Cuando faltan pocos días para el vencimiento del protocolo que permite sesionar de manera virtual, la Cámara de Diputados tendrá una semana agitada en las comisiones a la espera de que haya definiciones sobre la próxima sesión.
Mientras tanto, en las filas del PRO admitieron ante El Economista que trabajan para nominar un postulante a la Auditoría General de la Nación (AGN). La UCR preside el organismo colegiado a través de Jesús Rodríguez por contar con mayor cantidad de legisladores (sumando ambas cámaras) aunque resta nombrar a otro representante por la oposición. El nombre que circula con más fuerza es el del excandidato a la vicepresidencia, Miguel Pichetto, aunque en el PRO no hay confirmaciones y se mantiene la danza de nombres abierta. Los amarillos, buscarán que se trate en la próxima sesión.
Al mismo tiempo, fuentes de la Cámara Baja aseguraron ayer que el presidente del cuerpo, Sergio Massa, podría estar convocando para el miércoles o jueves a los legisladores para tratar la Ley de Economía del Conocimiento que ya cuenta con dictamen unánime de comisión. La votación en el pleno del recinto quedó trunca semanas atrás por diferencias internas dentro del oficialismo. El proyecto seguramente llegará con modficaciones y es uno de las últimas iniciativas sobre la que hay consenso en todas las bancadas.
En tanto el interbloque de Juntos por el Cambio conducido por Mario Negri, ya le expresó a Massa que no está dispuesto a sesionar proyectos de gran envergadura a través de la modalidad virtual. Prefieren hacerlo de manera presencial. Ayer, en los distintos bloques de la oposición circulaba la idea de acerca modificaciones al protocolo para avanzar en dicho sentido, aunque el aumento de número de casos en el AMBA, complicaba la idea.
El protocolo para sesionar de manera remota vence la semana próxima (debe ser renovado cada 30 días) y deberá contar con la aprobación de tres cuarto de los presidentes de bancadas en Labor Parlamentaria, para continuar en vigencia durante un mes más. De extenderse, podría demorar aún más el debate por proyectos que generen con troversias como la reforma judicial o el impuesto a la riqueza.
En el Frente de Todos ya tienen listo el proyecto que grava por única vez los patrimonios personales de más de $200 millones, y esperan que las cuestiones metodológicas se disipen para poder presentarlo de manera formal. Voces legislativas del oficialismo admiten que el proyecto no tiene margen de error (debería aprobarse durante el transcurso de la pandemia) y es por eso que en paralelo, trabajan para reunir los consensos. Voces opositoras se han manifestado a favor de dar la discusión.
Por su parte el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien expondrá el miércoles de la semana que viene ante el Senado, sostuvo durante el fin de semana que la reforma judicial está dentro de las prioridades del Gobierno. En Casa Rosada admitieron ante El Economista que al proyecto original en el que trabajó la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le “duplicaron” el número de jueces y ponen en duda el pronto ingreso del mismo en la Cámara Baja.
Por su parte, Massa presentó la semana pasada un proyecto de ley para la “Reactivación de la Industria Automotriz”, consensuada con sectores empresarios y gremiales. “Quiere darle impulso en la pospandemia”, resumen en su entorno.
