Dos de cada tres personas en edad de trabajar recibe ingresos por parte del Estado

3 de junio, 2020

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El Estado garantiza ingresos a casi 21 millones de personas, es decir, dos de cada tres personas que se encuentra en edad para trabajar. “Se trata de una respuesta de una dimensión inédita, que busca mitigar el impacto de una crisis absolutamente excepcional”, informó hoy un trabajo de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

 

De acuerdo al estudio, las políticas implementadas por el Gobierno garantizan ingresos básicos a casi 11 millones de personas. De ellos, se suman 3,2 millones de trabajadores del sector público, 6,9 millones de jubilados y pensionados y los 120.000 que perciben el seguro de desempleo. 

 

Mediante el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Estado garantiza un piso de ingresos a 37% del total del empleo asalariado registrado, unos 2,2 millones de beneficiarios en mayo. “El 85% de esos trabajadores percibe entre 50% y 100% de su salario a través del programa, con un tope máximo del beneficio de 2 salarios mínimos ($33.750)”, precisó el informe.

 

En tanto, en mayo los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia fueron 8,3 millones, el 54% de las personas en edad de trabajar que no tienen un empleo registrado. A su vez, los $10.000 del IFE cubren el 72% de los ingresos laborales promedio de un trabajador no registrado.

 

 

“La correcta calibración de estas políticas de ingresos es un desafío formidable; se trata de garantizar que el apoyo le llegue en tiempo y forma a los sectores más afectados y, en simultáneo, de evitar que lo usufructúen los de mayores ingresos”, resaltó el instituto de la casa de altos estudios.

 

El informe “Políticas Sociolaborales en tiempos del Covid-19. Cobertura y desafíos futuros” señala que “la pandemia profundizó la complejidad de la situación social, económica y financiera que ya atravesaba nuestro país”.

 

Y agregó: “La administración que asumió en diciembre 2019 comenzaba a desplegar un conjunto de políticas para avanzar en la reversión de la crítica situación socioeconómica heredada. En ese momento, la pandemia y el aislamiento social paralizaron la actividad”.

 

“El shock producto de la pandemia impacta sobre un tejido sociolaboral ya deteriorado y profundiza sus vulnerabilidades. En ese marco, las medidas de asistencia económica y productiva durante el aislamiento extienden la red de protección social con el objetivo de mitigar los efectos de la parálisis productiva”, apuntó el CETyD.

 

Para el instituto de la Unsam, “las restricciones presupuestarias que tiene el Estado coexisten con un tejido social que atraviesa un nivel de deterioro muy importante. Este es el problema más evidente, las políticas implementadas implican erogaciones que son de difícil sostenibilidad en el tiempo”.

 

“La pandemia visibiliza continuos desafíos ante las desigualdades y problemáticas de quienes menos tienen y fuerza al mismo tiempo la configuración de un nuevo Estado. Situar al conocimiento y al desarrollo científico al servicio de las políticas públicas no es una necesidad solamente de la estrategia sanitaria. La complejidad de la heterogeneidad social y distributiva también amplía las exigencias para los encargados de aplanar la crisis económica y laboral”, concluyó el informe.

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