Por Carlos Leyba
Si el arte de gobernar es administrar las prioridades que hoy reclama el futuro (donde vamos a vivir), para Alberto Fernández, si sus actos y sus palabras de las últimas horas tienen un sentido directo, “su prioridad” no sería ninguna de las que las personas de a pie imaginamos, sino una curiosa, por no decir exótica, reforma de la Justicia. ¿Será así?
¿Es “la oportunidad” para este ejercicio reglamentario? ¿Cómo llamarlo?
Estamos en una catástrofe, no ante una catástrofe, estamos dentro de ella. Aumento del desempleo, la pobreza y la desorganización del capital. Y mientras aumenta el saldo positivo de la balanza comercial lo hace como dramático reflejo de la parálisis económica y, en el mientras tanto, el déficit fiscal sube como evidencia del costo neto de sostener la súpercuarentena. Pero sube sin resolver los problemas sociales y económicos.
Y, por lo que dice el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, también sin resolver las terapias intensivas necesarias que había que hacer mientras estábamos encerrados.
¿Por qué en este marasmo patético Fernández elige esta prioridad? ¿Quiere pasar a la historia por reformar (por segunda, tercera, etcétera) la Justicia?
Dejo de lado el default porque supongo que están haciendo lo necesario. Al igual que la pandemia, salir del default no depende sólo de lo que nosotros hagamos. En la pandemia, además de nuestra manera de encararla, todo depende de lo que haga la ciencia y la naturaleza. El default depende de los bonistas. La pelota esta ahí.
No empezamos por un acuerdo resuelta una discusión, sino por una oferta y si bien la hemos ido estirando, el riesgo de “la flexibilidad” nos puede colocar en la situación del Asno de Buridán.
Entre la pandemia y el default, todo indicaría que nuestra prioridad colectiva actual es intentar, con instrumentos económicos y sociales, no quedar entrampados en la inacción en las que nos encajonan esos dos muros enormes (pandemia y default) que tanta angustia, contradicciones e intereses encontrados, generan.
Fernández y su equipo, nadie la tuvo tan difícil, no da señales -hasta ahora- de encontrar una vía de escape mientras esos dos muros (pandemia y default) nos tabican.
Pero lo que más asombra es que no parece que los funcionarios del Gobierno traten de buscar la luz en ese túnel que los muros determinan, sino de tirar bengalas distractivas. ¿Será?
No hay que descartar que la escena en el Salón Blanco sea sólo un “simulacro”, o sea la representación figurada de algo, para escapar de una encerrona. ¿Por sus frutos??
Tal vez Alberto espera mejores tiempos para salir al ruedo tal cual él quiere ser y la encerrona no lo deja.
Hay quienes, en esta línea, sostienen que el Presidente habría aplicado el consejo del General: “Si queres que algo no suceda mándalo a una comisión”. ¿Qué pasaría? Noventa días, por ejemplo, arreglamos el default y le damos prórroga a la comisión. Llega fin de año, Reyes Magos, verano, fin de la cuarentena. Ponéle, que la economía mejora (todo lo que baja en general alguna vez sube). Baja el desempleo, la imagen de Alberto crece, clima electoral. Montado en la salida, Alberto logra autonomía para integrar las listas, y se independiza de CFK y del Instituto Patria, etcétera.
Despertemos y volvamos a la realidad.
Muchos dudan de que la reforma judicial sea realmente “su prioridad” y esas mismas personas creen, con fundamento lógico, que, en realidad, es la prioridad de su vicepresidente que Alberto tuvo que hacer propia.
Frente a ella dos posibilidades: “simulacro” o verdad. ¿Cómo saberlo? Los frutos.
Pero a ese fundamento lógico Alberto lo confirmó designando una Comisión ad hoc integrada con una mayoría de abogados afines a los partidos que integran el Frente de Todos y a dos penalistas del mismo palo, actualmente dedicados a la defensa judicial de la vicepresidente y de sus funcionarios y amigos, acusados en sede judicial y ninguno pobre, es decir, abogados del poder. Pan con pan.
Usted ya sabe para quién es esa comida. Lo que es evidente es que el Presidente, con la integración de esa comisión, no busca consenso político (están ausentes “los otros”); ni académico (están ausentes los principales académicos del área); ni judicial (están ausentes los representantes del personal de la justicia), etcétera. Tal vez no lo busca porque sabe que es imposible.
En este escenario de catástrofe, de esos, son pocos los que, siendo dueños de su voluntad, dirían que sí.
Es que esta Comisión no busca consenso sino confirmación. Pena y perdida de tiempo aún si se trata de un simulacro.
Aclaro que lo del simulacro no es nuevo en la política nacional: Carlos Menem dijo “si decía lo que iba a hacer no me votaban”. Simulacro.
Lo que no dijo es que no tenía la menor idea de lo que haría y decidió preguntárselo a los que él creía que lo iban a perseguir y se puso al frente, no con las banderas propias, sino con las de los otros y no lo persiguieron. Un recuerdo.
Es cierto que la Justicia tiene una imagen espantosa. Nadie lo niega. Pero no es por su organización sino por su trabajo.
