Por Jorge Colina Economista de Idesa
Sorpresivamente, el Gobierno decidió intervenir la empresa Vicentin como paso previo a su expropiación, que debe ser decidida por el Congreso de la Nación. Sin entrar en disquisiciones jurídicas, la maniobra aparece como reñida con la legalidad.
La empresa estaba en cesación de pagos desde diciembre de 2019 y se concursó. El proceso está en manos de un juez en la instancia en que el deudor presenta una oferta de pago para que los acreedores decidan si la aceptan o no. De no aceptarla, el juez puede promover que otras empresas privadas la adquieran haciéndose cargo de la deuda. Hay trascendidos de que hay más de un interesado en adquirir la empresa. En otras palabras, es un concurso que está en un trámite normal.
Pero el Poder Ejecutivo Nacional decide repentinamente sobreponerse al juez, tomar el control de la empresa y colocar un interventor para que la administre, hasta tanto el Congreso decida expropiarla.
La Constitución Nacional es muy clara en su artículo 17º cuando dice: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”.
Esta posesión compulsiva de una empresa privada por parte Estado no tiene sentencia fundada en ley (de hecho, el juez está llevando adelante el concurso), la utilidad pública que argumentan las autoridades no fue calificada por ley y tampoco previamente indemnizada. Desde el punto de vista legal, evidentemente, es muy difícil que esta historia termine bien para el Estado. Por derivación, tampoco terminará bien para el pueblo argentino porque tendrá que indemnizar con sus impuestos a los millonarios empresarios perjudicados por la arbitrariedad.
Desde el punto de vista económico, esta acción entra en el género del realismo mágico.
El Estado Nacional está en cesación de pagos con antelación a la empresa Vicentin. En su propuesta de canje de deuda para salir de la cesación de pagos, el Estado pide 3 años de gracia en el entendible y justificado argumento de que no hay recursos fiscales para pagar deuda. Sin embargo, unilateralmente (porque ni le empresa deudora ni los acreedores lo solicitaron), decide hacerse cargo de las deudas de una empresa privada que además debe muchísimo dinero. Se habla de US$ 1.350 millones.
Las personas designadas en la dirección del Banco Nación son vehementemente críticos con la gestión anterior del banco estatal por haberle prestado a Vicentin, según las versiones periodísticas, US$ 350 millones. Ciertamente que fue una decisión cuestionable, porque Vicentin ya traía problemas financieros serios. Pero estas mismas personas ahora celebran la intervención del Estado en la empresa. Lo paradójico es que, si el Estado Nacional es el que debe pagar esa deuda, el Banco Nación con alta probabilidad perderá ese dinero porque el Estado no se caracteriza por honrar las deudas con otros organismos del Estado. A lo sumo le dará un título público re-perfilado.
Otras versiones periodísticas indican que un comité de acreedores internacionales de Vicentin tiene expectativas positivas con la intervención del Estado. Seguramente esperan que el Estado les pague sus acreencias, que ascienden a unos US$ 500 millones, según estas fuentes. ¿No sabrán estos acreedores privados que el Estado nacional también está en cesación de pagos y pidiendo 3 años de gracias?
El final de esta historia está abierto. Pero seguramente que no va a ser feliz. No sólo que el Estado argentino está en cesación de pagos. Lo que es más preocupante aún es que su flujo de ingresos se deteriora marcadamente. Hasta noviembre del año pasado, último mes de gestión del gobierno anterior, el Estado se financiaba básicamente con impuestos. Una proporción marginal era lo que el BCRA le transfería al Tesoro Nacional.
Pero a partir de diciembre de 2019, ya con la nueva gestión, la tónica dominante en las finanzas públicas es el financiamiento vía emisión monetaria. En el mismo diciembre de 2019, el 39% de los ingresos públicos fueron transferencia desde el BCRA. Las entradas del Tesoro vía emisión del BCRA se mantuvieron más o menos en ese nivel entre enero y marzo de 2020, antes del confinamiento. El confinamiento lo agravó todo. Prácticamente la mitad de los ingresos del Estado provienen de emisión del BCRA.
Con lo cual, es cierto que parte de la culpa del deterioro vino con el confinamiento. Pero el cambio de conducta en apelar a la emisión como una de las principales fuentes de financiamiento del Estado es una impronta desde el primer día.
Seguramente que hay quienes piensen que todo esto va a cambiar, porque el Estado administrando Vicentin va a generar los dólares que Vicentin no pudo. La pregunta que cabe siempre que hay una estatización. ¿Por qué un burócrata del Estado por un sueldo puede tener más éxito que un empresario que busca hacer ganar dinero a una empresa para hacerse de él?
Si hubiera un motivo, no existirían los empresarios y el capitalismo sano, justo y equitativo sería liderado por empleados públicos a cargo de grandes empresas.
