Por Atilio Molteni Embajador
Aunque el 1° de julio el gobierno de Israel se había propuesto ocupar los territorios de la Margen Occidental del Río Jordán y del valle limítrofe con Jordania, la existencia de protestas de quienes están a favor o en contra de esos objetivos, tuvo el efecto de paralizar las acciones del Poder Ejecutivo. El Primer Ministro entendió que las medidas podían debilitar el respaldo especial que se necesita para aprobar la legislación en la Knesset (el Parlamento), ya que en este caso es indispensable conseguir una mayoría calificada de 80 votos como la que dispone la modificación de una Ley Básica de 2014.
Los territorios objeto de estos cambios son disputados con los palestinos y, en la práctica, la decisión hubiera significado anexarlos a Israel, cuyo actual Poder Ejecutivo está a cargo de Benjamin Netanyahu (Likud), quien forma parte de una coalición ensamblada en abril (después de tres elecciones) con el Partido Azul y Blanco de Benny Gantz y los partidos religiosos.
La decisión del actual Primer Ministro se demoró más de lo anunciado ante el deseo y la necesidad de realizar otros estudios para determinar si era conveniente anexar la totalidad de los territorios o parte de ellos, a fin de buscar los acuerdos necesarios y concretar la implementación después de aclarar los puntos que hayan ofrecidos dudas.
Durante sus campañas electorales Netanyahu prometió llevar a cabo tales ocupaciones por considerar que el momento era apropiado y por estimar que el proyecto devendría en el legado más importante de su trayectoria política.
El problema es muy difícil. Se trata de una decisión que acumuló postergaciones por espacio de cincuenta y tres años, desde que Israel venció a las tropas jordanas. El tema siempre originó pronunciados rasgos de ambigüedad, excepto en el caso de Jerusalén del Este, además de los 60 kilómetros de periferia. En esa oportunidad tales pobladores preservaron el carácter de residentes sin derechos políticos.
Netanyahu estimó que era conveniente aprovechar la oportunidad creada en virtud del Plan de “Paz para la Prosperidad”, presentado en enero por el presidente Donald Trump, cuyo objetivo era facilitarle a Israel la anexión de los aludidos territorios y motivar con ello una eventual contrapropuesta palestina. Por el momento, lo único que existe es un estatus quo hasta que sea posible lograr un acuerdo entre las partes, pues ambas reconocen que la soberanía territorial en debate aún no está definida. La Casa Blanca procura generar un resultado unilateral sea esto aceptado o rechazado por los palestinos, obviando la opinión de sus antecesores y de la comunidad internacional.
Además subsiste la necesidad de coordinar los enfoques de Israel y los Estados Unidos para elaborar la cartografía de las eventuales zonas que sean anexadas, superar las dificultades prácticas que deriven del lugar físico de los asentamientos y asegurar la conexión territorial de las poblaciones israelíes y palestinas. Esa parte de la gestión supone concretar la financiación internacional de los beneficios que habrán de recibir las poblaciones indicadas en segundo término.
En 1991, comenzó el denominado “proceso de paz” que originó los Acuerdos de Oslo en 1995, donde se reconoció a Palestina como una entidad separada sin carácter de Estado. Se dividió la Margen Occidental en tres Áreas: la A, bajo el control de la recién creada Autoridad Palestina (AP); la B, administrada por esa Autoridad, pero bajo la premisa de que ambas partes asumirían la seguridad de la región en debate. Y finalmente el área C, cuyas acciones quedarían bajo el control y la administración militar israelí. Es aquí donde se encuentran la mayoría de los asentamientos, con unos 450.000 habitantes, a los que se suman los 250.000 del área de Jerusalén del Este, resultado de una política constante de Israel orientada a ocupar los aludidos territorios, uno de cuyos inspiradores emblemáticos fue Ariel Sharon.
Con el paso del tiempo los Gobiernos que se sucedieron en el poder en los Estados Unidos aceptaron la solución de admitir la coexistencia de dos Estados. En 2009, Netanyahu se sumó a tal idea con ciertas reservas, pero dicha adhesión no permitió mayores avances en la negociación.
En 2013, el Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, reconoció que, ante la falta de acuerdos, no había tiempo para más demoras. En su afán de impulsar esta clase de soluciones, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó en 2016 la Resolución 2334, cuyo texto confirma el principio de inadmisibilidad de adquirir derechos territoriales por la fuerza, el que se halla expresamente reconocido en la Carta de la ONU.
