Por Atilio Molteni Embajador
Tras distintas votaciones estériles, la clase política de Israel decidió aplicar una nueva fórmula de gobierno orientada a repartir la administración del poder mediante un pacto salomónico entre dos rivales extremos. Un poquito seguirá cortando el bacalao el casi vitalicio Primer Ministro Benjamín Netayanhu y, alternativamente, otro poquito agarrará la palanca del mando Benny Gantz, su potente adversario. El problema es que ahora la cuestión se refiere a cómo gobernar en serio, no a cómo negociar y formar la cúpula del gobierno repartiendo a diestra y siniestra puestos de mando.
La historia es bastante compleja. El 17 de mayo, Netanyahu (Likud, un partido de derecha) y su principal opositor, el ex comandante de las Fuerzas de Defensa, Gantz (Azul y Blanco, de centro izquierda) ensamblaron un gobierno de unidad con el apoyo de otros legisladores electos el 2 de marzo que provienen de los partidos religiosos ortodoxos, el laborismo (izquierda) y Derech Eretz (derecha). Esta heroica receta respondió a la necesidad de quebrar el “impasse” que devino de las elecciones efectuadas en abril y septiembre de 2019, con cuyo resultado no fue posible organizar un gobierno pues, conforme al sistema parlamentario israelí, se necesita una coalición que supere 60 bancas -el Parlamento tiene el doble de bancas- para aprobar las decisiones de gobierno y evitar un voto de censura de la oposición.
Tras adoptar la nueva fórmula, el Gobierno va a disponer de 54 votos de la derecha y ortodoxos, que se van a enriquecer con los 18 de Azul y Blanco y la izquierda. Al fracasar tanto los intentos de Netanyahu como de Gantz para formar un Gobierno opuesto al Likud, ambos partidos descartaron la posibilidad de una cuarta elección y llegaron a este matrimonio de conveniencia presionados por las tensiones y la parálisis gubernamental que había generado el vacío de poder que se prolongó de hecho por más de un año.
Al anunciar la constitución del Gobierno, con un llamado a la reconciliación nacional, ambos líderes declararon que ahora podían enfrentar con real eficacia el Covid-19 y sus consecuencias económicas y sociales, aunque el gran agujero negro del poder reconoce vínculos imputables a las notorias divisiones de la sociedad israelí.
La cosa no resultó fácil. Durante las tres campañas electorales, Gantz había dicho que no se pensaba unir a Netanyahu debido a las causas judiciales en su contra mientras que el Primer Ministro nunca dejó de alegar su inocencia y calificó a las investigaciones (originadas en marzo de 2016) como una maniobra opositora concebida para desalojarlo del poder.
La falta de alternativas para superar la crisis política, llevaron a Gantz, entonces presidente de la Knesset, o sea el Parlamento, a abandonar su posición ética y a negociar con el Likud la integración del Gobierno de unidad, cuyo Gabinete tendrá 36 ministros y será el más amplio de la historia. Las posiciones creadas se repartieron por igual a pesar del menor número de bancas del partido Azul y Blanco.
El acuerdo no es novedoso. En el período 1984-88, el laborismo y el Likud formaron una coalición que permitió grandes avances en lo económico, pero severos retrocesos en el campo de la política internacional. El pacto actual establece que Netanyahu va a ser Primer Ministro y Gantz tendrá la función de Primer Ministro alterno y Ministro de Defensa durante los primeros 18 meses. A partir del 21 de noviembre de 2021 rotarán entre si las funciones por otro período de igual duración.
Los observadores imaginan que el cogobierno difícilmente siga el diagrama proyectado, debido a que tanto la fortaleza de la derecha como la trayectoria de Netanyahu, un líder político fuerte con más tiempo en el poder y ahora en su quinto mandato, podrían crear un escenario donde la coalición pierda impulso y el Primer Ministro vuelva a gozar de todos los resortes del poder en soledad o semisoledad.
Esta decisión tuvo costos para Azul y Blanco pues algunos de sus socios políticos consideraron que lo de Gantz fue una capitulación. Los dirigentes Yair Lapid y Moshe Ya'alon, que pasaron a liderar la oposición con su partido “Hay un Futuro” (de centro, con 16 bancas propias) y también integrado por la Lista Conjunta (15 de los árabes-israelíes) y otros tres partidos de distintas tendencias, que incluyen a figuras como Avigdor Lieberman y Neftalí Bennett.
Ese resultado generó la primera victoria del actual Primer Ministro, ya que sus oponentes se dividieron y él pudo continuar en el poder. El segundo progreso consistió en que Azul y Blanco aceptó que permanezca en su cargo durante el procesamiento judicial que se le sigue por tres casos separados de fraude, soborno y abuso de derecho en el desempeño de su mandato.
