas actividades con reglas específicas a negociar en la OMC. Sobre el particular, es conveniente prestar atención a quienes se proponen hacer un Sistema Multilateral de Comercio de dos velocidades y romper lanzas con el principio de Nación más Favorecida (NMF), o sea el Artículo I del GATT.
Lo que pide Washington es que el nuevo Director General de la OMC, que se está eligiendo en estos días, sea una persona con capacidad y estómago para impulsar la inclusión de las reglas sobre Acuerdo Regionales de Integración a cualquier decisión y eliminar el enfoque de que los beneficios de los acuerdos plurilaterales, o sea los que atañen a derechos y obligaciones de los miembros que negociaron la cosa, dejen de ser automáticamente extensibles sin cargo a todos los no participantes.
En castellano, si un nuevo acuerdo de servicios tiene 50 miembros, esos miembros podrán gozar sin compartir con nadie los derechos, obligaciones y las concesiones negociadas en tal ejercicio. Ello supone eliminar los beneficios para los otros 114 miembros de la OMC que no se metieron en tal Acuerdo. Y esto que parece sencillo equivale, o al menos hasta el presente solía equivaler, a varias explosiones nucleares. ¿Entrarán en esa los europeos? No lo sé. Mi pálpito es que sí, ya que la UE suele ser muy pragmática a la hora de ponderar sus intereses. Dejo este punto en veremos y sugiero prudencia oficial en su tratamiento. En lo inmediato, la UE se propone alcanzar el mayor grado de autosuficiencia regional en equipos, instrumentos médicos, como los que se utilizaron y aún se utilizan para controlar la reciente pandemia. Además, propone desarrollar las tecnologías informáticas, en materia de ciberseguridad y telecomunicaciones, lo que es un más de lo mismo, salvo el debate sobre la aplicación de gravámenes fiscales a empresas de la índole de Google, Facebook y otras cadenas de “beneficencia global”. Hasta la semana que viene.
