Las palabras y las cosas

10 de julio, 2020

Por Carlos Leyba

En la reunión anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Alberto Fernández hizo una manifestación que esperamos sea identificatoria de un programa. Más adelante la cita y antes y al respecto, una breve digresión que vacila un temor. Veamos.

En los últimos días a varios comunicadores radiales les ha invadido una pasión orteguiana: el recuerdo de conceptos como aquél de “argentinos a las cosas”.

La relación con la manifestación del Presidente, que a continuación citaremos, es que las palabras ciertas si no van acompañadas de los hechos que las transforman en políticas, se convierten en inciertas y peligrosas. Los hechos son “las cosas” de Ortega.

Un dirigente político en el poder es alguien que, a sus diagnósticos, acompaña con disposiciones, recursos, propuestas legislativas. Esos son sus hechos.

Palabras ciertas, pero vacías, de materialidad representan un paso atrás. ¿Por qué?

Me explico. En las últimas décadas algunos gobiernos han abusado del lenguaje de transformación, pero han llevado a cabo políticas regresivas. Un ejemplo es el discurso de Cristina Kirchner que sostenía la voluntad de construcción de un “modelo de acumulación de matriz diversificada con inclusión social”.

No hubo propuesta ni materialización de acumulación (baja tasa de inversión reproductiva), la economía estuvo a años mil de un proceso de diversificación (primarización de las exportaciones) y la inclusión social fue la exclusión del sistema de trabajo productivo (crecimiento del empleo público, cuentapropismo, tabajo en negro) asistido por las políticas sociales.

Los problemas que encierran los paréntesis no son “culpa” original de los gobiernos K.

La responsabilidad K es que, habiendo contado con condiciones excepcionales de términos del intercambio (oportunidad económica) y un aparato de poder y control político extraordinarios (oportunidad política), no creó bases materiales de transformación de las causas que generan los males de la baja tasa de inversión, la primarización de las exportaciones y la destrucción de la distribución primaria (salarios) lo que implica el acudir al empleo público, al cuenta propismo y al trabajo en negro, como únicas alternativas al sistema de transferencias públicas para la supervivencia.

La consecuencia hipernegativa ha sido que las voces de los adversarios de las transformaciones (acumulación productiva e inclusión social) han utilizado el inevitable fracaso de esas regresiones reales, encerradas en discursos transformadores, como argumento para sostener que las políticas transformadoras invocadas fracasan.

Esta digresión viene a cuento porque la identificación que ha hecho el Presidente de su credo político económico aún no ha sido acompañada ni remotamente por los hechos.

Dijo Fernández: “Los grandes países fueron los que desarrollaron industrias” y con toda lógica sostuvo que el país “debe industrializarse al máximo” y “potenciar el desarrollo tecnológico del campo, donde somos líderes en el mundo”. He ahí un credo político.

Conceptualmente es un salto notable con respecto a las visiones dominantes.

En las últimas décadas lo que se ha sostenido desde el poder político, tal vez no en las palabras pero sí en los hechos, es que no debía ser “la industria” protagonista del desarrollo nacional.

Ese discurso se ha sintetizado en “no hay alternativa” para justificar la destrucción de todos los sistemas de promoción y de protección del desarrollo industrial y también del desarrollo tecnológico de nuestro campo.

Quienes han sostenido está posición, definible como desindustrializante, se han basados en la peregrina negación que haya sido la industria (las políticas estatales de promoción y protección de su industria nacional) el motor de la historia de la expansión de los grandes países.

La realidad historica es que esa expansión, como consecuencia de la administración de las políticas estatales de promoción y protección de los trabajadores, se convirtió con el paso del tiempo y el avance de los sistemas democráticos y su institucionalización, en lo que llamamos los Estados de Bienestar que caracterizaron lo que Jean Fourastie bautizó como los “30 gloriosos años” de la posguerra en Occidente.

En los países periféricos también vivimos ese período.

En nuestro país fue el período de 30 años de mayor crecimiento del PIB por habitante del Siglo XX.

A ese período sucedió el período largo de 46 años en el que estamos y en el que el PIB por habitante ha crecido 0,2% acumulativo anual, tasa a la que la duplicación del PIB por habitante demorará 390 años (M. A. Broda).
En la reunión de ACDE se expresó, desde distintas perspectivas, la preocupación colectiva que surge de este largo proceso de deterioro que, en lo que va del Siglo XXI, ha sufrido la recesión 1999 (caída del orden de 20%); 2008 (caída de 10%); 2018-2019 (6%) y la que estamos atravesando de 20%.

Hoy le cabe Alberto Fernández marcar un rumbo y colocar los mojones de salida.

