Por Augusto Milano
Los que aún en un contexto de pandemia consideraban que una mayor confrontación política era inevitable, o necesaria para su estrategia, encontraron en el caso Vicentin un justificativo para su posición. En el momento menos oportuno, los sectores más duros de los distintos espacios ganarán peso interno en la medida en que las diferencias se hagan más explícitas.
Frente al tema, la oposición se muestra cohesionada en el rechazo a la medida de la intervención y ya anunció que votará en contra del proyecto de expropiación cuando se trate en el Congreso. En el caso de la coalición oficialista, el apoyo parece menos enfático y algunos aliados, como Roberto Lavagna, expresaron su desacuerdo. Eso podría sugerir que hubo un error de cálculo del Gobierno que no preparó adecuadamente el terreno, no justificó adecuadamente la medida y no movilizó a sus aliados y a los beneficiarios de
la medida (eventualmente, los acreedores).
La actuación de los directivos de Vicentin es indefendible y nadie en el mundo empresario destaca su gestión en los últimos años. Que el Gobierno se involucre en el tema no es descabellado teniendo en cuenta la cantidad
de personas afectadas por los incumplimientos de le empresa, pero es cuestionable el camino elegido para hacerlo. Podría haberlo concretado en el marco del concurso acordando una intervención con un buen técnico, como es Gabriel Delgado, al frente de la operación. Más arduo será justificar la expropiación por “causa de utilidad pública” como establece el artículo 17 de la Constitución.
Vicentin opera en una actividad en la que existen muchas empresas, tiene márgenes muy ajustados y mucha necesidad de capital de trabajo. ¿Para qué meter al Estado allí? Las características del mercado mundial de commodities no parecen permitir sostener que manejar Vicentin aseguraría la soberanía alimentaria, permitiría tener una empresa testigo y hasta influir en los precios de los alimentos.
Alberto Fernández buscará dar señales de que se trata de un caso aislado. Pero, aun siéndolo, no parece justificarse porque la estatización no sería favorable para el país.
