Mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, sigue afirmando que no mejorará la propuesta ante los acreedores privados de la deuda bajo ley extranjera, cuya fecha límite de adhesión es el próximo 4 de agosto, el Senado sesionará hoy el proyecto de ley de reestructuración de deuda emitida bajo legislación local, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, tras haber obtenido dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta la semana pasada. El proyecto será discutido en una sesión especial y se descuenta su aprobación con el apoyo incluso de las bancadas de la oposición. La intención es girarlo inmediatamente a la Cámara de Diputados y que sea convertido en ley en los primeros días de agosto.
El proyecto de ley establece que los tenedores de los títulos elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo.
Entre otras cuestiones, la iniciativa destaca que la capacidad de repago de Argentina “está relacionada tanto con el crecimiento sostenible a largo plazo (condición que a su vez depende de la capacidad de la economía de expandir la producción de bienes comerciables), como con los compromisos que se han asumido en la oferta realizada para la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”.
“De igual modo, el volumen de deuda y la tasa de interés promedio que surge de la reestructuración, en uno y otro caso, es compatible con el sendero de superávits primarios que se plantean en el escenario, de manera que en el largo plazo las relaciones de deuda a producto de la economía se estabilicen, garantizando la sostenibilidad”, añade el texto.
Según un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, el proyecto para la reestructuración de US$ 41.717 millones de títulos en dólares emitidos bajo legislación argentina implica un alivio en pagos por casi US$ 20.000 millones hasta 2030.
Sigue la tensión
Durante los últimos días, la negociación de la deuda bajo ley extranjera sigue sin mostrar nuevos avances. Ambas partes, por el momento, se muestran duras y parecen no querer moverse de sus posiciones. Guzmán sigue reiterando que Argentina no mejorará la oferta oficial, a pesar de la fortaleza que mostraron los acreedores la semana pasada con la unificación de los principales grupos, lo cual fue reforzado esta semana con el anuncio de que se sumarían más fondos a la contraoferta conjunta. En tanto, según consignó ayer Infobae, los acreedores se preparan para litigar contra Argentina en caso de que no logren llegar a un acuerdo. “Por la razón o la fuerza”, le dijo al portal informativo el representante de uno de los grupos de acreedores al ser consultado por los litigios. Por su parte, desde el mercado apuestan a que habrá acuerdo, teniendo en cuenta la estrecha distancia que hay entre las puntas (el Gobierno ofrece US$ 53,5 y los bonistas piden US$ 56,6) y a la conveniencia de un acuerdo desde ambas partes.
Por otra parte, algunos analistas destacan el desgaste que hay entre los bonistas y el Gobierno, lo cual se evidencia en los comunicados difundidos por las partes durante las últimas semanas.
Ante este escenario, con bajas expectativas de lograr un acuerdo antes del 4 de agosto, el titular del Palacio de Hacienda evalúa extender el plazo de la negociación para seguir negociando con los acreedores. Dicha extensión sería por dos o tres semanas más, con miras hacia finales de agosto, según trascendió ayer.
Más default
Mientras tanto, el Gobierno sigue sumando deuda en default. Tras haber pasado el período de gracia de treinta días correspondientes, el país caerá hoy en cesación de pagos por el vencimiento de los bonos Discount en dólares y en euros. Argentina entró formalmente en default el pasado 22 de mayo luego del período de gracia de treinta días por el impago del vencimiento de los bonos Globales.
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¿A contar “porotos” o por el milagro?
Antes de decidir una extensión del canje, el Gobierno quiere contar los “porotos” para verificar si efectivamente los fondos aglutinados en el grupo negociador tienen el poder de fuego que dicen tener. Así lo aseguró Delphos ayer, que agregó que las órdenes de adhesiones al canje ya empiezan a llegar. “Pero el milagro es difícil de producirse. Si bien el número podría más que duplicar al logrado en el primer canje, sería insuficiente para aislar a los fondos duros y jugar una partida individual. Si efectivamente sucede esto, entonces es posible que el Gobierno extienda el canje y lance algún tipo de señal al grupo de bonistas para intentar alcanzar un acuerdo antes de fin de agosto. El riesgo es que un nuevo fracaso del lado argentino llene de fortaleza al grupo de bonistas y lo lleve a endurecer sus posiciones en el tramo final de la misma. No cerrar ahora y extender es un arma de doble filo para el Gobierno, porque se va quedando sin tiempo y mostrando debilidad en poder cerrar el 'deal' sin el grupo duro”, agregaron.
