Por Paolo Rizzo Economista
BRUSELAS.- Ninguna crisis económica se parece a otra. La recesión de 1929 nació por un exceso de la oferta, la de los '70 se originó en Medio Oriente por la suba de los precios de petróleo, la de 2008 se debió a las hipotecas subprime y a la fragilidad del sector financiero. Pero esta recesión es distinta porque no se originó por ningún desequilibrio de la economía. Estamos frente a una crisis natural más que financiera. Es decir, es algo que no podemos controlar: estamos impotentes, por los menos hasta que no se controle el virus o se encuentre una vacuna. No sabemos cuánto durará la recesión ni su profundidad. ¿Habrá una segunda ola? ¿El virus se hará más dañino? Nadie puede hacer previsiones.
Hay otras razones para afirmar que esta crisis es verdaderamente distinta. De hecho, sus efectos no están solo en lo económico. Claro, necesitamos defender los empleos, las empresas y el sistema social, pero hay algo más. Necesitamos también reactivar el sistema educativo y volver a abrir las escuelas para evitar que los niños que se estén alejando no lo hagan para siempre. Necesitamos que los jóvenes recién graduados encuentren trabajo y que las personas puedan seguir con su proyecto de vida. Sobre todo, debemos garantizar la salud de los más vulnerables y, en cuanto animales sociales, necesitamos volver a nuestra vida social. Esta crisis nos pone desafíos mayores.
Para salir de esta crisis tan distinta, no alcanzará bajar las tasas de interés, estimular la inversión privada o aumentar el gasto público. El primer paso debe ser parar el avance del virus y detener así sus efectos. No podemos tener una recuperación económica ni volver a la vida de antes si no se controla el virus. Esta es la tarea de los gobiernos: controlar el virus, aunque sea a costa de sacrificar temporáneamente las libertades básicas. Que nos guste o no, los gobiernos centrales son los únicos actores que pueden parar la crisis y permitir la vuelta a la normalidad. Mientras tanto deben garantizar un ingreso mínimo a quien perdió el trabajo y no puede buscar otro, indemnizar de alguna forma a quien tuvo que cerrar su actividad comercial porque no pudo trabajar, garantir acceso a servicios básicos. No hay persona que no esté de acuerdo en que, sobre todo en este momento, hay que sostener a quien se encuentra en situación de pobreza.
Hasta ahora la respuesta de los gobiernos, respaldados por las sociedades, ha sido aumentar el gasto público y limitar algunas libertades. La reacción de las sociedades ha sido positiva. La mayoría de las naciones del mundo ha confiado en sus líderes porque las personas cerradas en sus casas por la cuarentena sabían que su bienestar dependía de las acciones del gobierno. Pero estamos corriendo el riesgo de que los gobiernos no se den cuenta de estos poderes nacen de la excepcionalidad de esta crisis. Una intervención tan amplia, económicamente intensa y casi omnipotente del Estado, podría prefigurar en la mente del Ejecutivo que su rol es gobernar la economía. No hay error más grande. Nadie pide a los gobiernos que actúen como el actor principal de la economía en la próxima década. La tarea del gobierno no es controlar la economía sino parar el avance del virus y curar las heridas económicas y sociales. Por esto, la intervención del Estado en la economía debe ser temporánea. Los gobiernos deben ser un sostén a la economía en tiempo de crisis, pero garantizar que la economía pueda volver a caminar sola en cuanto termine la guerra al virus.
Este concepto deberían tenerlo bien en miente los gobiernos de los países emergentes por dos razones. Las primeras es que sus instituciovención de los bancos centrales a partir de la crisis de 2008. Hasta entonces los países de la UE pagaban un interés cerca del 4% sobre su deuda. Los países occidentales tienen entonces la posibilidad de conceder préstamos y garantías a las empresas a tasas muy bajas.
Los países emergentes no tienen esta posibilidad. Es de ahí que nace la tentación de los gobiernos de sustituir a la actividad privada. Hacerlo sería un error. Esta estrategia no garantizaría una mejor gestión de la crisis ni una mejor recuperación económica. Actuando de esta forma el país cerraría su economía y perdería la oportunidad de sumarse a la futura recuperación económica. Además, el mundo que vendrá será totalmente distinto: más verde, más digital y caracterizado por el auge de nuevos sectores económicos. Que nos guste o no, la economía tendrá que adaptarse al nuevo mundo y puede hacerlo solo a través de la empresa privada.
En cuanto a la apertura del comercio mucho dependerá de la evolución de la crisis y de las elecciones de EE.UU. en noviembre. Lo cierto es que los países avanzados son los que, debido a sus posibilidades de endeudamiento, serán los primeros en recuperarse de la crisis. Para los países emergentes, tener relaciones económicas con ellos sería una de las llaves para la recuperación económica.
En definitiva, frente a esta crisis distinta y excepcional, los gobiernos tienen las responsabilidades para el corto y largo plazo. En el corto plazo, controlar el avance del virus y sostener a los que más sufrieron los estragos de la crisis. En el largo plazo, crear las condiciones para que se relance la economía. Esto significa lanzar un proceso de desburocratización, invertir de forma eficaz en educación, mejorar el sistema sanitario, garantizar acceso a un salario mínimo vinculado en el tiempo y a la participación en cursos profesionales, fomentar la actividad privada, incentivar la inversión y abrir la economía.
