Apoyo para Massa por proyecto contra vandalismo rural

3 de julio, 2020

En una carta, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su “apoyo” a la iniciativa legislativa de Sergio Massa orientada a combatir el creciente vandalismo rural en el país.

“Con el objetivo de frenar la destrucción del trabajo argentino, hemos presentado un proyecto de Ley para que el daño a cosechas, silos o tolvas sea considerado como ‘vandalismo rural’ y los autores sean penados con condenas de hasta 5 años de prisión. Este tipo de delito no está tipificado en nuestro Código Penal y esta propuesta protege desde el origen el ciclo producción-exportación de un sector clave de la economía nacional. Hoy más que nunca debemos cuidar el trabajo, ese es el espíritu del proyecto”, anunció, un día antes, el presidente de la Cámara Baja del Congreso.

“En el actual contexto, los empresarios de todos los sectores se encuentran bajo presiones de tipo financiero, impositivo y productivo, en parte por la crisis que provoca la pandemia de Covid-19 y en parte por el arrastre de la recesión que azota la economía nacional desde hace años. Resulta esencial que los momentos de crisis nos encuentren unidos y respetando los consensos básicos que hacen a la unidad nacional y la cohesión social, incluyendo la defensa de la producción y el trabajo frente a actos de vandalismo. En circunstancias en que más que nunca nuestro país requiere generar valor y obtener divisas genuinas a través de las exportaciones, actos de esta naturaleza se vuelven especialmente repudiables”, dijeron los comerciantes. “Desde la CAC reafirmamos nuestra entera disposición para trabajar conjuntamente en la implementación de soluciones para las empresas y sus trabajadores”, agregaron.

En el sector del agro, que ya venía con malestar, no habían caído nada bien los hechos delictivos lógicamente, pero tampoco el silencio de las autoridades nacionales. Sin embargo, la propuesta de Massa, así como la respuesta de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic y su par de Agricultura, Luis Basterra, tranquilizaron al sector.

Por ejemplo, la delegación cordobesa de Coninagro consideró ayer “alentador” el repudio de las autoridades nacionales y provinciales a los atentados contra la propiedad rural registraron en los últimos meses, en particular los ataques contra silobolsas.

“Los atentados cometidos contra la propiedad rural durante los últimos meses, como robos, asaltos a mano armada, incendios y sobre todo, los reiterados ataques contra los silobolsas, provocaron impotencia en todo el sector productivo primario”, afirmó la entidad en un comunicado.

Por ello, agregó, “ver que las autoridades nacionales -el ministro de Agricultura (Luis Basterra) y la ministra de Seguridad (Sabina Frederic)- y provinciales, repudiaran enérgica y categóricamente estos hechos vandálicos que se agravaron y reiteraron en estos últimos días, nos resulta alentador”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, repudió los actos vandálicos e informó que la cartera provincial está “trabajando de manera articulada” con el Ministerio de Seguridad a nivel nacional para prevenir esta problemática.

Según Coninagro, “la decisión (de Massa) muestra un Estado que se interesa y vela por la seguridad de las familias rurales, de sus bienes, de sus herramientas y protege el fruto de su trabajo, que es generador de divisas y de desarrollo regional”.

Asimismo, Confederaciones Rurales Argentina (CRA) puso a disposición un equipo de abogados de la institución para instruir y acompañar al productor sobre la necesidad de cómo proceder ante la Policía.

Por último, diputados de la UCR encabezados por el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, presentaron ayer un proyecto de resolución para convocar a las ministras de Seguridad, Sabina Frederic y Justicia, Marcela Losardo, a la Cámara Baja por la destrucción de silobolsas en varias localidades del país. “En función de las explicaciones e informaciones brindadas por las ministras se podrá evaluar con mayor precisión la necesidad de realizar ajustes normativos, determinar si la actual legislación constituye una causa efectiva de los llamativos y recientes ataques a los productores agropecuarios, y considerar y evaluar las futuras estrategias para desalentar este tipo de delitos”, explican en los fundamentos.

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