La Justicia, la ley y la economía

14 de julio, 2020

Por Manuel Calderón Profesor de Historia del Pensamiento Económico (UNLP y UBA)

La prosperidad económica de una sociedad se basa en el logro de la cooperación por parte de sus integrantes. Cuando nos asociamos y cooperamos, el producto de los esfuerzos individuales es mayor que lo que sería si cada uno decidiera producir por su cuenta. La división del trabajo y el aumento de los diferentes talentos que esta produce, es la causa de la ganancia social. Sin embargo, la cooperación no es algo que esté garantizado naturalmente, no es una condición innata del hombre, sino todo lo contrario: es una frágil excepción. Como nos explicaron los filósofos políticos de la Ilustración Escocesa, la cooperación se hizo posible y aumentó su escala a medida que evolucionaron instituciones sociales que garantizaban a los hombres la propiedad y el disfrute del producto de su esfuerzo; hoy diríamos a medida que se configuraba un mecanismo social de incentivos cuyo resultado es la cooperación.

La Justicia, o al menos la percepción de que el resultado del reparto social de las ganancias de la cooperación es justo, es un componente esencial de este mecanismo. Dice David Hume (1771) que “el hombre, nacido en una familia, se ve obligado a mantener la sociedad, por necesidad, por natural inclinación, y por hábito” pero que “en su ulterior progreso, se dedica a establecer la sociedad política, con el fin de administrar justicia, sin la cual no puede existir paz entre los congéneres, ni seguridad, ni mutuas relaciones”, ya que existe una “debilidad incurable en la naturaleza humana” que hace que con mucha frecuencia el hombre “sea seducido para apartarse de sus grandes e importantes, aunque distantes, intereses, por la atracción de tentaciones presentes”. La tentación del “fraude y la rapiña” de los infractores debe ser castigada debido al “quebranto que su injusticia hace a la unión social”. Lo que nos explica Hume es que la consecuencia de la injusticia es la quiebra de la cooperación social, y en última instancia, la pobreza.

La ley define e informa cuál es el criterio de justicia compartido y aceptado por los integrantes de la sociedad y cuál es el castigo por desviarse. En la medida que la ley se cumple, la justicia se percibe, y la sociedad coopera y prospera. Es claro que los conjuntos particulares de leyes que pueden evolucionar en cada sociedad tienen una capacidad diferente para promover la prosperidad, pero en todo caso en el largo plazo toda institución está sujeta a un proceso de “selección natural”.

Entre los casos extremos de prosperidad o desintegración planteados por Hume, o en la trayectoria temporal entre uno y otro equilibrio, ocurren situaciones intermedias. Muchos economistas han estudiado los efectos que la corrupción y la búsqueda de rentas o “rent-seeking” (en el sentido de obtener ganancias a partir de privilegios o favores ilegítimos, principalmente por cercanías o acuerdos con autoridades gubernamentales) tienen sobre el crecimiento económico. Por ejemplo los economistas Kevin Murphy, Andrei Shleifer y Kevin Vishny (1993) se preguntan por qué estas actividades son tan costosas para el crecimiento. Su respuesta se basa en que a medida que más individuos de una sociedad dejan las actividades productivas para dedicarse a la obtención de rentas de la corrupción o los privilegios, una mayor parte del producto de la sociedad no vuelve en forma de retornos a la inversión de los sectores productivos sino que se desvía hacia los no productivos, reduciendo la inversión y el crecimiento de la economía. Más aun, como sugiere Daron Acemoglu (1995) la estructura de pagos que comienza a ocurrir en la sociedad cuando la corrupción y la búsqueda de rentas no productivas no están debidamente penalizadas, genera incentivos a la inversión en desarrollar talento en obtener estas rentas, de forma que una mayor cantidad del esfuerzo social se invertirá en actividades no sólo que no producen sino que su ganancia se toma del esfuerzo de los que sí producen. Dinámicamente la situación es cada vez peor, una mayor carga de extracción de rentas se impone sobre una menor producción. En el límite de este proceso tenemos el estado de pobreza general y disolución social que nos advierte Hume.

En 2018, un informe del BID editado por los economistas argentinos Alejandro Izquierdo, Carola Pessino y Guillermo Vuletin, estima que en Argentina existe una parte muy importante del gasto público que es ineficiente, es decir, que está mal dirigido, mal ejecutado o se desvía en sobreprecios y corrupción. Según el informe, el costo por estas ineficiencias asciende a 7,2% del PIB, siendo Argentina el país de América Latina que registra el mayor costo (ver gráfico 1). Dada la importancia de estas “rentas” es esperable que cada vez un mayor esfuerzo de parte de la sociedad esté orientado a apropiarse de ellas. El equilibrio de economía política que resulta de esto es cada vez más difícil de desarticular, porque cada vez son mayores los pagos que lo mantienen operativo y mayor la cantidad de participantes.

A medida que las prácticas rentísticas y corruptas se empiezan a generalizar y no se percibe que haya un castigo por ejercerlas, comienza a disolverse también la noción de justicia como valor social. Otro economista argentino, Nicolás Ajzenman (2020), encontró evidencia empírica causal acerca de cómo la percepción de la corrupción no castigada genera nuevos focos de prácticas deshonestas o corruptas en la sociedad, generándose un “mecanismo de refuerzo” de la corrupción. En su trabajo a partir de datos sobre detección de conductas tramposas en exámenes de escuelas secundarias, muestra que la “corrupción públicamente expuesta perpetrada por los líderes de una sociedad, incrementa el comportamiento deshonesto de los ciudadanos”, deteriorando el valor social de la honestidad, la confianza y el respecto de las normas.

En conclusión, para que un equilibrio de cooperación social se mantenga, es una condición indispensable que las instituciones que castigan los comportamientos deshonestos funcionen adecuadamente y se perciban de esta manera. De lo contrario, la gravitación hacia la desintegración y la decadencia es inexorable.

Referencias

Acemoglu, Daron. 1995. “Reward structures and the allocation of talent.”

European Economic Review.

Ajzenman, Nicolás. 2020. “The Power of Example: Corruption Spurs Corruption.” American Economic Journal: Applied Economics (próximo a publicarse)

BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 2018. Mejor gasto para mejores vidas. Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos. Informe editado por Izquierdo, Alejandro; Pessino, Carola; y Vuletin, Guillermo.

Hume, David. 1777. “Of the Origin of Government.” Publicado en Essays: Moral, Political and Literary. Liberty Fund, 1994.

Murphy, Kevin; Shleifer, Andrei; y Vishny, Robert. 1993. “Why Is Rent-Seeking So Costly to Growth?” American Economic Review

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