Cuando dijo “industrializarse al máximo” y “potenciar el desarrollo tecnológico del campo” marcó un rumbo.

No fue un discurso acerca de aprovechar “las oportunidades”, tipo Vaca Muerta, el litio, el turismo. Las actuales condiciones y las inmediatas futuras no permiten esas generalidades y exigen precisiones en términos de mojones.

Uno de sus más próximos colaboradores, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en una presentación repasó los aportes realizados por el Gobierno Nacional y los créditos subsidiados, destinados a paliar las consecuencias de la cuarentena productiva que, en algunos sectores, lleva más 100 días.

La ayuda ha sido y es importante y más allá de los problemas de delivery que se han producido, es (es comparando con los países desarrollados) proporcionalmente menor.

El juicio será preciso al salir de la cuarentena, cuando contabilicemos cuantos agentes y cuanta organización del capital ha subsistido y a qué velocidad se producirá la recuperación de los niveles previos.

El juicio sobre la eficiencia de la política de asistencia al sistema económico dependerá de la velocidad de la recuperación.

“La absorción real” de los recursos públicos destinados a la asistencia del sistema, dependerá de la velocidad de la recuperación. La mejor absorción de los recursos líquidos creados sin agregación de valor es la que se produce cuando el aparato productivo la absorbe con mayor valor agregado. No lo podremos saber hasta el final del proceso.

Puede ser que, si esos recursos han sido insuficientes, la pérdida de capacidad de oferta futura, como consecuencia de la insufiencia de recursos de mantenimiento, genere un déficit de absorción real y obligue a torsiones financieras que prorrogaran los procesos recesivos que venimos sufriendo desde comienzos del siglo. No lo sabremos hasta el final.

Kulfas, en esa presentación, señaló que “41 millones de personas (91% del total) vive en un hogar en donde algún miembro percibe algún ingreso por parte del Estado”.

Esta referencia dramática potencia la afirmación anterior respecto a la necesidad de generar un proceso productivo de absorción real que ya, al menos normativamente, debería estar en marcha.

Esta situación, que refleja el descomunal deterioro de la estructura social, habla de una administración solidaria que nadie puede dejar de aplaudir. Pero al mismo tiempo habla de una situación insostenible y escandalosa.

En una economía que lleva un estancamiento de largo plazo (0,2% de crecimiento promedio por habitante en 46 años ) y cuatro caídas en lo que va del siglo (20%; 10%; 6% y 20%), esta situación social de extrema dependencia de las políticas de asistencia, es insostenible y moralmente inaceptable.

El trabajo es un derecho y es un valor de la realización personal y colectiva.

Los datos señalan que hemos perdido el trabajo como condición central de la organización social. No ha sido esto la consecuencia de una fatalidad natural, si bien la pandemia ha profundizado ese proceso, sino de ausencia de rumbo y decisiones equivocadas que llevan décadas.

Un elemento central en esa ausencia y en esa suma de errores, ha sido la estrategia de desindustrialización, a veces explícita y siempre implícita, a lo largo de cuatro décadas. No hay sistema que pueda resistir ese proceso de demolición.

Argentina es quizáz el único país que no cuenta con un sistema de promoción y financiamiento de largo plazo de la inversión reproductiva, ni de un diseño orientativo del largo plazo que refleje un consenso con alta probabilidad de continuidad.

En esas condiciones las incertidumbres se multiplican. A veces están las palabras, pero no han estado “las cosas”.

Kulfas, en esa presentación, señaló que debemos “exportar más”. Cierto.

La pregunta es cuál es la política para exportar más, con retenciones a una industria en la que el 60% de los insumos son importados.

Dijo: “No hay futuro sin políticas productivas” y que esas políticas deben ser “de desarrollo regional”. Cierto. Pero, ¿cuáles son? Su necesidad no admite dilaciones.

Afirmó que “sin inversión privada no mejoraremos la productividad”. Cierto. Pero, ¿cuáles son los incentivos a la inversión que genera más productividad?

Señaló: “La apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente”. Entonces, ¿cuál es la manera inteligente del balance deficitario de la industria de US$ 30.000 millones anuales?

Otra vez Ortega. Muy bien los conceptos presidenciales y las menciones ministeriales pero, mientras tanto (más allá de las mejoras coyunturales relativas al pasado que mencionó el ministro en esa presentación) Argentina sigue siendo la misma, en términos estructurales, legislativos e institucionales, que viene derrapando y dejando millones de argentinos condenados a la “generosidad” de un Estado exhausto.

Y no dejará de ser la misma hasta que no se instrumente, con normas, la transformación estructural que pasa esencialmente por la reconstrucción del derrotero industrial. Hasta ahora hay palabras, pero no están las cosas. Y eso puede ser un boomerang.

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