Héctor Vicentin, accionista de la empresa intervenida por el Gobierno la semana pasada, consideró hoy de "inexacto" y “ridículo” que se los acuse de haber incurrido en maniobras de lavado de dinero y aseguró que tanto los accionistas como el directorio están "a disposición de la justicia".
“Asociar que este crédito de $18.000 millones, que son 290 millones de dólares por la devaluación, pensar que ese fue el dinero que se ha sacado al exterior, me parece que es algo muy ridículo quizás. Por otro lado, es totalmente inexacto”, aclaró Vicentin en declaraciones radiales.
En ese sentido negó la veracidad de la denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que acusó a la firma de haber simulado su situación de cesación de pagos para fugar y lavar dinero en el exterior.
"Si la justicia tiene que actuar, nosotros pedimos por favor que actúe, porque creo que en estos momentos todos necesitamos que ese tema se aclare. Vamos a ajustarnos y ponernos a disposición de la justicia en el momento que ellos crean conveniente", agregó.
A su vez explicó que la deuda con el Banco Nación era de US$ 300 millones, pero que "actualmente son 290, porque le hemos estado pagando algo" y consideró que "por cuestiones que son ajenas a la empresa Vicentin" y "la devaluación fundamentalmente argentina es lo que llevó a tener esa deuda sideral".
"El banco no nos prestó a nosotros en base a un crédito directo para hacer alguna inversión, nos prestó plata para prefinanciación de exportaciones, que era un negocio también para el Banco Nación", añadió.
Respecto a la intervención de la empresa, dijo que se enteraron "el día que lo anunció nuestro Presidente Alberto Fernández, el lunes de la semana pasada, por televisión: un golpe duro, un golpe muy grande".
“¿Cómo lo vamos a esperar? Sí veníamos hablando e íbamos recibiendo comunicaciones de gente que estaba interesada en adquirir parte de la empresa. Pero realmente, lo de la intervención fue una sorpresa muy grande”, resaltó Vicentin.
Además señaló sus abogados “piensan que es ilegal” el accionar del Gobierno y señaló que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el Ejecutivo “es confuso porque habla de a ratos del Grupo Vicentin y después de Vicentin solo”.
“Hay un montón de empresas en donde Vicentin tiene acciones. El 66% de Renova pertenece a otra empresa extranjera. Yo no creo que al Gobierno le interese realmente ponerse en un conflicto a nivel internacional expropiando una empresa extranjera”, concluyó.
