El Gobierno oficializó la intervención de Vicentín

9 de junio, 2020

Luego del anuncio que realizó ayer el Presidente, Alberto Fernández, hoy el Gobierno oficializó la intervención del Grupo Vicentín por 60 días a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020.

Publicado en el Boletín Oficial, el DNU tiene “el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio”.

Asimismo, dispuso la ocupación por 60 días de la sociedad, en forma administrativa, en razón de utilidad pública “lo que se vuelve urgente en el marco de la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta el volumen de la empresa en cuestión, la soberanía alimentaria y la necesidad de evitar impactos de alta negatividad en la economía”.

También oficializó la designación en el cargo de interventor de la sociedad a Roberto Delgado y en el de subinterventor a Luciano Zarich.

“Al finalizar su cometido, el interventor deberá presentar un informe sobre la situación de la sociedad y el resultado de su gestión ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación de la ciudad de Reconquista, en provincia de Santa Fe, interviniente en el concurso preventivo”, puntualizó el Decreto.

Por otras parte, el Gobierno señaló que “se encuentran en riesgo no sólo los 2.195 puestos de trabajo de la industria aceitera sino también cerca de 1.000 empleos de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola del grupo inversor y 2.057 de la planta frigorífica”.

“Frente a la situación de falencia de Vicentin y el tiempo que demanda el proceso judicial, máxime en la actual situación sanitaria, el volumen agroexportador de esta empresa podría verse afectado sensiblemente y esta situación podría conllevar efectos negativos en materia laboral, comercial, económica y social”, afirmó.

Y agregó: “La producción agropecuaria resulta estratégica para nuestro país, garantizando la provisión de alimentos para la población y la exportación de materias primas, las cuales tienen un peso considerable en la estructura del comercio exterior”.

“Ante la gravedad de la situación planteada, y conjuntamente con el dictado de la presente medida, el Gobierno ha dispuesto la remisión al Congreso de un proyecto de ley que propicia la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación a la sociedad Vicentín”, destacó el DNU.

En ese sentido, precisó que en el mismo proyecto “se propondrá la creación del Fondo Fiduciario Agro Argentina, cuyo fiduciante y beneficiario se propone que sea el Estado nacional y el fiduciario, YPF”.

Según el Decreto, el 10 de febrero último Vicentin se había presentado en concurso preventivo con una deuda denunciada de $ 99.345.263.086,50 y la cantidad de acreedores denunciados asciende a más de 2.000.

Desde el  4 de diciembre de 2019, la sociedad se encuentra técnicamente en cesación de pagos y, antes de entrar en esa condición, la compañía “cedió, para saldar deudas comerciales, un tercio de su participación en la sociedad Renova al grupo Glencore”.

“Pasó a tomar el control efectivo de la empresa al adjudicarse el 66.67% de las acciones, perdiendo de esta forma Vicentín el control de una empresa estratégica dentro del grupo económico”, resaltó el Ejecutivo.

Y añadió: “Algunas de las empresas en que tiene participación societaria, como es el caso de Algodonera Avellaneda, comenzaron a evidenciar serias dificultades en marzo, licenciado a 500 empleados y paralizando su actividad”.

En esa situación, Presidencia afirmó que se “incrementaron el nivel de incertidumbre en el mercado agroindustrial, creando un panorama cada vez más complejo para la firma”.

Así, subrayó que el accionar de Vicentin “no sólo está siendo investigado por el Poder Judicial, sino que también produce cada vez más desconfianza entre los diversos productores, los que, en muchos casos, tomaron la decisión de no vender sus existencias a esta sociedad, profundizando la crisis puertas adentro de la empresa”.

La composición de la deuda alcanza los $ 63.961.563.645,69, entre los acreedores financieros locales, como los bancos Nación, Provincia, Ciudad, de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Hipotecario, Macro, de Entre Ríos, Itaú y de Santa Fe.

Entre los principales acreedores financieros internacionales, con quienes la deuda es de $30.153.285.892,26, se encuentran la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial; el banco de desarrollo holandés Netherlandese Financerings; y el banco neerlandés ING, sucursal Tokio.

“Se ha iniciado un sumario administrativo con el fin de investigar si las autoridades del Banco Nación actuaron en infracción a la normativa vigente cuando le permitieron a la empresa asumir una deuda millonaria con esa entidad bancaria”, concluyó el DNU.

Dejá un comentario