Por Pablo Varela
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó ayer por la mañana una nueva reunión del gabinete económico, en la que se terminó de diseñar el marco de alcance de la nueva moratoria la cuál ingresó ayer en la Cámara de Diputados.
En el Frente de Todos se muestran optimista y aseguran que “hay consenso” para avanzar en la sanción del proyecto de ley que buscarán se concrete durante el mes de julio. Sin embargo, el Congreso se encuentra con un funcionamiento restringido dado que por ahora solo funcionan las comisiones debido a la serie de contagios que tuvieron lugar días atrás en la Cámara Baja y el aislamiento duro decretado en el área metropolitana.
Además, en la oposición aseguraron ante El Economista que esperarán a ver la letra del proyecto, para poder brindar una opinión.
En concreto, se trata de la ampliación de la moratoria que se aprobó en el contexto de la Emergencia Económica a fines del año pasado. De aprobarse, se trataría de la principal iniciativa estrictamente vinculada a la actividad económica que trata el Poder Legislativo, ligada a la pandemia. Hasta ahora, casi todas las iniciativas fueron puestas en marcha exclusivamente por el Poder Ejecutivo.
El proyecto enviado por el Gobierno forma parte de las acciones con las que se buscará aliviar al sector privado en la salida de la crisis sanitaria y económica. Es por eso que la ampliación busca alcanzar a pymes y a personas físicas. También se incluirá a grandes contribuyentes. Según explicaron voceros del oficialismo ante este diario las pymes tendrán mayores beneficios aunque la idea es alcanzar al universo más amplio posible.
Según la información que hicieron circular fuentes gubernamentales “permitirá incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2020”. Además, será posible adherirse hasta el 31 de octubre de 2020. Las primeras cuotas comenzarán a vencer a partir de mediados del mes de noviembre.
Dentro del texto remitido al Congreso también está estipulado que dependiendo del tamaño de las empresas o individuos que se acojan a los beneficios se podrá regularizar deudas “en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras”.
Tal como informó El Economista también habrá facilidades para las deudas previsionales. Las mismas podrán tener plazos “de hasta 48 o 60 cuotas para las obligaciones correspondientes a los recursos de la seguridad social”.
También se contempla “condonación parcial de intereses y total de multas” además de una tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021.
A su vez permitirá utilizar todas las devoluciones aprobadas y pendientes de pago que el contribuyente tenga a favor en AFIP para compensar la deuda (sólo pueden utilizarse aquellos saldos existentes antes de la aprobación de la ley).
Como contrapartida, establece una serie de limitantes a las grandes empresas (similares a las incluidas en el programa ATP): “Durante 24 meses no podrán distribuir dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado cambiario para realizar pagos a entidades vinculadas”.
En tanto ayer por la tarde hubo reunión del bloque del oficialismo en Diputados en donde se analizaron todos los proyectos que se debatirán en el futuro inmediato. “Fue una reunión de agenda”, resumieron en el bloque.
El debate por la moratoria será abordado por la Comisión de Presupuesto y todavía no hay definiciones sobre a qué otras comisiones será girado el proyecto. En el oficialismo, no descartan realizar plenarios conjuntos con más de una comisión de modo de agilizar el debate de ser necesario. Fuentes legislativas aseguraron ante El Economista que debate podría iniciarse la semana próxima.
Al mismo tiempo, en el FdT vuelven a poner en carpeta el proyecto para gravar a las grandes fortunas. La iniciativa que impulsada por el jefe de la bancada, Máximo Kirchner y redactada por el experimentado Carlos Heller podría ingresar formalmente en la Cámara Baja “a mediados del mes” de julio.
En la coalición oficialista aseguran que el proyecto no fue ingresado formalmente en Diputados debido a las dificultades que plantearía debatir un proyecto de esta naturaleza de manera remota.
