Por Alejandra Perinetti Directora Nacional de Aldeas
Infantiles SOS Argentina
El trabajo infantil en nuestro país constituye un delito. Sin embargo, hay creencias populares o afirmaciones tradicionales que sustentan una práctica que en lo cotidiano somete a miles de niños/as y adolescentes. Ideas como “el trabajo dignifica”, “es mejor que un niño trabaje a que esté robando” o “las niñas que realizan tareas domésticas en el hogar no están trabajando” son habituales y contribuyen a tolerar o enmascarar la situación de explotación infantil.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), trabajo infantil es “todo encargo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico”. La explotación infantil suele darse junto a otras vulneraciones de derechos tales como la falta de alimentación, la deserción escolar e insuficientes controles y cuidado de la salud. Sin embargo, es clave recordar también que conlleva una reducción de los espacios recreativos y de juego que se vuelven escasos o inexistentes cuando un niño/a es explotado. El juego para los niños, niñas y adolescentes no es un privilegio ni una actividad secundaria, sino un derecho humano con una función vital para el desarrollo integral y resguardado por la Convención de los Derechos del Niño.
Según la última Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes en Argentina la problemática del trabajo infantil afecta a un 10% de la población infantil. Los últimos datos indican que los niños y niñas de entre 5 y 15 años que realizan algún tipo de trabajo alcanzan los 7,6 millones. Todo indica que la situación actual de pandemia y crisis económica profundizará esta realidad. La pandemia que atravesamos agravará la delicada situación de millones de familias que ya se encontraban sumidas en la pobreza y que enfrentarán la situación económica y sanitaria con mayores necesidades y carencias. En muchos casos el trabajo infantil aparece ligado a estrategias de supervivencia familiar y ante el golpe económico es más probable que más niños, niñas y adolescentes ingresen en el mercado laboral como consecuencia directa del incremento del desempleo y la pobreza.
Promover o encubrir el trabajo infantil es una vulneración severa a los derechos del niño y un delito penado por la legislación vigente en nuestro país. Vale la pena recordar aun en tiempos de crisis, que el hecho de que un niño o niña trabaje no dignifica, sino que empobrece, vulnera y oprime poniendo en riesgo su desarrollo pleno y próspero para su vida presente y futura.
Erradicar el trabajo infantil, garantizar la continuidad educativa, fortalecer las protecciones económicas, el acompañamiento especializado para las familias y la implementación de programas de inclusión laboral debe ser una prioridad del Estado en todo momento y particularmente en un contexto proclive a generar más situaciones para la vulneración de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Solo con el posicionamiento de los derechos humanos como principal directriz para la generación de nuevas políticas públicas en Argentina se mitigará el impacto a corto y mediano plazo de la pandemia y se protegerá el desarrollo integral para todos los niños y adolescentes.