Con el tiempo, la solución de concretar la convivencia de dos Estados hizo posible identificar cuatro problemas vinculados entre sí, bajo el rótulo “Negociaciones sobre un Estatus Permanente”: fronteras, asentamientos, Jerusalén y refugiados. El Plan Trump asumió la premisa de que las negociaciones con la mediación estadounidense que tuvieron lugar hasta 2017, no habían producido resultados de valor por la indecisión palestina.
Las propuestas de Trump asignan prioridad a las aspiraciones israelíes ya que: a) les garantiza un “Gran Jerusalén” como capital (extendiéndose a tres grandes asentamientos próximos, que afectan la continuidad de Palestina); b) otros espacios más alejados de la línea de cese del fuego de 1967 (llamada “Línea Verde”), y c) los ubicados en el territorio palestino, además del 30% del Margen Occidental, incluyendo el valle del Jordán.
Otras sugerencias incluyen la desmilitarización del Estado palestino y el no reconocimiento del derecho al retorno de los refugiados. En otro orden de cosas, la condición estatal y la autonomía de los palestinos depende de factores muy complicados.
Entre ellos, el cómo recuperar el control de la Franja de Gaza, en manos de su opositor Hamas. Tales demandas se hallan unidas a los graves problemas internos y al desgaste del gobierno palestino. Se presume que unos tres millones de habitantes sólo tendrían capacidad de retener el 70% de la Margen Occidental, rodeada de territorio israelí y dividida en tres cantones no contiguos. Éstos últimos se sumarían a dos zonas en el desierto del Negev y una en el noreste, que Israel estaría dispuesto a ceder a cambio de los territorios que recibe.
A todo esto, los palestinos piensan que la anexión es un obstáculo a su proyecto nacional y a la solución de los dos Estados. Bajo esa perspectiva rechazaron el Plan y dejaron en suspenso la vigencia de los acuerdos, una opción relativa debido a su dependencia de Israel.
En paralelo, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, quien piensa que la anexión está en manos israelíes, lamentó la previsible respuesta adversa de los palestinos. En tanto, Gantz, el líder de Azul y Blanco de Israel declaró que no hay otro camino que concretar progresos en algunos de los aspectos de la anexión.
La respuesta internacional a este ejercicio cuasi unilateral, fue muy negativa. El pasado 24 de junio, el Consejo de Seguridad de la ONU, debatió el plan israelí. En esa oportunidad, el Secretario General Antonio Guterres pidió que Israel abandone su proyecto porque dañaba la fórmula de dos Estados. Francia, Alemania y Reino Unido afirmaron que cualquier anexión de esta naturaleza, va a afectar las estrechas relaciones de Europa e Israel. En la UE no existiría un consenso acerca de lo que es necesario hacer, pero la acción política contra Israel podría ser significativa y menoscabar sus proyectos europeos.
El Plan recibió similar rechazo por separado en Medio Oriente, ya que la Liga de Estados Arabes y la Organización de Cooperación Islámica, expresaron la posición de los países árabes y musulmanes contrarios a la anexión, principalmente en el caso de Jordania. Mientras eso sucedía en cada foro regional, Israel prosiguió una serie de contactos prácticos con los países sunitas moderados (especialmente los del Golfo), los que tienen singular importancia, debido a que esos Estados ven a Irán como su principal inquietud geopolítica. El problema es que tal conjunción de intereses no impide que subsistan las críticas a las acciones que menoscaban la estabilidad regional.
A pesar de los apoyos de Trump y Netanyahu en favor de la anexión, el escenario político cambió por la incidencia de las elecciones estadounidenses de noviembre próximo, cuya perspectiva modificó el escenario actual, ya que la pandemia sanitaria y la crisis económica no resultan indiferentes a los votantes.
Los representantes de Trump sugirieron el desarrollo de nuevas acciones a los israelíes y dejaron de darle prioridad al Plan. Por su parte, el gobierno judío empezó a tener en cuenta que el candidato demócrata Joe Biden ya declaró su oposición a la anexión, mientras que algunos políticos de su Partido se manifestaron igualmente en contra. Semejante combinación de factores podrían condicionar las relaciones del futuro jefe de la Casa Blanca, principal aliado de Israel. Ante esos datos, surge el interrogante de si, a pesar de las promesas de ambas partes, dicha anexión puede cristalizar o congelar estas gestiones ya que, según se trate, estas permitirían volver o impedir las negociaciones bilaterales.
