Por Héctor Rubini Economista de la Universidad del Salvador (USAL)
El aumento de contagios y muertes por Covid-19 de esta semana muestra una peligrosa aceleración, que presiona fuertemente sobre los recursos para terapia intensiva. Mientras el AMBA inicia una flexibilización parcial y en extremo gradual, otras provincias, como Jujuy y Santa Fe, han optado por mayores bloqueos a la movilidad de personas.
La realidad muestra algunos puntos críticos que a regañadientes admiten no pocos especialistas de la salud: a) controles parciales y superficiales en aeropuertos y otros puntos de ingreso y salida al país, b) inicio algo tardío de esos controles, y lanzamiento a su vez algo prematuro de una dura cuarentena el 20 de marzo, c) insuficientes testeos, al menos hasta el mes de mayo, d) aflojamiento permanente, no transitorio, de los controles en la mayoría del país, y e) cierta creencia de que el “pico” de contagios llegaba en abril y mayo, y el tema entraba en un estado “bajo control”.
La realidad no siguió el sendero esperado en el punto d), algo que no era imposible hacia el mes de mayo. Ya por entonces, las proyecciones del Institute for Health Metrica and Education de la Universidad de Washington preveían un eventual “pico” recién para estos días o principios de agosto. Pequeña mala noticia que asoma ahora. La última actualización sugiere una eventual “pico” de contagios recién a mediados de agosto, con un descenso de fallecimientos diarios desde mediados de septiembre. Esto es, una dinámica de creciente presión sobre el sistema de salud hasta entonces. Es claro que si esto sólo se enfrentará con abandono de los “aflojamientos” por dos semanas y apelación a bloqueos tan o más estrictos que los de marzo-abril.
Bajo esta circunstancia, la dinámica recesiva y empobrecedora de estos días no será fácil de modificar. El contexto externo no es tampoco auspicioso. Los rebrotes empiezan a aparecer en varios países, y la normalización del comercio exterior y de la movilidad internacional de personas deberá esperar. Situación complicada para países con sistemas sanitarios más endebles, restricciones al crédito interno y externo, y desbalances macroeconómicos no resueltos.
Como observamos el lunes pasado, en nuestro país se torna no factible (al menos en el corto plazo) el abandono de los controles de cambio ni de las tarifas públicas “pisadas” como verdaderas anclas antiinflacionarias. El primero deja espacio para reprimir la demanda de divisas (léase, la huida de dinero y de depósitos en pesos), y el segundo amortigua presiones inflacionarias por empuje de costos. Pero el primero exige un aumento persistente de Letras de Liquidez (Leliq) y pases pasivos del BCRA, y el segundo un aumento permanente del déficit fiscal vía subsidios a las empresas de servicios. Esto último deja al sector privado expuesto al retorno a cortes de servicio y a la desinversión observada entre 2002 y 2015, pero también a un “piso” de transferencias con costo fiscal que, en el extremo, serían sustituidas por subsidios a los usuarios (vía transferencias o baja de impuestos). Su financiamiento, al menos en el corto plazo, exige más emisión monetaria, y parcial esterilización con emisión de Leliq y pases pasivos. O sea, sustitución de oferta de dinero presente por promesas de más oferta monetaria futura, que se realimenta a su vez con la inflación. De ahí que estos pasivos cuasifiscales en cabeza del BCRA también se los conozca desde los años '80 como “moneda indexada”.
Sin crecimiento y sin financiamiento voluntario (deuda) al sector público, el sistema continúa prisionero de las expectativas del sector privado. Los eslabones débiles en una recesión prolongada son dos: la quiebra de empresas y el aumento de los créditos bancarios incobrables. Su velocidad de aumento será determinante del pesimismo del sector público y de su percepción de incertidumbre. Aun con potencial deflación de activos, la caída de la demanda bien puede ser más amortiguada que la de la oferta de bienes. Una dinámica de desabastecimiento y aceleración inflacionaria podría sentar las bases para un escenario de empobrecimiento con alta inflación. El primero puede complicar seriamente la situación política y social. El segundo no está libre de riesgo de una dinámica de aceleración hiperinflacionaria. Algo que los controles de cambio no logran evitar. La evidencia reciente de Venezuela, y la experiencia argentina de 1988 y 1989 hablan por sí solas.
¿Qué se requiere? Mal que le pese al Primer Mandatario, se exige un nuevo rumbo presentado a la sociedad de manera ordenada y creíble. Esto es, un plan económico. Algo que implícitamente se viene instrumentando desde el 10 de diciembre, con una orientación intervencionista y proteccionista, pero que luce disfuncional con un sendero sustentable de crecimiento y estabilidad. Un nuevo plan podría emerger con cambios sobre la marcha, aun cuando para el primer mandatario la palabra “plan” sea ahora tabú. Pero más allá de susceptibilidades ideológicas, todo gobierno y empresas planifica. Cualquier estudiante de Ciencias Económicas sabe que “planificar” es prever, es ajustar el proceso decisorio para anticiparse a contingencias favorables y desfavorables en el futuro. De hecho, si se cierra de una buena vez el capítulo de la reestructuración de la deuda con bonistas privados, se iniciará la negociación con el FMI para “reperfilar” la devolución del dinero prestado en 2018 y 2019. Y lo primero que exigirá el FMI para iniciar las conversaciones en serio será, justamente, un “plan”.
Estas cuestiones con menos grado de detalle, al igual que otros temas fueron debatidos anteayer en una conferencia organizada por la Fundación Libertad por los exministros de Economía Domingo Cavallo, Roque Fernández, Ricardo López Murphy y José Luis Machinea. Con algunos matices, el diagnóstico es, en general, el mismo.
López Murphy mostró más preocupación por el visible desborde fiscal y cuasifiscal del BCRA.
Fernández por la factibilidad de un programa alternativo en breve, y antes de las elecciones del año próximo.
Cavallo por el riesgo de una hiperinflación en el corto plazo, durante la pandemia.
Machinea coincidió con la percepción de dicho riesgo, pero con otro timing: en su visión el riesgo de aceleración inflacionaria permanente asomaría al inicio de la post-pandemia.
En todos los argumentos se sostuvo aproximadamente lo mismo: a) necesidad de un plan creíble, con ordenamiento fiscal y monetario, b) alivio de la carga tributaria al sector privado, acompañado por alguna forma de baja del gasto público, c) necesidad de una desregulación de la economía, y reglas de juego coherentes con mayores incentivos a la inversión y a la creación de nuevas vacantes laborales. Especialmente para la mano de obra no calificada.
Habrá que ver cómo hacerlo. Todo dependerá de la administración de las cuarentenas y de la conflictividad política que se irá agravando cuanto más duren los confinamientos, que prolongan en el tiempo la parálisis del sector privado, e incrementa el número de quiebras, despidos, y hogares en situación financiera más que crítica. Pero si algo queda claro es que más temprano que tarde, deberá lograrse al menos retornar al financiamiento voluntario interno y externo, y abandonar la doble emisión de base monetaria y de dinero indexado. Una mecánica que alimenta expectativas de alta e hiperinflación, y que contribuye en buena medida al deterioro de la credibilidad en las autoridades y en sus políticas.
