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La administración de la pandemia se complica

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Héctor Rubini 18 junio de 2020

Por Héctor Rubini Economista de la Universidad del Salvador (USAL)

La variedad de opiniones sobre qué hacer y cómo en materia de políticas económicas muestra cierta convergencia, como lo observamos en esta columna el lunes pasado. Los más renombrados no coinciden totalmente

respecto del sendero preciso de la economía mundial, pero hay puntos clave en los que tanto ellos como el resto de los economistas del mundo no muestran disenso.

El Covid-19 impactó como un shock de oferta, con impacto directo en la demanda agregada tanto por impacto de la enfermedad como por las medidas preventivas (confinamientos y cuarentenas) que bloquean la circulación de personas y bienes.

Las diversas formas de distanciamiento social, tanto interno como a través de las fronteras es el inicio mismo de cierta “desglobalización” como reacción a la transmisión inicial “globalizada” del Covid-19 por vía del transporte de pasajeros y de cargas: en un trimestre se diseminó desde China al resto del mundo.

Al impacto directo inicial en el Gigante Asiático siguió la contracción del comercio y de la actividad con sus consecuencias: destrucción de la división del trabajo y de las ventajas de la especialización. La amenaza del proteccionismo cobra más relevancia que en otras épocas frente a la creciente rivalidad entre EE.UU. y la República Popular China.

La duración de la pandemia y de sus consecuencias económicas negativas sigue siendo por ahora incierta. También su dinámica: hacia arriba en “V” o “U”, o sin reactivación significativa en el mediano plazo (3-5 años), con PIB “dibujando” una trayectoria en forma de “L” o de “W”. En estos últimos casos resultarían trampas de pobreza de intensidad y sostenibilidad política también inciertos.

La pandemia actual plantea nuevas preguntas y desafíos no sólo para políticos e infectólogos. Los economistas nos encontramos también por primera vez frente a un ataque de un virus a todos los países del mundo que

ataca sin barreras a toda la población. Un shock negativo común cuyo impacto por ahora sólo se puede mitigar vía confinamientos y cuarentenas. Sostenerlos en el tiempo conduce a la imposibilidad de ser soportados por la población. Una restricción que políticos e infectólogos tratan de minimizar, pero que se torna difícil de sostener en el tiempo. Sobre todo, en los países en los que el distanciamiento social se adoptó de forma relativamente tardía (más allá de los discursos de funcionarios), y la flexibilización coincidió con etapas de visible aumento de contagios y ocupación de recursos sanitarios.

Los discursos admonitorios, percibidos como autoritarios, no son infrecuentes, pero aparecen en varios países en uno de los peores  momentos: cuando aumenta la demanda de recursos hospitalarios a niveles pico, mientras avanza el empobrecimiento de la población por el cierre de empresas y el despido de trabajadores. Una realidad difícil de sostener cuando las ayudas oficiales son insuficientes, y no aseguran la supervivencia de empresas cerradas.

La discrecionalidad fiscal para proveer ayudas depende de la fuente de financiamiento de los gobiernos. Los que tienen mayor capacidad de emisión de deuda y de dinero vienen lanzando programas de fuerte expansión fiscal y monetaria. Objetivos directos: a) preservar el ingreso disponible y el consumo, b) preservar empresas para que haya vacantes laborales futuras para los hoy suspendidos o despedidos, c) preservar la estabilidad del sistema bancario. En caso de una avalancha de quiebras y derrumbe deflacionario, las corridas de depósitos dejarán en pie sólo a entidades que puedan reconvertirse en entidades de custodia y agencias de cobros y pagos.

La dinámica de corto y mediano plazo también es incierta. Las profundizaciones, flexibilizaciones y vuelta atrás con las restricciones al transporte y la apertura de negocios y fábricas serán la  regla en casi todo el mundo. Todo estará atado a los rebrotes (posibles, pero de probabilidad todavía incierta) del Covid-19. Pero todo conduce a economías sin libertad

a la circulación de personas ni para el comercio internacional. Tampoco, salvo contadas excepciones, a la circulación totalmente libre de personas y bienes en el frente interno. Algunos, que están frente a verdaderas catástrofes, como EE.UU. y Brasil, deberán revisar sus  estrategias y no sólo a nivel local o estadual.

El caso de Chile, que no aplicó controles estrictos ni testeos en etapas tempranas del desarrollo de la enfermedad, muestra los costos de innecesarias deficiencias de gestión y de falta de coordinación. No eran pocos los artículos periodísticos que, en marzo, denunciaban que en varias regiones, por falta de insumos para tests de coronavirus, la acumulación de personas con síntomas sospechosos en los centros de salud condujo a decisiones diversas: derivar a hospitales, dejar a las personas que retornen a sus hogares sin ser testeados y en algunos casos con licencia médica de 14 días, pero sin obligación estricta de mantenerse aislados. A esto se sumaron las idas y venidas con la definición de “caso” sospechoso y con los cumplimientos de los debidos protocolos en casos con o sin hospitalización. La torpe manipulación estadística del Ministerio de Salud le costó el cargo al ahora exministro Jaime Mañalich quien internamente informaba poco más de 3.000 decesos y a la OMS le reportaba informes con más de 5.000  fuertes. El resultado ha sido una aceleración exponencial que ha llevado a un legislador a sugerir un acuerdo con nuestro país para hospitalizar en Buenos Aires, San Juan o Mendoza a infectados del país vecino. La realidad se impone: desde el viernes pasado, Chile es el país con más contagios diarios detrás de EE.UU. Brasil, India y Rusia.

Estos episodios tal vez no sean los únicos, y lamentablemente, agregan más incertidumbre. Además, la definición de “tareas esenciales” es per se  arbitraria y no extraña que de esa forma la mayor parte de los funcionarios de todo el mundo se muestren públicamente sin barbijos ni las reglas de distanciamiento que imponen al resto de la población. Algo que no sale gratis: mucho se ha hablado del comportamiento casi suicida del primer ministro británico Boris Johnson, y en nuestro medio de los recientes contagios del intendente de Lomas de Zamora y de la ex gobernadora de la  provincia de Buenos Aires. Pero desde hace meses se leen noticias de casos de contagios y fallecimientos de figuras políticas de países asiáticos, africanos y europeos. En nuestra región el más reciente ha sido el del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien, al igual que su esposa, anteayer dieron positivo por Covid-19.

La aplicación de un tratamiento o de una vacuna que favorezca el retorno a cierta flexibilidad mínima para reconstruir buena parte de la economía mundial es todavía incierta. Pero si los funcionarios de todos los gobiernos no dan el ejemplo, ni coordinan políticas adecuadas para sostener no sólo los ingresos personales, sino a las empresas que puedan dar empleo en la pospandemia, nos esperan meses, y tal vez años, muy difíciles. Y no sólo en los países menos desarrollados.

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