El pasado 24 de mayo, por primera vez en la historia de Israel, un Primer Ministro en ejercicio debió comparecer ante los jueces del Tribunal de Distrito con sede en Jerusalén, donde se presentaron los cargos criminales que pesan contra él. Esta realidad supone una anomalía para el Estado de Derecho y una situación penosa para un líder político muy consciente de su imagen, algo que puede afectar su confiabilidad pública.
Al ingresar al Tribunal rodeado de varios ministros del Likud, Netanyahu reiteró que sectores de la policía y de la oficina del Fiscal General, aliados a periodistas de izquierda, habían fabricado un caso contra él para lesionar su Gobierno de derecha. Con esa movida trató de transformar en un caso partidario el proceso judicial que se le sigue, pero ello no lo librará de probar su inocencia como cualquier acusado. La dificultad del caso reside en que Israel tiene una situación geopolítica que exige permanente atención y el juicio generará tensiones entre el poder político y el judicial.
Mientras tanto, los adeptos al Primer Ministro intentan juzgar a los fiscales y jueces por desconocer la voluntad popular, al tiempo que los opositores lo consideran responsable y exigen su renuncia, un conflicto que agrava los enfrentamientos de la sociedad israelí.
El acuerdo le da a Gantz coparticipación en el Gobierno y en su agenda legislativa, así como la titularidad de los Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Justicia y cierta influencia en los temas referentes a la seguridad de Israel y en el proceso de reforma judicial. Además, la injerencia directa en el crucial acuerdo de ambos Partidos sobre la anexión de territorios de la Margen Occidental del Río Jordán después del 1° de julio de 2020. Este desarrollo se habrá de coordinar con Estados Unidos en el marco del “Plan para la Prosperidad” que Donald Trump presentó en enero pasado, hecho que se sumó a otras decisiones que favorecieron a Israel y modificaron las políticas de los tres presidentes estadounidenses que gobernaron desde 1993 hasta principios de 2017.
En el contexto del aludido plan, Israel podría adquirir la soberanía de alrededor del 30% de dicho territorio, incluyendo los asentamientos (que son 131 y congregan a 400.000 habitantes) y la mayor parte del Valle del Jordán, al que el Gobierno judío considera de gran valor estratégico.
Al mismo tiempo, los palestinos podrían adquirir una soberanía limitada sobre el territorio restante, incluyendo las áreas que ya administran, junto con los territorios que cedería Israel para compensar aquellos que reciba en esta nueva repartija. En apariencia no se obligaría a los palestinos ni a los colonos a abandonar el lugar que habitan. A los israelíes les correspondería la casi totalidad de Jerusalén, con limitaciones específicas en los Lugares Sagrados y el control de la seguridad en todo el territorio palestino. Los refugiados no podrían alegar el derecho al retorno, mientras Palestina sería un Estado desmilitarizado con capital en la localidad cercana de Abu Dis o en un área de Jerusalén del Este.
Este plan tiene la oposición de los palestinos, de los países árabes (especialmente de Jordania como nación limítrofe) y de otros miembros de la ONU, quienes sostienen que la propuesta viola el Derecho Internacional, las resoluciones del Consejo de Seguridad y los acuerdos suscriptos por israelíes y palestinos desde que aceptaron el derecho de Israel a existir y los dos Estados viviendo en paz y seguridad.
Sobre el particular hay dos posiciones. Mientras Netanyahu apoyó la mencionada anexión al sostener que cumplía con los objetivos históricos y geopolíticos de Israel, un enfoque que cuenta con el apoyo de la derecha más radical. En cambio, Gantz se alineó con una posición más pragmática, ya que entiende que estas decisiones deben ser coordinadas con la comunidad internacional, lo que refleja que el acuerdo que permitió la actual coalición gobernante tiene astillas de fondo. El pacto electoral establece que si no hay acuerdo en el Gabinete, éste no tiene el derecho de vetarla y Netanyahu podría llevar la anexión a consideración de la Knesset, donde el Primer Ministro parece contar con los votos necesarios.
El pasado 13 de mayo, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pomeo, hizo una visita relámpago a Jerusalén, donde expresó que la anexión, incluyendo el momento y sus detalles, estaba en manos israelíes. Sin embargo, habría señalado que debe ser parte de un proceso donde los palestinos expresen su opinión (el que aún no está en marcha), lo que indicaría que su Administración no lo considera un tema urgente en un año electoral. Netanyahu considera que el presente es un momento histórico para declarar la anexión, pero dado que la colaboración estadounidense es esencial inclusive para la demarcación del territorio, posiblemente demore su implementación práctica.
La respuesta de los palestinos fue que la anexión constituye una amenaza existencial al proyecto nacional palestino y la solución de dos Estados, por lo que suspendieron la vigencia de todos los acuerdos con Israel (pero no los dejaron sin efecto), incluyendo la cooperación de seguridad (y con Washington), que tiene importancia por la posibilidad de violencia civil y terrorismo. A largo plazo, este conflicto puede concluir en un solo Estado en el que los palestinos habrán de tener que defender sus derechos democráticos.
