Por Nicolás Solari Director de RTD
El gobierno de Alberto Fernández recibió este año un mandato y un capital inesperados. El mandato consistía en preparar el país para el irremediable impacto del coronavirus. Obras, pertrechos y protocolos debían ser articulados en un plan federal y estratégico que permitiera enfrentar los efectos sanitarios y económicos asociados a la pandemia. El destino no llegaba con las manos vacías: la crisis ofrendó a Fernández una ola de calor popular que le permitió, según las mediciones de Real Time Data, incrementar su apoyo social hasta el 74% en los primeros días de abril.
El miedo a la pandemia y la temprana adopción de la cuarentena trastocaron así la estructura de la opinión pública, anestesiando las diferencias y los matices políticos. La grieta que (des)ordena la dinámica política local desde hace más de una década fue eclipsada momentáneamente por la premura de la urgencia, al igual que lo fue el debate sobre el rol de Cristina Kirchner en la coalición gobernante.
Como escribimos en estas páginas hace algunos meses, las súbitas oleadas de apoyo popular en contextos excepcionales no son fenómenos infrecuentes ni tampoco perennes. El gobierno de Fernández tuvo y tiene el desafío central de administrar los efectos sociales de la pandemia con el capital económico y simbólico del que dispone. El primero, tras más de dos años de recesión, fue siempre exiguo. El segundo, comienza a perder su efecto narcótico producto del inexorable paso del tiempo (que potencia las carencias materiales y el hartazgo por el aislamiento) y los errores de un Gobierno, en el mejor de los casos, fragmentado. En consecuencia, y de acuerdo a la última medición de Real Time Data, el Presidente cosecha hoy niveles de apoyo prepandémicos. Tras 100 días de cuarentena no queda ya rastro del rédito político que tanto habían celebrado en el Gobierno.
El proyecto de expropiación de Vicentin fue el hecho que marcó el regreso de las desavenencias políticas a la agenda pública. Volvió la grieta por un lado y la disputa de poder en la coalición gobernante, por el otro. Para colmo, en el momento en que la pandemia muestra su peor cara en términos sanitarios y económicos, la dirigencia no tuvo mejor idea que volver al fango con operaciones a uno y otro lado del espectro.
La radicalización del debate supone, como ya sabemos los argentinos, un obstáculo infranqueable para la gestión de la cosa pública, en la que naturalmente está enmarcado el coronavirus, pero también la inseguridad, la inflación, el desempleo, la pobreza, la calidad educativa y el deficiente funcionamiento de la justicia, entre los muchos flagelos acumulados en las últimas décadas.
En este escenario, el gobierno de Fernández se asoma a una etapa de creciente debilidad signada por el desafío de administrar los efectos económicos y sanitarios de una pandemia en plena expansión con recursos materiales y simbólicos cada vez más escasos.
