El Gobierno concretó ayer al mediodía la intervención del Grupo Vicentin, cuyo CEO, Sergio Nardelli, se reunió al final de la tarde con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Al parecer, intentaron bajarle un tono al asunto y buscarán más diálogo, según hizo saber anoche a los medios el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que participó del encuentro y que afirmó que el presidente está dispuesto a escuchar “propuestas superadoras”.
Además de las movilizaciones en Avellaneda, Santa Fe, ciudad en donde nació la agroexportadora y tiene su sede, el caso continuó ayer sumando más voces en contra de la decisión que anunció Fernández el lunes pasado.
Tras las críticas y cuestionamientos por parte de diversos grupos sectoriales y empresariales (además de políticos), como la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Unión Industrial Argentina (UIA) y sectores vinculados a la actividad agrícola, diversos actores siguieron sumándose ayer puntando en el mismo sentido. Uno de los de mayor magnitud fue el Foro de Convergencia Empresarial, que agrupa a las cámaras empresariales más importantes del país.
“La intervención y proyecto de expropiación de Vicentín SAIC por parte del Gobierno Nacional es una señal contraria a la necesidad de recrear la confianza en Argentina. La confianza es imprescindible para promover la inversión privada, sin la que no será posible reactivar la economía y generar empleos formales”, manifestó el Foro en un comunicado.
En el documento, la entidad señaló que la ley de concursos (proceso en el cual la empresa se encuentra actualmente) dispone que, si no hay acuerdo con los acreedores, el juez puede abrir la posibilidad que un interesado se haga cargo de la empresa. “El juez del concurso es, además, el que tiene la potestad de nombrar un administrador. Ambas circunstancias no fueron tenidas en cuenta por el decreto 522/2020”, indicó la entidad, en referencia al decreto firmado por Fernández para intervenir la compañía.
“En este caso particular, la intervención del Estado se da en el sector de agronegocios, uno de los más dinámicos y competitivos de la economía. El Foro de Convergencia Empresarial solicita al Congreso de la Nación y al Poder Judicial que, dentro del marco de acción que la Constitución Nacional prevé para cada uno de ellos, actúen para revertir esta medida sumamente negativa para el futuro de Argentina”, afirmó.
La solicitud del foro expresa el pedido de 34 cámaras empresariales más ocho entidades adherentes, entre las que figuran la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (Aacs), la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), la Asociación Argentina de exportadores de Servicios (Argencon), el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea), entre otras.
A la vez, las cámaras del sector agroindustrial difundieron un documento en contra del proceso de expropiación de la compañía. “Los argumentos de la necesidad de mayor soberanía y seguridad alimentaria nos parecen incompatibles con la medida elegida”, sostuvieron las entidades a través de un comunicado difundido ayer.
“La intervención estatal, tomando además el rol empresarial, genera incertidumbre y preocupación, pues además de innecesario implica el riesgo de distorsionar los precios de equilibrio”, señalaron, al tiempo que firmaron que “Argentina tiene cadenas agroindustriales eficientes y que funcionan desde hace muchísimos años en competencia y adaptándose a las exigencias de los consumidores”.
Asimismo, Confederaciones Rurales de Santa Fe rechazó la decisión de Fernández. “No es en defensa de la empresa. Lo que no avalamos es un avasallamiento a la propiedad privada”, afirmó el titular de esta entidad, Carlos Castagnani, que cuestionó “el método” y remarcó que “no hay Gobierno que pueda actuar sobre una propiedad privada”. Castagnani consideró en una entrevista radial que un camino alternativo podría ser un acuerdo entre el Gobierno, la empresa y la Justicia.
Además, en un comunicado conjunto, las bolsas de cereales de Bahía Blanca, Córdoba y Entre Ríos, y las bolsas de comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe, abogaron por “la utilización de las herramientas jurídicas para encontrar una salida a la situación de default” de la empresa Vicentin y expresaron la importancia de “respetar la división de poderes”.
Por su parte, el Gobierno avanza hacia el mismo camino que anunció el lunes pasado.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, ratificó ayer en una entrevista radial que “no está en duda” la intervención por sesenta días la compañía, “mientras se discuten los términos de la expropiación”.
“La producción agropecuaria es estratégica por el ingreso de divisas para resolver la restricción exterior: si no entran dólares hay que tomar deuda y eso llevó a una tremenda crisis a partir de las políticas de los últimos cuatro
años”, remarcó el ministro.
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1.386 casos nuevos
Ayer fueron confirmados 1.386 nuevos casos de Covid-19 y, con esos registros, suman 27.373 positivos en el país. Ayer se registraron 24 nuevas muertes y, hasta el momento, la cantidad de personas fallecidas es 765. AMBA volvió a concentrar la cantidad de casos: en Buenos Aires hubo 756 (van 10.968) y, en la Ciudad de Buenos Aires, 538 (van 13.026).
