A la espera de que los acreedores de la deuda externa confirmen su adhesión a la “última” propuesta del Gobierno, los principales fondos, que concentran un tercio de los bonos argentinos, sorprendieron el lunes pasado con una nueva estrategia. Los grupos Ad Hoc, Exchange y parte del Comité de Acreedores de Argentina (que se desintegró tras esta iniciativa) se unieron para presentar contraoferta en conjunto, que implica una mejora de entre US$ 2 y US$ 3 respecto a la anterior, por lo que la diferencia entre ambas partes se encuentra alrededor de US$ 3.
Sin embargo, el Gobierno sigue afirmando que no cederá más, que su oferta será la “definitiva”, algo que ya ha dicho en sus ofertas anteriores. El ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió a ratificar ayer esa posición en entrevistas con medios, así como también volvió a afirmarlo ayer el presidente Alberto Fernández en su participación en el foro del Consejo de las Américas, en el que dijo que espera que los acreedores entiendan que no podrá mejorar la oferta.
No obstante, según trascendió ayer, el Gobierno aceptaría ceder en el marco legal. Según fuentes del mercado, confirmaron que revisarían la cláusula de redesignación de acuerdo al consenso internacional a cambio de que los acreedores acepten la última oferta oficial, que es de US$ 53,5 (la contraoferta conjunta de los acreedores es de US$ 56,6).
“El Gobierno debería hacer un último esfuerzo para cerrar un acuerdo sin holdouts. Si hace eso, gana mucho aire desde el lado del perfil de vencimientos de los próximos años, además de descomprimir la brecha cambiaria, el riesgo país, aumentar la demanda de activos en pesos para empezar a financiar parte del déficit fiscal”, afirmó ante El Economista Federico Furiase, director del Estudio EcoGo.
De esta manera, según el especialista, el Gobierno lograría potenciar la recuperación económica en 2021 (tras el fuerte desplome de este año), aunque para ello deberá complementarlo con un programa económico macro consistente y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dado el arrastre estadístico positivo que dejará 2020 y la alta capacidad ociosa de partida.
En ese sentido, Furiase detalló que la diferencia promedio entre la oferta del Gobierno y la contraoferta conjunta de los tres grupos de acreedores es de es sólo US$ 3 en Valor Presente Neto (VPN), lo que implica una diferencia de US$ 1.000 millones en ahorro de capital e intereses durante el mandato de Alberto Fernández y de otros US$ 5.000 millones de diferencia acumulado a 2028, incluyendo la deuda bajo Legislación local.
Desde Delphos Investment consideraron que “el paso constructivo” que dieron el lunes los bonistas más duros incrementa las probabilidad de un “deal al 100%”, que ahora pasó a depender del Gobierno, que ahora tendrá la “delicada posición de tener que negociar” para cerrar el acuerdo. “La decisión es eminentemente política, y si prima la razón debería haber un acuerdo a mitad de camino de la diferencia actual”, estimaron ayer en un informe.
“Es tan pequeña la brecha que sería absurdo no sentarse en la mesa de discusión y partir la diferencia. Este es un 'lindo problema' para el Gobierno, que debería buscar la forma política para moverse de su anterior estrategia e intentar cerrar el 'deal'. ¿Pragmatismo o dogmatismo? Llegó el momento de la verdad”, planteó la consultora.
En líneas similares, LCG afirmó ayer que “no deja de llamar la atención por qué no se cierra el acuerdo asegurando la adhesión, cuando las diferencias son mínimas”. “No pretendemos que Argentina acepte todo lo que los bonistas proponen, pero sí que evite la confrontación con el mercado, se muestre una señal de reversión de los desequilibrios (fiscales y monetarios) en la post-pandemia. Caso contrario, en pocos años nuevamente tendremos que renegociar la deuda”, advirtió.
LCG destacó que los bonistas bajaron las pretensiones en lo legal, por lo cual consideró no hay intransigencia por parte de los fondos: ya no piden el Indenture 2005, sino cambios al de los Globales. “El problema acá ya pasa a ser de tinte político”, apuntó, al tiempo que señaló que Fernández insiste en asimilar esta operación a la situación de 2003, como se vio en la presentación de ayer, “algo que puede ser que lo esté llevando a un error de sobreestimar la capacidad de vivir con lo nuestro en los próximos años”.
Críticas y apoyo de CFK
La estrategia de los bonistas con su unidad, que además ocasionó la fragmentación del Comité de Acreedores de Argentina (en donde estaban Fintech y Greylock), que ya había aceptado la oferta del Gobierno, volvió a generar críticas hacia la gestión de Guzmán en esta negociación. Uno de los que se pronunció ayer al respecto fue el primer ministro de Hacienda del Gobierno anterior, Alfonso Prat-Gay.
El exfuncionario lamentó que los de bonistas hayan logrado una posición común y una contraoferta consensuada. “Es muy grave, porque tenían a uno de los tres grupos de bonistas adentro y se escapó ese grupo. Entre los tres fijaron una postura común”, señaló ayer en una entrevista radial. “La conclusión es que el Gobierno lleva siete meses discutiendo y no ha conseguido el apoyo de prácticamente nadie”, afirmó.
“El problema es que el Presidente viene diciendo que es la última oferta desde que ofreció 40 centavos. Si cada vez me decís que es la última y después me ofrecés 3 dólares más, ¿por qué pensar que ahora va a ser distinto? Entre la primera oferta y la última ya entregó US$ 15.000 millones. Para que tomemos la dimensión de lo que significa negociar mal”, sostuvo. “Ojalá se ponga firme. Pero es difícil de creer”, agregó.
“Están los dos atrapados, tanto el Gobierno como los bonistas. El peor escenario para los dos es que no haya un acuerdo. La experiencia de un litigio no es buena para los bonistas, a los que en el pasado litigaron durante todo ese tiempo les fue peor que a los que entran al canje hoy. Están jugando los dos al límite”, comentó el ex ministro.
El lunes, el Gobierno había dicho que “los bonistas no entienden las restricciones que atraviesa Argentina”, a lo cual Prat-Gay respondió que “no las entienden porque no se las explica, porque no pone un plan sobre la mesa”. “Esto también es una discusión de estos días: el Presidente ufanándose de que no tiene un plan económico. Este es un caso muy concreto de lo que significa no tener una estrategia, no tener un plan, no tener un programa”, indicó.
En tanto, el exviceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof, Emanuel Alvarez Agis, en una charla virtual en la que participó ayer, le recomendó al Gobierno que cierre el acuerdo con los bonistas, ya que el arreglo “es una condición necesaria para que la economía no vuelque”. “Si no defaulteamos, vamos a tardar en volver a los niveles de 2018 en dos años y tres meses. Si vamos al default, no sé cuándo volvemos. Ahí empieza el baile y hay que ponerse el casco”, dijo.
Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner manifestó ayer su apoyo a Guzmán. “Clarito como el agua”, dijo la vicepresidente en las redes sociales al compartir los fragmentos de una entrevista, que fue compartida también por otros referentes del oficialismo, incluido el mismo Guzmán, en la que el ministro de Economía defiende su postura, asegurando que aceptar lo que piden los bonistas significaría “más angustia” para los argentinos, por ejemplo, ejerciendo (más) ajuste sobre los jubilados.
