Villa Azul y Villa Itatí

12 de junio, 2020

Por Pablo Oscar Pinto (*)

 

La situación actual de las Villas Azul e Itatí, afectadas por la pandemia del coronavirus, muestra que casi nada ha cambiado en esos asentimientos en los aspectos sanitarios y ambientales en los últimos 30 años, fracasos que son las causas actuales de la propagación del coronavirus en esos lugares.

Ambas villas nacieron en 1956 y su población se incrementó considerablemente en 1970 por las medidas de expulsión de la ciudad Buenos Aires ejecutada por la Dictadura Militar de 1976 y en la década de 1980 por la migración de países limítrofes.

Los terrenos ocupados eran linderos al Acceso Sudeste y, como la mayoría de las villas de emergencia del vonurbano, se generaron por la imposibilidad del acceso a la vivienda por parte de familias carenciadas.

Como en el resto de las villas de emergencia el terreno es bajo, insalubre, inundable muchas veces causado por el desborde de la cava, carentes de los servicios básicos de agua potable, cloacas, electricidad, gas, desagües, sin higiene, en viviendas precarias de chapa, cartón, maderas, sin asfalto ni veredas, con insuficientes servicios educativos o sanitarios y alejados de sus lugares de trabajo. A esa realidad se suma el hambre, la desnutrición, la desocupación, a lo que hoy se agregan los flagelos del narcotráfico, la violencia y la delincuencia.

La mayoría de los habitantes se ganaban la vida y lo siguen haciendo, por el reciclaje de papel, cartón, botellas y plásticos de la basura, por lo que en los accesos de esas villas los desechos que se diseminan contaminan el barrio.

Lo que no se hizo

La subsistencia de la mayor parte de las villas de emergencia del conurbano bonaerense son una clara muestra del fracaso de los sucesivos gobiernos peronistas que gobernaron 25 años a nivel nacional (1989- 2015) por los presidentes Menem, Duhalde y los esposos Kirchner; 28 años la Provincia de Buenos Aires (1987-2015) por los gobernadores Cafiero, Duhalde, Ruckauf, Solá y Scioli.

Durante 37 años (1983/2020) el peronismo gobernó el 70% de los 24 municipios del Gran Buenos Aires. El más numeroso, La Matanza, con 1,2 millón de habitantes, ha sido gobernado por el peronismo desde 1983.

En el año 1983 había menos de 120 villas de emergencia en el Gran Buenos Aires. Según el relevamiento de Barrios Populares hecho en 2018 por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en el país habían 4.416 villas de emergencia, de las cuales 1.656 se encontraban en la provincia de Buenos Aires y 1.284 estaban ubicadas en el Gran Buenos Aires. Sólo en el Municipio de La Matanza en el 2018 existían 122 villas de emergencia.

Aún hoy en las villas Itatí y Azul subsisten los déficits habitacionales y ambientales, no contando la mayoría de sus habitantes de agua potable, cloacas, ni desagües. Además, las inundaciones contaminan la mayor parte del terreno, todo lo cual contribuye a que se extienda la pandemia impidiendo la prevención de la enfermedad y de los contagios.

Perdura el hacinamiento y la promiscuidad, lo que impide se pueda lograr el aislamiento de los pobladores para evitar la propagación del virus. A lo que se suma que por el carácter informal del trabajo de los habitantes les impone tener que salir a buscar el sustento para sus familias.

Lo que sí se hizo

El Presidente Alfonsín (1983-1989) impulsó políticas de radicación y regularización de los pobladores de las villas de emergencia y la provisión de los servicios básicos agua, cloacas, sanitarios, educativos y alimentarios entre otros.

En esa línea el Gobierno de la provincia de Buenos Aires inició la entrega de la propiedad de sus tierras a los ocupantes de asentamientos precarios del conurbano, obteniendo la sanción de 17 leyes entre los años 1984 y 1987 para la expropiación de las tierras de las villas de emergencia, siendo las primeras leyes las de los Barrios 2 de Abril de Almirante Brown (Ley 10.238/84), San Francisco Solano en Quilmes (Ley 10.239/84), Lanús (Ley 10258/85) y La Matanza (Ley 10.314/85).

