Por Pablo Mira Docente e investigador de la UBA
L a desaceleración de la inflación ocurrida en los últimos meses dio lugar a dos respuestas virtualmente opuestas. De un lado están quienes ven en esta tendencia una estabilización desde el punto de vista de la coyuntura, y una refutación a la teoría monetarista estándar que predice que la emisión excesiva debería dar lugar a mayores subas desde el punto de vista teórico. Del otro se advierte que esta desaceleración es simplemente el preludio de tiempos de inestabilidad por venir, pues tarde o temprano la mayor liquidez terminará impactando en la nominalidad de la economía (y de paso, verificará la teoría monetarista). El debate es de interés, pero requiere identificar como punto de partida qué dicen los datos. Debido a que la actividad económica se desplomó, la medición de los precios se volvió una tarea dificultosa, y los números deben ser analizados con cuidado.
Del lado de la oferta, existen un conjunto de limitaciones evidentes. Por una parte, con actividades afectadas por las regulaciones mucha oferta de bienes y servicios no está disponible al público. En algunos casos podría ser posible conocer algunos precios estipulados en unas pocas ventas realizadas por delivery, pero el criterio de determinación de los precios no es comparable al que ocurre bajo condiciones típicas. Por la otra, el impacto de las restricciones no es el mismo en todos los rubros, lo que induce estrategias de precios diferenciadas según el negocio. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se construye a partir de una muestra representativa de negocios y productos en función de su relevancia en el consumo. Las regulaciones, sin embargo, alteran la oferta y sesgan participación a favor de los alimentos y de otros bienes específicos como los farmacéuticos.
El impacto se traslada también a las decisiones de demanda. Aun cuando fuera posible la compra a distancia, el gasto en ciertos bienes durables se ha resentido debido a la drástica caída del ingreso y a los cambios en las prioridades de gasto. Las modificaciones en las preferencias de gasto de los consumidores son moneda corriente, pero para la elaboración del IPC se considera que estos cambios se producen lentamente. De este modo, las ponderaciones de gasto se recalculan aproximadamente cada 10 años, y entre cálculo y cálculo se asumen constantes.
Es cierto que cuando ocurre un shock de la magnitud que estamos viviendo ya no es posible ignorar estos cambios, pero esto no significa que obligatoriamente deban recalcularse las ponderaciones. De hecho, sería absurdo intentar llevar adelante una nueva encuesta de gasto para determinar el impacto de la pandemia. Los mismos problemas que impiden calcular los precios impedirían también reestimar las ponderaciones. Más aun, siendo las regulaciones redefinidas cada 15 o 20 días, en poco tiempo esos pesos pueden cambiar nuevamente, volviendo todo el proceso vano.
Para eludir estos problemas, el Indec decide imputar los precios faltantes. Si bien el procedimiento de imputación tiene sus complejidades técnicas, en esencia lo que se asume es que los precios faltantes suben al mismo ritmo que el resto de los precios que sí se observan. Esta limitación metodológica genera un “sesgo” transitorio (el “sesgo de Laspeyres”), porque se consume más de aquello que se puede consumir. Por ejemplo, si hoy el público gasta menos en “alimentos fuera del hogar” y más en “alimentos para el hogar”, estos últimos podrán convalidar subas de precios mayores. Pero luego el IPC ajusta el precio del primero al mismo ritmo que el segundo, cuando en la práctica la menor demanda podría suavizar los aumentos de precios en bares o restaurantes.
Es posible entonces que por razones técnicas el IPC esté reflejando en estos meses inevitablemente aumentos algo exagerados en algunos rubros, aunque la alternativa de no reflejar ningún aumento de precio donde no hay oferta o demanda es claramente inferior. En todo caso, el IPC de estos meses no representa las fuerzas normales que operan sobre una economía afectada por una perturbación, sino la respuesta (necesariamente imprecisa) de tener que estimar una dinámica de precios con restricciones que son transitorias y heterogéneas.
