El costo ignorado de expropiar: ¿quién creará una nueva Vicentin?

9 de julio, 2020

Por Marcos Gallacher Universidad del CEMA (*)

La posible estatización de la empresa Vicentin está siendo analizada desde diferentes puntos de vista. El Gobierno promueve la medida argumentando que se “defienden fuentes de trabajo”, se “contribuye a la seguridad alimentaria”, se “evita la extranjerización”, y se “mejora la transparencia en los mercados”. Los argumentos presentados no resisten el menor análisis. Sin embargo, muchos los aceptan como acto de fe. Otros ven a la estatización como algo tolerable. Por ejemplo, el más importante desarrollador inmobiliario (y uno de los hombres más ricos) del país expresó recientemente a un medio periodístico: “Podés tener una economía con mayor intervención del Estado y buena administración o una economía con menor propiedad del Estado en las empresas. En el fondo todo se reduce a la honestidad, la idoneidad y a que no haya abuso de poder”. En pocas palabras: estatizar Vicentin no resulta un tema importante.

La pregunta relevante que debemos hacernos, sin embargo, es cuál es el costo de quitar esta empresa a sus propietarios, transfiriendo sus activos y pasivos al Estado.

Muchos observadores argumentan que el Estado deberá hacerse cargo de los pasivos (US$ 1.440 millones) de la empresa, y que esto es el “costo” que Argentina deberá pagar. Diferimos con esta opinión: más del 70% del pasivo de esta empresa está en manos de acreedores locales. Que el Estado se haga cargo de esta deuda en todo caso implica transferencia de recursos entre argentinos, pero no “costo” para la economía en su conjunto. No hay ni creación ni destrucción de riqueza en la estatización de deuda privada. Tampoco es “costo” hacerse cargo de la deuda en manos de acreedores extranjeros: esta deuda existe sea el acreedor Vicentin o el Estado. Ambos pueden decidir honrarla o no, con sus respectivas consecuencias.

El costo real de la expropiación, y por lejos el más importante, es otro y puede dividirse en dos componentes. El primero es el impacto que la expropiación tendrá sobre los flujos de inversión de capital tanto local como internacional. Claramente, el riesgo al cual están expuestos los activos de empresas radicadas en Argentina aumenta significativamente luego de la expropiación. Si un inversor requería una TIR de (digamos) 8% o 10 % para dar la luz verde a un proyecto de inversión, ahora requerirá una TIR sustancialmente mayor. El efecto de esto es claro: sólo serán viables aquellos proyectos con retornos elevados, quedando fuera de carpeta proyectos con retornos modestos, pero aun así provechosos para el país. Menor inversión resulta en caída en el crecimiento económico y menores posibilidades de bajar los altísimos niveles de pobreza que actualmente tenemos.

Pero además hay otro costo, en general ignorado. Y este se asocia a la menor oferta no solo de capital financiero, sino también de capital empresarial que resultará de esta expropiación. En efecto: el nacimiento y posterior crecimiento de empresas está altamente correlacionado con la disponibilidad de conocimiento, actitudes y voluntad de asumir riesgos. En pocas palabras, con la oferta de entrepreneurship. Vicentin fue creada y conducida desde hace 90 años por emprendedores de alto calibre. Pudieron sobrevivir y aún crecer en los momentos más tumultuosos de la historia argentina: a nivel internacional, la depresión del ’30 y la Segunda Guerra. A nivel local gobiernos autoritarios y gobiernos militares, sesgo anti-agro, la convulsionada década del ’70, la hiperinflación del ’80 y la salida de la convertibilidad.

Las generaciones de emprendedores que manejaron Vicentin son ahora criticados, pero soportaron muchas y fortísimas tormentas. La situación actual no es la de una embarcación destrozada en un arrecife, sino más bien la de una en dificultades, pero que puede salir airosa de su situación. Hay muchas formas de hacerlo.

¿Quiénes son los que ahora pretenden tomar el mando de esta embarcación? Son candidatos a capitán que en caso de que la embarcación se hunda, no se hundirán con ella. Se salvarán ellos, aun cuando la empresa se vaya luego a pique, o que deba ser rescatada a alto costo por todos los argentinos. Son individuos sin incentivos para aumentar eficiencia, o más bien, con incentivos que conducen hacia cualquier lado menos al de aumento de eficiencia.

Estos candidatos a capitán ignoran que es manejar una empresa: si trabajaran en una, en el mejor serían de los casos meros analistas o personal de apoyo. La estatización de esta empresa tiene entonces el curioso resultado de reemplazar a reales emprendedores –que aun cuando toman decisiones equivocadas– son claramente preferibles a las de los burócratas y, especialmente, a las de los políticos. Resulta difícil imaginar peor asignación de los escasos recursos empresariales con los que cuenta el país.

(*) Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA

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