Frente a la imperiosa necesidad de atender esa problemática y la de los sectores desfavorecidos de la provincia como los de minoridad, discapacidad, tercera edad, mujer, sectores carenciados y los trabajadores, al asumir en 1983 el Gobernador Armendáriz recreó el Ministerio de Acción Social, suprimido por la Dictadura Militar y también la Subsecretaria de Trabajo.

En diciembre de 1983 el Ministerio de Acción Social acudió a auxiliar a los vecinos de las villas Itatí y Azul al haberse producido la muerte de bebes por deshidratación. Se encaró el problema con la participación de las mujeres madres del lugar. Las causas eran la calamidad ambiental y sanitaria de ambos barrios totalmente insalubres y la ignorancia de los primeros síntomas de la deshidratación.

Al mismo tiempo se comenzó a trabajar con los vecinos para resolver los problemas más urgentes de esas comunidades.

Se consideró imprescindible entonces articular un modelo de intervención social participativo, de promoción social que, superando el mero asistencialismo clientelista, dejara instalada una capacidad organizada en la comunidad.

Así fue que se inició el Programa Urbano Marginal de Desarrollo Integrado (Prodiba) en las villas Itatí y Villa Azul en Quilmes y Avellaneda que se extendió a numerosos asentamientos de emergencia del Gran Buenos Aire. Su objetivo era el mejoramiento de la calidad de vida y trabajar junto con sus pobladores, para resolver los problemas más acuciantes, entre ellos saneamiento ambiental, la administración comunitaria de la salud, la estimulación temprana de los niños capacitando mujeres y atención preescolar, desarrollo de la mujer y de la familia, generación de ingresos y la capacitación con talleres, huertas familiares, incluyendo planes de alfabetización, prevención de la drogadicción, del alcoholismo y la autoconstrucción de viviendas.

Se contó en la implementación y ejecución del programa el asesoramiento de Unicef que canalizó dos millones de dólares, obtenidos en Italia como fondos de cooperación. El Prodiba fue evaluado como la primera experiencia de intervención gubernamental y participación social en los barrios de emergencia y promovido y replicado mundialmente por Unicef como modelo de intervención social.

No obstante los gobiernos provinciales peronistas a partir de 1987 cancelaron el Prodiba y expulsaron del ministerio a los profesionales sociales asignados al programa que, sin distinción de ideas políticas, habían trabajado intensamente en este programa, que fue una verdadera escuela de ciencia social aplicada.

A pesar de haber contado con cuantiosos recursos para resolver los problemas más urgentes esenciales ambientales y sanitarios que aún siguen afectando a los habitantes de las villas de emergencia, los sucesivos Gobiernos de origen peronista a partir de 1987 no los resolvieron, ni dieron soluciones para sus problemas, siendo sus apariciones en esos lugares meramente electorales.

En 1991 al asumir como gobernador Eduardo Duhalde se le otorgó el Fondo del Conurbano constituido por el 10% del impuesto a las Ganancias, equivalente a unos $650 millones por año creado para ejecutar en el Gran Buenos Aires programas sociales de saneamiento, infraestructura urbana, salud, educación, seguridad, empleo.

A eso se sumó que entre los años 2003 al 2008, el PIB del país creció 37,9%, resultado de la extraordinaria exportación de productos agropecuarios, en especial la soja cuyos valores se incrementaron sustancialmente. No obstante esos cuantiosos nuevos recursos, durante 12 años del período kirchnerista la cantidad de las villas del Gran Buenos Aires se incrementó considerablemente.

La deuda pendiente

La democracia está en deuda por no haber acabado con la ignominiosa pobreza ni haber mejorado la calidad de vida de los habitantes de las villas de emergencia, que deberían constituirse en políticas de Estado.

Ello depende tanto de los gobiernos, como de todos los sectores políticos, con la ineludible participación de los sectores y organizaciones sociales, civiles, religiosas y comunitarias involucradas.

Entre los muchos caminos que habrá que recorrer para poder revertirlo deberá ponerse en funcionamento con urgencia la Ley 27.453, sancionada por unanimidad por el Congreso Nacional en el 2018, para entregar en propiedad a los habitante de los barrios de emergencia las tierras que ocupan, cumpliendo el mandato de constitucional de protección integral de la familia y del acceso a una vivienda digna.

(*) Ministro de Acción Social (1983-1987) e Intendente de La Plata (1987-1991)  

 

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