La tentación oriental

28 de julio, 2020

Por Yamil Santoro y Sebastián Cao 

 

Mientras desde este lado del río, algunos sectores del oficialismo no desisten en sus ideas de gravar a las altas fortunas y a las empresas que han sorteado airosas la cuarentena, aunque sea como contribuciones únicas y/o temporarias por la crisis, si acaso no tuviéramos experiencia con los impuestos temporales perpetuos, del otro lado, en la República Oriental del Uruguay, su presidente, Luis Lacalle Pou, manifestó recientemente que “gravar el capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis”, y que por eso no lo iban a hacer.

Además, expresó su voluntad de facilitar la radicación de capitales, no solo argentinos, sino de todos aquellos que quieran contribuir al crecimiento de Uruguay, y la reafirmó con medidas concretas, como el decreto 163/020 bajando el nivel de exigencia patrimonial tanto para individuos como para empresas que quieran radicarse en el vecino país. En esta costa, mientras se multiplican las consultas en los estudios jurídicos y contables, y la clase media argentina escucha maravillada las recientes declaraciones del presidente uruguayo, un sector del oficialismo baraja la idea de gravar con un impuesto de salida a aquellos que pierdan su residencia argentina. Siempre ideas novedosas.

Pero analicemos las diferencias más importantes entre ambos países, por lo menos a la hora de hacer negocios. De manera simplificada podemos ver el “Doing Business” que elabora el Banco Mundial anualmente, y que, para los datos de 2019, Argentina rankea en el puesto 126° mientras que Uruguay lo hace en el 101°, sobre un total de 190 economías. Cuando observamos la categoría correspondiente a Pago de Impuestos, nuestro país ocupa el lugar 170, y nuestro país hermano, el puesto 103. En este sentido, la carga fiscal que soportan las empresas, que se desprende del reporte, también anual, que realiza el Banco Mundial en conjunto con PWC, arroja 106,3% para las empresas argentinas mientras que es de 41,8% para las uruguayas.

Otra categoría donde Uruguay esta notoriamente varias posiciones por delante, se encuentra vinculada a la facilidad para la apertura de un negocio. Ocupa el puesto 66°, mientras que Argentina el 141°, esto considerando que el ranking contemplaba la constitución de SAS, recientemente derogadas.

Sin embargo, y llamativamente, Uruguay cae notoriamente frente a Argentina en la categoría de Comercio Transfronterizo, ocupando el puesto 150°, frente al 119° que tiene nuestro país. En este sentido los tiempos y costos asociados a la burocracia, principalmente aquellos relacionadas a la actividad exportadora, parecen ser mayores nuestro vecino.

Veamos ahora, entonces, las alícuotas fiscales que debe pagar una persona jurídica por operar en cada país.

Para el impuesto a las ganancias, de forma general, en Argentina, mediante la suspensión en la reducción que de la alícuota que debía aplicar este año, la misma continúa siendo del 30% y 7% sobre las utilidades distribuidas. Este cambio, habitual, en las reglas del juego, no es algo atractivo para la inversión en nuestro país. En Uruguay las empresas pagan el 25%, y al igual que recientemente en nuestro país, 7% sobre la distribución de dividendos.

En Uruguay no existen impuestos de sellos, a los débitos y créditos, ni a los ingresos brutos. Sin embargo, tienen un impuesto a la constitución de sociedades (ICOSA) (1,5%) y que grava también el cierre de ejercicio de estas (0,75%), de base imponible fija de Unidades Indexadas, equivalente aproximadamente a U$S 500 y U$S 250, respectivamente.

En cuanto al total de contribuciones sociales, sobre el empleador uruguayo recae un total del 12,625%, mientras que el empleador argentino debe desembolsar entre el 24% y 26,4% de la nómina. Por su parte los empleados uruguayos contribuyen con 18% al 23%, cuando los argentinos lo hacen con 17%.

Capítulo aparte merecen los impuestos sobre el comercio exterior. El régimen de compensación de IVA es similar en ambos países, sin embargo, en Uruguay también se realiza un reintegro de otros impuestos internos menores que puedan afectar el precio de los bienes exportados.

En Uruguay no existen impuestos o derechos sobre las exportaciones, a diferencia de nuestro país, donde la estructura y complejidad impositiva que alcanza a las exportaciones, sobre todo a partir de finales de 2018, con alícuotas de hasta el 35%, y otras complementarias del  12% al 9% sobre valor del dólar estadounidense (originalmente limitado a $4 por dólar), y un 5% para exportación de servicios, sin considerar el hecho de que el tipo de cambio oficial al que se liquidan las exportaciones, dista, y mucho, de cualquiera de los tipos de cambio libre.

Sin dudas Uruguay es, y seguramente lo sea aun más en el futuro, un país mucho más amigable con el capital, mientras que, lamentablemente dado la trayectoria que sigue actualmente el Gobierno de Argentina, la brecha entre ambos países se amplíe aun más. Todavía quedan 64 países en los que es peor hacer negocios, y a los que parecemos empecinados en superar.

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