Fernández presentó el proyecto de Reforma Judicial

29 de julio, 2020

El Presidente, Alberto Fernández, presentó esta tarde el proyecto de ley de Reforma de la Justicia, que unificará y duplicará los juzgados federales y designará un consejo de notables para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

“Lo único que me impulsaba a reclamar un cambio, era fortalecer el Estado de Derecho. Solo busco hacer la República que todos declaman, pero que algunos humillaron”, remarcó esta tarde el mandatario al presentar el proyecto de ley desde la Casa Rosada. 

El jefe de Estado apuntó contra el Gobierno de Cambiemos y manifestó que “los cuatro años que procedieron mi asunción estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial”, así como denunció que la Agencia Federal de Investigaciones “volvió a quedar bajo un manto de sospecha”. 

“Con el devenir de los días se fue perdiendo la transparencia judicial. El cuestionamiento a jueces que expresaran independencia se tornó tan cotidiano como la manipulación de otros jueces que respondieran a los intereses del poder de turno”, aseveró. 

Luego de ese discurso, Fernández anunció la presentación del proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal ante el Congreso Nacional, para su posterior debate. 

“Lo que estamos proponiendo hoy no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia. Estoy convencido que todos los argentinos y argentinas participan de estos propósitos”, manifestó. 

La iniciativa contempla la creación de la Justicia Federal Penal, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Según el Presidente, cada uno de esos Tribunales actuarán en lo sucesivo con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero. 

“De esta manera, buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática. Estas han sido circunstancias determinantes para que este fuero se politizara del modo en que ha ocurrido”, remarcó el jefe de Estado.

Y agregó: “En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a diferencia de lo que ocurre en la justicia federal del resto del país, la competencia para investigar y sancionar ese entramado delictivo se encuentra dividida entre los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico. Es hora de unificarlos”.

En el proyecto también se prevé la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías para que se sumen al nuevo esquema para que contribuya con un “mejor funcionamiento”.

A su vez, la iniciativa propone transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, “completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente”. Mientras que, a nivel federal, el proyecto busca “el fortalecimiento de la justicia en el interior del país”. 

Por otro lado, la ley propicia la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo. “En este caso, se ha considerado la experiencia que da cuenta de los numerosos conflictos de competencia que suscitan entre ambos fueros, lo que atenta contra la celeridad, eficiencia y eficacia tan reclamada a la labor judicial”, añadió Fernández. 

Finalmente, la ley impone en su capítulo final una serie de pautas de actuación que en la magistratura deben ser respetadas:

  • Mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados.
  • Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de cualquiera de las partes.
  • Garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario.
  • Ejercer sus funciones libres de interferencias.
  • Comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo.
  • Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias.
  • Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar.

Por último, el mandatario anunció la creación del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, el cual deberá elevar a consideración del Presidente, propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de Justicia.

“De ahí en más, los miembros del Consejo tendrán plena autonomía y libertad para recomendarme lo que crean conveniente. No existe en mi ánimo, contrariamente a lo que muchos han repetido, el deseo de condicionar la decisión de este Consejo Consultivo. Sé de las cualidades intelectuales de cada uno de ustedes y sé que no estarían aquí si se sintieran limitados o limitadas a expresarse libremente”, concluyó.

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