A la espera del arribo del proyecto para la expropiación de la empresa cerealera Vicentin, el Congreso presenta interrogantes sobre su funcionamiento inmediato. Si bien el jueves el jefe de Gabinete Santiago Cafiero realizará su primer informe de gestión ante la Cámara Alta, el Congreso deberá su formato de trabajo.
Mientras tanto, voces del oficialismo sostienen que cuentan con los votos para aprobar la iniciativa y dejan entrever que el acompañamiento llegaría por parte de los interbloques de Consenso Federal, conducido por Eduardo Bucca y de Unidad Federal para el Desarrollo, presidido por el mendocino José Luis Ramón. Para ello, será clave la actuación del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y su manejo político para alcanzar los consensos. En ese marco, se abre el juego para que el proyecto sufra modificaciones.
Tal como adelantó El Economista, esta semana vencerá el protocolo para sesionar de manera virtual en la Cámara Baja, por lo que Massa y los jefes de todas las bancadas deberán volver a acordar sobre este punto. En Juntos por el Cambio continúan rechazando la idea de sesionar de manera remota los temas que generan mayores rispideces, como una eventual expropiación. Por ahora, no hay reuniones de Labor Parlamentaria en agenda. Si bien el trabajo en las comisiones continuará durante esta semana en Diputados, el envío del proyecto de expropiación podría a su vez desacelerar la agenda legislativa.
Todavía tampoco está convocada la Comisión de Trámite Legislativo que aborda los DNU, la cual está encabezada por el santafesino Marcos Cleri. El oficialismo cuenta con las manos para emitir dictamen. El decreto emitido por Alberto Fernández para intervenir la empresa deberá ser ratificado por alguna de las dos cámaras, luego de que la Comisión dictamine.
Los detalles de las anunciadas iniciativas para gravar a los grandes patrimonios y para expropiar Vicentin, aun no se conocen. Tampoco hay certezas sobre cuándo serán presentados en el Congreso estos proyectos que tienen algo en común, pero también una diferencia clara.
El punto que los emparenta es que ambos serán cuestionados por afectar futuros proyectos de inversión privados en Argentina. Y por eso, para evitar que durante un tiempo se concentren las críticas en ese punto, el Gobierno podría descartar tratarlos simultáneamente dado que el proyecto sobre Vicentin entrará por el Senado mientras que, como todo impuesto, el de los patrimonios debe iniciarse en Diputados.
Y lo que los diferencia es que la oposición se unirá en el rechazo a la expropiación de Vicentin mientras que en el oficialismo podría haber algún malestar y algunos aliados habituales podrían desertar en esta ocasión. Por el contrario, en el caso del gravamen a los patrimonios, será el oficialismo el que lo impulsará sin matices y con el apoyo de sus aliados, en tanto que en la oposición pueden generarse fisuras porque tendría algunos apoyos.
Estas similitudes y diferencias en los proyectos harían que el Gobierno elabore una estrategia legislativa que tenga en cuenta el impacto político y social de ambos.