En enero de este año la consultora Inteligencia Analítica determinó que el 65% de los encuestados consideraba que la imagen de la Justicia era “mala y muy mala”.
Claro que hay ahí una prioridad. Pero no pareciera ser esta, ahora, “la oportunidad” para definirla: el parlamento hoy es cibernético ?no es el mejor escenario para la consulta y el debate-; el clima de la sociedad no es el “normal”, estamos todos encerrados y en cuarentena; en definitiva, vivimos, por la pandemia, un clima de proscripción del debate. Cualquiera sea el resultado será provisorio. Nada que se hace sin tiempo dura. Tiempo para debatir y el necesario para que aparezca el fundamento ético. Alberto, así no.
La Justicia puede ser una calamidad pero “reformarla” a los ponchazos y sobre la base del “toma y daca”, que es lo que hizo que esta Justicia sea lo que es, amenaza que el remedio sea peor que la enfermedad.
Mientras tanto, dicen, trabajan en 60 medidas económicas para salir de la crisis.
Las malas lenguas sugieren que lo de la “reforma judicial” se anticipa a las medidas (agua en el desierto) para que las provincias díscolas deban “negociar” votos a cambio de recibir “medidas”.
¿Cuáles son esas medidas? No lo sabemos. Conocemos los reclamos de diversos sectores. La mayor parte de los reclamos son por la orientación, por el rumbo.
Jaime Campos, el presidente de la AEA, declaró su coincidencia con la CGT en la necesidad, dijo, de coincidir en una “constitución económica”.
Es decir, definir lo que para la mayor parte de los países la palabra “constitución” significa: un marco estable. Que defina el papel del Estado y del mercado en la organización económica, el orden de prioridad de las políticas de aliento en la coyuntura presente y a mediano plazo (consumo, inversión, exportación), la definición a largo plazo de la estructura productiva (industria, sector primario, servicios), el diseño territorial (las prioridades de infraestructura), la distribución social del valor agregado generado, la lucha inmediata y sólida contra la pobreza.
Sobre estos temas el gobierno no se ha pronunciado y, por cierto, tampoco ha definido ni objetivos ni instrumentos. Alberto, recordemos, afirmó no creer en los planes económicos. Si se trata de creer en repetir los planes de las últimas décadas, tiene razón por los resultados. Pero sí dijo tener objetivos.
Uno de los más comprensivos objetivos económicos es la tasa de crecimiento del PIB. Aclaro: si “el objetivo” de Fernandez es el mismo que el dado a conocer por Martín Guzmán, hace bien en no exponerlo. Guzmán propuso una tasa anual de crecimiento del PIB hasta 2030 de 1,7% anual. Si lo proyectamos en términos por habitante, nos está proponiendo duplicar el PIB por habitante en 2136. Ninguno de los presentes estaremos ahí. No obstante, es una notable mejora con la experiencia registrada desde 1974 a la fecha: a la velocidad de esos 46 años habría que esperar no 116 años sino 390.
Repetir las definiciones de política económica de los últimos 46 años es proponer el fracaso. Proponer el objetivo de Guzmán no sólo no es ambicioso, sino que garantiza un futuro estallido social: una sociedad con 40% de personas en la pobreza, la infinita mayoría radicada en zonas urbanas y el 50% de los menores en esas condiciones, conforman una bomba de tiempo en aceleración, que sólo la puede desmontar un crecimiento al estilo chino.
Mejor que pensemos como lograrlo. La constitucién economica que piden la AEA y la CGT, según Campos, es la que tiene que garantizar ese proceso. Lo único que es inviable, insostenible e insoportable es la continuidad.
Y dedicarse a otras cosas, como la reforma judicial, sin agotar este durísimo debate y la enorme cantidad de programas que requiere ensayar concretarlo, es casi suicida.
Matías Kulfas contestó. No habló de objetivos sino de instrumentos. Aseguró que se eliminará el cepo al dólar y los precios máximos. Kulfas anuncia que no habrá una economía de control, a pesar de vivir en una cuarentena económica que, hasta la vacuna, será intermitente. Jacques Attali propuso, para Europa, una economía de guerra. ¿Qué tal?
Kulfas anunció, ademas, importaciones sin trabas y baja de impuestos, y en general “relajación de controles” pero, dijo, debe “haber regulación para evitar factores disruptivos” aunque, aclaró, “la gran mayoría de las importaciones, más del 90%, entra sin mayores dificultades” y dijo “que esperan mejorar eso en los próximos meses”.
Si bien Kulfas aclaró que “la agenda para la reactivación” la anunciará Alberto Fernández, señaló el foco en las exportaciones y la necesidad de un acuerdo económico y social y se detuvo en la minería como uno de los ejes para generar divisas.
Una excelente manera de poner en práctica el arte de gobernar es exponer ideas claras de lo que nos proponen hacer desde el Estado para el desarrollo. Proponer un programa, una orientación, capaz de sumar más voluntades que las propias, es decir ofrecer la materia prima de un consenso sobre una “constitución económica”: eso es el arte de gobernar para acordar.
